El proceso de consulta ciudadana, previo a la construcción de una nueva carta fundamental, invita a todas y a todos a participar, pensar y discutir sobre qué país queremos tener. Acercándonos a la fecha de término de esta primera instancia, trabajadores, vecinos, estudiantes, familias y muchos otros grupos han desarrollado varios de estos encuentros. Las mujeres recluidas en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago no han sido la excepción. Las no ciudadanas, las excluidas y marginadas han querido participar y lo han hecho con entusiasmo, fuerza, energía, ideas y mucha discusión. Un grupo de catorce mujeres de dicha cárcel, celebró un encuentro local hace dos semanas, debatiendo durante varias horas sobre qué creen importante para el país –el mismo que las ha desciudadanizado- y qué principios y derechos son fundamentales para Chile.
¿Qué deseaban?: nada que el derecho internacional de los derechos humanos y los expertos no hayan dicho, pero muy relevantes para el país y las personas: equidad de género; descentralización; justicia; un Estado al que llamaron “Estado principal”, en oposición a un Estado Subsidiario; tolerancia; respeto a los derechos humanos; derecho a la salud y a la educación; derechos de los niños/as y adolescentes; igualdad de acceso a la justicia, etc. Lo más relevante quizás, por referirse a su propia situación, en lo que corresponde a “otros derechos”, es su demanda por dos situaciones esenciales, que legislaciones de países vecinos ya contemplan: 1. el derecho de las y los privados de libertad a una muerte digna, es decir, derecho de un enfermo/a terminal a poder morir en su casa, rodeada de su familia y no en una cárcel; y 2. el derecho a que las mujeres condenadas y madres, puedan tener acceso a la posibilidad de cumplir sus condenas en libertad o recluidas en su domicilio y, de esta forma, seguir al cuidado de sus hijos. ¿Ideas descabelladas?, ¿“Privilegios” para las delincuentes?: NO. De hecho, se trata de obligaciones que el Estado chileno ha asumido voluntariamente al ratificar diversos instrumentos internacionales y que, lamentablemente, no ha cumplido y no desea cumplir, total, no se trata de ciudadanos.
La participación de las mujeres del Centro Penitenciario Femenino de Santiago, en su propio encuentro, permite dirigir la mirada hacia elementos de fondo sobre el país que queremos construir y que justamente surgen cuando se quiere participar, más allá de los contundentes argumentos para criticar el mecanismo no vinculante de este proceso. La participación en los encuentros da cuenta, no sólo del interés de una gran parte del país en cambiar la constitución, si no en la determinación para ocupar tiempo y energías de vida en la discusión sobre la nueva carta fundamental. Esto no es más ni menos que la determinación por ejercer la ciudadanía. Ésta va más allá de la definición restrictiva que hace la constitución y la ley respecto al derecho a elegir y ser elegida y elegido en cargos de representación. La ciudadanía se ejerce de diversas maneras, pero lo que tienen esas maneras en común es el encuentro de las personas, hombres y mujeres, que se reconocen como iguales en la comunidad política para discutir, disentir y construir el horizonte de posibilidad hacia donde la sociedad camina. Sin embargo, el encuentro en la cárcel de mujeres es un gran ejemplo de las exclusiones persistentes y permanentes, en base a criterios arbitrarios, que finalmente concretizan nuestra idea de “igualdad” en la comunidad política.
La primera y quizás más evidente exclusión es la que se hizo en relación a las personas menores de 18 años – quienes serán los que más vivirán bajo la nueva constitución- sin mayor argumento que una copia a la ley. Posteriormente, se bajó a los 14 años, lo que muestra lo arbitraria de nuestra legislación actual. Otro criterio arbitrario en torno a la participación, es la pérdida de la ciudadanía por el castigo punitivo de la restricción de la libertad, ya que las personas privadas de libertad no podrán participar en procesos políticos que sí afectarán su vida, no solo cuando salgan de la cárcel, sino que en su futuro más cercano dentro de ella Estas exclusiones en el presente son arbitrarias, azarosas y contingentes, y restringen la participación a decidir sobre la dirección que imprime el hoy para la construcción del futuro. La participación es, en sí misma, un acto de fe, confianza y compromiso. Por tanto, ¿por qué habríamos de excluir de los procesos de decisión a tantas personas?
El entusiasmo en participar de las mujeres del Centro Penitenciario Femenino de Santiago en la consulta ciudadana, a pesar de ser excluidas de la comunidad política, se transforma en un cuestionamiento no sólo a las bases actualmente existentes en que se sustentan nuestras nociones de comunidad política, si no que especialmente emergen como desafíos que deben ser abordados en la discusión sobre una nueva constitución y hacia donde se dirige el país.
