Esta tarde el vocero de Gobierno, junto a los ministros de Hacienda y del Trabajo, comunicó la decisión de la Presidenta de reactivar el veto a parte de la Reforma Laboral, luego del fallo del Tribunal Constitucional (TC) que objetó la titularidad sindical y parte de la extensión de beneficios como atribución exclusiva del sindicato.
Desde el Gobierno, lamentaron que la oposición no se allanara a discutir la opción de una reforma constitucional y “construir un acuerdo que permitiera hacernos cargo del escenario generado por su requerimiento ante el Tribunal Constitucional”: “Considerando lo anterior, la Presidenta de la República ha instruido a los ministros a tramitar a la brevedad el referido veto procediendo a la promulgación de la Reforma Laboral una vez que este sea despachado”.
El ministro Díaz enfatizó en que los esfuerzos del Gobierno ahora se concentrarán en la implementación de la iniciativa, que calificaron como el mayor avance en estas materias desde el regreso de la democracia, no obstante reconoció que no es la reforma no será “todo lo que el Ejecutivo impulsó”.
“Chile debe valorar, especialmente, que con esta ley los trabajadores podrán contar, entre otros derechos, con una huelga efectiva, con piso de negociación, con mayor información para el ejercicio0 de sus derechos colectivos, y con una extensión pactada de beneficios”.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reiteró que el Gobierno realizó las negociaciones pertinentes para sacar adelante una hipotética reforma constitucional, “pero no logramos que la oposición nos acompañara en este esfuerzo”, señaló, y aseguró que con este trámite se terminará la discusión de la Reforma Laboral.
Por su parte, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, advirtió que se generará un incremento de la judicialización en relación con la titularidad sindical, considerando que el fallo del TC eliminó la exclusividad de esta atribución para los sindicatos, permitiendo la existencia de grupos negociadores, cuestión que este veto no contempla reponer, tal como sí lo podría haber hecho una reforma constitucional.
“A futuro serán los tribunales los que resolverán los casos que se presenten, el Gobierno hizo todos sus esfuerzos, conversamos con todos los actores, y no fue posible construir un acuerdo en torno a cómo resolver esa y otras interrogantes (…) no hay dudas, la ley es clara, nosotros lo que consignábamos en la norma que es la que se recurrió era que había titularidad exclusiva donde había sindicatos, esa norma se eliminó con el fallo del Tribunal, y por lo tanto lo que queda es una normativa en orden a cómo se llevan adelante las negociaciones colectivas, cuáles son las formas de hacerlas presente, hay todo un procedimiento, y bueno habrá probablemente mucha judicialización en torno a qué se puede y no se puede hacer”.
Esta tarde el vocero de Gobierno, junto a los ministros de Hacienda y del Trabajo, comunicó la decisión de la Presidenta de reactivar el veto a parte de la Reforma Laboral, luego del fallo del Tribunal Constitucional (TC) que objetó la titularidad sindical y parte de la extensión de beneficios como atribución exclusiva del sindicato.
Desde el Gobierno, lamentaron que la oposición no se allanara a discutir la opción de una reforma constitucional y “construir un acuerdo que permitiera hacernos cargo del escenario generado por su requerimiento ante el Tribunal Constitucional”: “Considerando lo anterior, la Presidenta de la República ha instruido a los ministros a tramitar a la brevedad el referido veto procediendo a la promulgación de la Reforma Laboral una vez que este sea despachado”.
El ministro Díaz enfatizó en que los esfuerzos del Gobierno ahora se concentrarán en la implementación de la iniciativa, que calificaron como el mayor avance en estas materias desde el regreso de la democracia, no obstante reconoció que no es la reforma no será “todo lo que el Ejecutivo impulsó”.
