De manera unánime los jueces de la Corte de Apelaciones de San Miguel negaron nuevamente la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Sur que buscaba acceder a los antecedentes reservados de la FiscalíaNacional Económica (FNE) en el caso de colusión del papel.
El persecutor que encabeza la causa penal, Cristián Galdames, planteó que este escenario obstaculiza la indagación que data de 2005 sobre los presuntos delitos cometidos por el cartel de las empresas CMPC Tissue y SCA Chile (ex Pisa).
Recordemos que hace unos meses el diputado PPD Daniel Farcas y DC Gabriel Silber presentaron una denuncia por alza artificial de precios, la que ahora requiere de la disposición de la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), para confirmar los hechos.
El parlamentario demócrata cristiano lamentó que el tribunal de alzada justificara que las declaraciones o datos fueron entregados de buena fe a la investigación que lleva la Fiscalía Nacional Económica, en el entendido de que existía un deber de reserva.
“Al negar la FNE por un tecnicismo el acceso a los elementos contables, declaraciones, correos electrónicos, que constituyen la base de la investigación, prácticamente echa por tierra la posibilidad de perseguir penalmente a los responsables del caso de colusión. Esto nos genera frustración y generará más indignación en la opinión pública”.
Silber sostuvo que los órganos del Estado deben cooperar entre sí, por lo que se reunirán en los próximos días con el fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán, para analizar el rumbo que se le dará a la causa.
Asimismo, estudiarán si perseveran en la presentación de una queja ante la Corte Suprema, acción que tiene un plazo de cinco días.
El abogado representante de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Mario Bravo, opinó que la resolución de la Corte de San Miguel le hace daño a la administración de justicia, por lo que verán si con sus mandantes se hacen parte del proceso penal.
“Es evidente que la reserva de la confidencialidad debe existir para proteger la investigación, para proteger a las víctimas, pero esa reserva no pude incluir a otros órganos de la administración de justicia, el Estado es uno solo. En ese sentido, también la Fiscalía Nacional Económica no investigó la participación individual de las personas en esta colusión”.
Por último, cabe señalar que el ilícito del que se acusa a las compañías del papel involucra penas de reclusión menor en su grado mínimo a medio, es decir, 61 días a 3 años de prisión, más multas de 6 a 10 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
De manera unánime los jueces de la Corte de Apelaciones de San Miguel negaron nuevamente la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Sur que buscaba acceder a los antecedentes reservados de la FiscalíaNacional Económica (FNE) en el caso de colusión del papel.
El persecutor que encabeza la causa penal, Cristián Galdames, planteó que este escenario obstaculiza la indagación que data de 2005 sobre los presuntos delitos cometidos por el cartel de las empresas CMPC Tissue y SCA Chile (ex Pisa).
Recordemos que hace unos meses el diputado PPD Daniel Farcas y DC Gabriel Silber presentaron una denuncia por alza artificial de precios, la que ahora requiere de la disposición de la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), para confirmar los hechos.
El parlamentario demócrata cristiano lamentó que el tribunal de alzada justificara que las declaraciones o datos fueron entregados de buena fe a la investigación que lleva la Fiscalía Nacional Económica, en el entendido de que existía un deber de reserva.
“Al negar la FNE por un tecnicismo el acceso a los elementos contables, declaraciones, correos electrónicos, que constituyen la base de la investigación, prácticamente echa por tierra la posibilidad de perseguir penalmente a los responsables del caso de colusión. Esto nos genera frustración y generará más indignación en la opinión pública”.
Silber sostuvo que los órganos del Estado deben cooperar entre sí, por lo que se reunirán en los próximos días con el fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán, para analizar el rumbo que se le dará a la causa.
Asimismo, estudiarán si perseveran en la presentación de una queja ante la Corte Suprema, acción que tiene un plazo de cinco días.
El abogado representante de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Mario Bravo, opinó que la resolución de la Corte de San Miguel le hace daño a la administración de justicia, por lo que verán si con sus mandantes se hacen parte del proceso penal.
“Es evidente que la reserva de la confidencialidad debe existir para proteger la investigación, para proteger a las víctimas, pero esa reserva no pude incluir a otros órganos de la administración de justicia, el Estado es uno solo. En ese sentido, también la Fiscalía Nacional Económica no investigó la participación individual de las personas en esta colusión”.
Por último, cabe señalar que el ilícito del que se acusa a las compañías del papel involucra penas de reclusión menor en su grado mínimo a medio, es decir, 61 días a 3 años de prisión, más multas de 6 a 10 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
De manera unánime los jueces de la Corte de Apelaciones de San Miguel negaron nuevamente la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Sur que buscaba acceder a los antecedentes reservados de la FiscalíaNacional Económica (FNE) en el caso de colusión del papel.
El persecutor que encabeza la causa penal, Cristián Galdames, planteó que este escenario obstaculiza la indagación que data de 2005 sobre los presuntos delitos cometidos por el cartel de las empresas CMPC Tissue y SCA Chile (ex Pisa).
Recordemos que hace unos meses el diputado PPD Daniel Farcas y DC Gabriel Silber presentaron una denuncia por alza artificial de precios, la que ahora requiere de la disposición de la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), para confirmar los hechos.
El parlamentario demócrata cristiano lamentó que el tribunal de alzada justificara que las declaraciones o datos fueron entregados de buena fe a la investigación que lleva la Fiscalía Nacional Económica, en el entendido de que existía un deber de reserva.
“Al negar la FNE por un tecnicismo el acceso a los elementos contables, declaraciones, correos electrónicos, que constituyen la base de la investigación, prácticamente echa por tierra la posibilidad de perseguir penalmente a los responsables del caso de colusión. Esto nos genera frustración y generará más indignación en la opinión pública”.
Silber sostuvo que los órganos del Estado deben cooperar entre sí, por lo que se reunirán en los próximos días con el fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán, para analizar el rumbo que se le dará a la causa.
Asimismo, estudiarán si perseveran en la presentación de una queja ante la Corte Suprema, acción que tiene un plazo de cinco días.
El abogado representante de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Mario Bravo, opinó que la resolución de la Corte de San Miguel le hace daño a la administración de justicia, por lo que verán si con sus mandantes se hacen parte del proceso penal.
“Es evidente que la reserva de la confidencialidad debe existir para proteger la investigación, para proteger a las víctimas, pero esa reserva no pude incluir a otros órganos de la administración de justicia, el Estado es uno solo. En ese sentido, también la Fiscalía Nacional Económica no investigó la participación individual de las personas en esta colusión”.
Por último, cabe señalar que el ilícito del que se acusa a las compañías del papel involucra penas de reclusión menor en su grado mínimo a medio, es decir, 61 días a 3 años de prisión, más multas de 6 a 10 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
