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Año XIII, 23 de octubre de 2021

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Autoridades debaten sobre perfeccionamiento de la libre competencia

En el marco del reforzamiento del Sistema de Defensa de la Libre Competencia, el presidente del Tribunal encargado de la materia, Enrique Vergara, sostuvo que Chile debe revisar y perfeccionar  continuamente sus prácticas para evitar la colusión. Mientras, la Fiscalía Económica trabaja en los desafíos que la nueva ley le impuso.

Tania González

  Jueves 8 de septiembre 2016 19:08 hrs. 
Colusión Papel


En el contexto de los conocidos casos de colusión como el de papel tisú, autoridades, académicos y legisladores expusieron sus puntos de vista sobre la reciente promulgación de la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Defensa de la Libre Competencia en un seminario realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

El senador PPD Felipe Harboe, integrante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, destacó de la iniciativa el que se contemple más allá de las multas que son a beneficio fiscal, la indemnización de perjuicios para los consumidores afectados por colusiones.

Mientras, el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Enrique Vergara, sostuvo que en Chile hace tiempo se está produciendo un cambio cultural en que se da importancia a las instituciones fuertes y adopción de mejores prácticas. En esa línea, recordó las modificaciones que se hicieron a la ley que se refiere al Tribunal de Libre Competencia (20.361) que nació tres años antes que se revelara el caso farmacias.

“Tener presente que el perfeccionamiento del sistema es un proceso continuo, uno revisa la experiencia internacional que hay y todos los países incluso las jurisdicciones más avanzadas continuamente están perfeccionando su sistema de protección de la libre competencia, cambiando su diseño institucional, introduciendo nuevas facultades. Esto en Chile no son reacciones calientes a casos emblemáticos que salen ante la opinión pública”.

Vergara precisó que con los últimos perfeccionamientos al sistema, el Tribunal deberá contar con mayor información en los expedientes para determinar multas, actuar como órgano revisor para aquellos casos que la Fiscalía rechace operaciones de concentración y analizar indemnización de perjuicio.

En tanto, el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irrarázaval, se refirió a los instrumentos y ajustes que están desarrollando con guías, como por ejemplo, de la delación compensada.

“Hay varios desafíos en la aplicación de la ley y hay que ser eficiente en ver cuál es la lista de prioridades, nosotros creemos que lo del interlocking no es una primera prioridad. Hay otras guías que estamos trabajando como la de jurisdicción en materia de operaciones de concentración que precisa cuáles son las que requieren entrar en un sistema de notificación y cuáles son los umbrales, ahí tenemos una metodología que hemos seguido con estándares internacionales”.

El director del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Francisco Agüero, comentó que ahora debiera ocurrir un diálogo regulatorio entre el consultante y la Fiscalía con el derecho a pedir el estado de la cuenta corriente en materia de riesgo y las medidas de mitigación.

“Ciertamente es un cambio relevante porque estamos pasando de un procedimiento judicial no contencioso, pero muy litigioso, voluntario, con participación de terceros, donde además la ley no decía nada sobre las fusiones, a un procedimiento administrativo, obligatorio en muchos casos y en otros voluntario con algún grado de incertidumbre, que está orientado a obtener un permiso sectorial ante la Fiscalía Económica”.

Por último, recordemos que la ley con un nuevo régimen de sanciones fue anunciada a finales de agosto de este año y para el Ejecutivo significó un avance en la promoción de la libre competencia conforme a las recomendaciones de organismos internacionales.

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