“Chile debe valorar, especialmente, que con esta ley los trabajadores podrán contar, entre otros derechos, con una huelga efectiva, con piso de negociación, con mayor información para el ejercicio0 de sus derechos colectivos, y con una extensión pactada de beneficios”.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reiteró que el Gobierno realizó las negociaciones pertinentes para sacar adelante una hipotética reforma constitucional, “pero no logramos que la oposición nos acompañara en este esfuerzo”, señaló, y aseguró que con este trámite se terminará la discusión de la Reforma Laboral.
Por su parte, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, advirtió que se generará un incremento de la judicialización en relación con la titularidad sindical, considerando que el fallo del TC eliminó la exclusividad de esta atribución para los sindicatos, permitiendo la existencia de grupos negociadores, cuestión que este veto no contempla reponer, tal como sí lo podría haber hecho una reforma constitucional.
“A futuro serán los tribunales los que resolverán los casos que se presenten, el Gobierno hizo todos sus esfuerzos, conversamos con todos los actores, y no fue posible construir un acuerdo en torno a cómo resolver esa y otras interrogantes (…) no hay dudas, la ley es clara, nosotros lo que consignábamos en la norma que es la que se recurrió era que había titularidad exclusiva donde había sindicatos, esa norma se eliminó con el fallo del Tribunal, y por lo tanto lo que queda es una normativa en orden a cómo se llevan adelante las negociaciones colectivas, cuáles son las formas de hacerlas presente, hay todo un procedimiento, y bueno habrá probablemente mucha judicialización en torno a qué se puede y no se puede hacer”.
Esta tarde el vocero de Gobierno, junto a los ministros de Hacienda y del Trabajo, comunicó la decisión de la Presidenta de reactivar el veto a parte de la Reforma Laboral, luego del fallo del Tribunal Constitucional (TC) que objetó la titularidad sindical y parte de la extensión de beneficios como atribución exclusiva del sindicato.
Desde el Gobierno, lamentaron que la oposición no se allanara a discutir la opción de una reforma constitucional y “construir un acuerdo que permitiera hacernos cargo del escenario generado por su requerimiento ante el Tribunal Constitucional”: “Considerando lo anterior, la Presidenta de la República ha instruido a los ministros a tramitar a la brevedad el referido veto procediendo a la promulgación de la Reforma Laboral una vez que este sea despachado”.
El ministro Díaz enfatizó en que los esfuerzos del Gobierno ahora se concentrarán en la implementación de la iniciativa, que calificaron como el mayor avance en estas materias desde el regreso de la democracia, no obstante reconoció que no es la reforma no será “todo lo que el Ejecutivo impulsó”.
“Chile debe valorar, especialmente, que con esta ley los trabajadores podrán contar, entre otros derechos, con una huelga efectiva, con piso de negociación, con mayor información para el ejercicio0 de sus derechos colectivos, y con una extensión pactada de beneficios”.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reiteró que el Gobierno realizó las negociaciones pertinentes para sacar adelante una hipotética reforma constitucional, “pero no logramos que la oposición nos acompañara en este esfuerzo”, señaló, y aseguró que con este trámite se terminará la discusión de la Reforma Laboral.
Por su parte, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, advirtió que se generará un incremento de la judicialización en relación con la titularidad sindical, considerando que el fallo del TC eliminó la exclusividad de esta atribución para los sindicatos, permitiendo la existencia de grupos negociadores, cuestión que este veto no contempla reponer, tal como sí lo podría haber hecho una reforma constitucional.
“A futuro serán los tribunales los que resolverán los casos que se presenten, el Gobierno hizo todos sus esfuerzos, conversamos con todos los actores, y no fue posible construir un acuerdo en torno a cómo resolver esa y otras interrogantes (…) no hay dudas, la ley es clara, nosotros lo que consignábamos en la norma que es la que se recurrió era que había titularidad exclusiva donde había sindicatos, esa norma se eliminó con el fallo del Tribunal, y por lo tanto lo que queda es una normativa en orden a cómo se llevan adelante las negociaciones colectivas, cuáles son las formas de hacerlas presente, hay todo un procedimiento, y bueno habrá probablemente mucha judicialización en torno a qué se puede y no se puede hacer”.