El proceso de consulta ciudadana, previo a la construcción de una nueva carta fundamental, invita a todas y a todos a participar, pensar y discutir sobre qué país queremos tener. Acercándonos a la fecha de término de esta primera instancia, trabajadores, vecinos, estudiantes, familias y muchos otros grupos han desarrollado varios de estos encuentros. Las mujeres recluidas en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago no han sido la excepción. Las no ciudadanas, las excluidas y marginadas han querido participar y lo han hecho con entusiasmo, fuerza, energía, ideas y mucha discusión. Un grupo de catorce mujeres de dicha cárcel, celebró un encuentro local hace dos semanas, debatiendo durante varias horas sobre qué creen importante para el país –el mismo que las ha desciudadanizado- y qué principios y derechos son fundamentales para Chile.
¿Qué deseaban?: nada que el derecho internacional de los derechos humanos y los expertos no hayan dicho, pero muy relevantes para el país y las personas: equidad de género; descentralización; justicia; un Estado al que llamaron “Estado principal”, en oposición a un Estado Subsidiario; tolerancia; respeto a los derechos humanos; derecho a la salud y a la educación; derechos de los niños/as y adolescentes; igualdad de acceso a la justicia, etc. Lo más relevante quizás, por referirse a su propia situación, en lo que corresponde a “otros derechos”, es su demanda por dos situaciones esenciales, que legislaciones de países vecinos ya contemplan: 1. el derecho de las y los privados de libertad a una muerte digna, es decir, derecho de un enfermo/a terminal a poder morir en su casa, rodeada de su familia y no en una cárcel; y 2. el derecho a que las mujeres condenadas y madres, puedan tener acceso a la posibilidad de cumplir sus condenas en libertad o recluidas en su domicilio y, de esta forma, seguir al cuidado de sus hijos. ¿Ideas descabelladas?, ¿“Privilegios” para las delincuentes?: NO. De hecho, se trata de obligaciones que el Estado chileno ha asumido voluntariamente al ratificar diversos instrumentos internacionales y que, lamentablemente, no ha cumplido y no desea cumplir, total, no se trata de ciudadanos.
La participación de las mujeres del Centro Penitenciario Femenino de Santiago, en su propio encuentro, permite dirigir la mirada hacia elementos de fondo sobre el país que queremos construir y que justamente surgen cuando se quiere participar, más allá de los contundentes argumentos para criticar el mecanismo no vinculante de este proceso. La participación en los encuentros da cuenta, no sólo del interés de una gran parte del país en cambiar la constitución, si no en la determinación para ocupar tiempo y energías de vida en la discusión sobre la nueva carta fundamental. Esto no es más ni menos que la determinación por ejercer la ciudadanía. Ésta va más allá de la definición restrictiva que hace la constitución y la ley respecto al derecho a elegir y ser elegida y elegido en cargos de representación. La ciudadanía se ejerce de diversas maneras, pero lo que tienen esas maneras en común es el encuentro de las personas, hombres y mujeres, que se reconocen como iguales en la comunidad política para discutir, disentir y construir el horizonte de posibilidad hacia donde la sociedad camina. Sin embargo, el encuentro en la cárcel de mujeres es un gran ejemplo de las exclusiones persistentes y permanentes, en base a criterios arbitrarios, que finalmente concretizan nuestra idea de “igualdad” en la comunidad política.
La primera y quizás más evidente exclusión es la que se hizo en relación a las personas menores de 18 años – quienes serán los que más vivirán bajo la nueva constitución- sin mayor argumento que una copia a la ley. Posteriormente, se bajó a los 14 años, lo que muestra lo arbitraria de nuestra legislación actual. Otro criterio arbitrario en torno a la participación, es la pérdida de la ciudadanía por el castigo punitivo de la restricción de la libertad, ya que las personas privadas de libertad no podrán participar en procesos políticos que sí afectarán su vida, no solo cuando salgan de la cárcel, sino que en su futuro más cercano dentro de ella Estas exclusiones en el presente son arbitrarias, azarosas y contingentes, y restringen la participación a decidir sobre la dirección que imprime el hoy para la construcción del futuro. La participación es, en sí misma, un acto de fe, confianza y compromiso. Por tanto, ¿por qué habríamos de excluir de los procesos de decisión a tantas personas?
El entusiasmo en participar de las mujeres del Centro Penitenciario Femenino de Santiago en la consulta ciudadana, a pesar de ser excluidas de la comunidad política, se transforma en un cuestionamiento no sólo a las bases actualmente existentes en que se sustentan nuestras nociones de comunidad política, si no que especialmente emergen como desafíos que deben ser abordados en la discusión sobre una nueva constitución y hacia donde se dirige el país.
El proceso de consulta ciudadana, previo a la construcción de una nueva carta fundamental, invita a todas y a todos a participar, pensar y discutir sobre qué país queremos tener. Acercándonos a la fecha de término de esta primera instancia, trabajadores, vecinos, estudiantes, familias y muchos otros grupos han desarrollado varios de estos encuentros. Las mujeres recluidas en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago no han sido la excepción. Las no ciudadanas, las excluidas y marginadas han querido participar y lo han hecho con entusiasmo, fuerza, energía, ideas y mucha discusión. Un grupo de catorce mujeres de dicha cárcel, celebró un encuentro local hace dos semanas, debatiendo durante varias horas sobre qué creen importante para el país –el mismo que las ha desciudadanizado- y qué principios y derechos son fundamentales para Chile.
¿Qué deseaban?: nada que el derecho internacional de los derechos humanos y los expertos no hayan dicho, pero muy relevantes para el país y las personas: equidad de género; descentralización; justicia; un Estado al que llamaron “Estado principal”, en oposición a un Estado Subsidiario; tolerancia; respeto a los derechos humanos; derecho a la salud y a la educación; derechos de los niños/as y adolescentes; igualdad de acceso a la justicia, etc. Lo más relevante quizás, por referirse a su propia situación, en lo que corresponde a “otros derechos”, es su demanda por dos situaciones esenciales, que legislaciones de países vecinos ya contemplan: 1. el derecho de las y los privados de libertad a una muerte digna, es decir, derecho de un enfermo/a terminal a poder morir en su casa, rodeada de su familia y no en una cárcel; y 2. el derecho a que las mujeres condenadas y madres, puedan tener acceso a la posibilidad de cumplir sus condenas en libertad o recluidas en su domicilio y, de esta forma, seguir al cuidado de sus hijos. ¿Ideas descabelladas?, ¿“Privilegios” para las delincuentes?: NO. De hecho, se trata de obligaciones que el Estado chileno ha asumido voluntariamente al ratificar diversos instrumentos internacionales y que, lamentablemente, no ha cumplido y no desea cumplir, total, no se trata de ciudadanos.
La participación de las mujeres del Centro Penitenciario Femenino de Santiago, en su propio encuentro, permite dirigir la mirada hacia elementos de fondo sobre el país que queremos construir y que justamente surgen cuando se quiere participar, más allá de los contundentes argumentos para criticar el mecanismo no vinculante de este proceso. La participación en los encuentros da cuenta, no sólo del interés de una gran parte del país en cambiar la constitución, si no en la determinación para ocupar tiempo y energías de vida en la discusión sobre la nueva carta fundamental. Esto no es más ni menos que la determinación por ejercer la ciudadanía. Ésta va más allá de la definición restrictiva que hace la constitución y la ley respecto al derecho a elegir y ser elegida y elegido en cargos de representación. La ciudadanía se ejerce de diversas maneras, pero lo que tienen esas maneras en común es el encuentro de las personas, hombres y mujeres, que se reconocen como iguales en la comunidad política para discutir, disentir y construir el horizonte de posibilidad hacia donde la sociedad camina. Sin embargo, el encuentro en la cárcel de mujeres es un gran ejemplo de las exclusiones persistentes y permanentes, en base a criterios arbitrarios, que finalmente concretizan nuestra idea de “igualdad” en la comunidad política.
La primera y quizás más evidente exclusión es la que se hizo en relación a las personas menores de 18 años – quienes serán los que más vivirán bajo la nueva constitución- sin mayor argumento que una copia a la ley. Posteriormente, se bajó a los 14 años, lo que muestra lo arbitraria de nuestra legislación actual. Otro criterio arbitrario en torno a la participación, es la pérdida de la ciudadanía por el castigo punitivo de la restricción de la libertad, ya que las personas privadas de libertad no podrán participar en procesos políticos que sí afectarán su vida, no solo cuando salgan de la cárcel, sino que en su futuro más cercano dentro de ella Estas exclusiones en el presente son arbitrarias, azarosas y contingentes, y restringen la participación a decidir sobre la dirección que imprime el hoy para la construcción del futuro. La participación es, en sí misma, un acto de fe, confianza y compromiso. Por tanto, ¿por qué habríamos de excluir de los procesos de decisión a tantas personas?
El entusiasmo en participar de las mujeres del Centro Penitenciario Femenino de Santiago en la consulta ciudadana, a pesar de ser excluidas de la comunidad política, se transforma en un cuestionamiento no sólo a las bases actualmente existentes en que se sustentan nuestras nociones de comunidad política, si no que especialmente emergen como desafíos que deben ser abordados en la discusión sobre una nueva constitución y hacia donde se dirige el país.
