“Esperando para demostrar mi inocencia”. Eso es parte del primer mensaje difundido por el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, después de dejar al anexo cárcel Capitán Yáber para cumplir arresto domiciliario total en su casa de la comuna de La Reina.
La defensa del edil de Recoleta anunció que presentará una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puesto que sostienen que “las resoluciones emitidas por la justicia chilena atentan contra la soberanía popular”.
El concejal de la comuna y candidato al sillón municipal señaló que es posible percibir una asimetría respecto a otras figuras políticas imputadas por delitos similares, pero que “no han sido cuestionadas con la misma vara”.
El abogado en el caso Cascadas, criticó la designación del presidente Gabriel Boric para el nuevo Fiscal Nacional, apuntando que entre otras cosas, la inacción del persecutor en diferentes casos permitió que se continuaran cometiendo delitos.
En el marco del reforzamiento del Sistema de Defensa de la Libre Competencia, el presidente del Tribunal encargado de la materia, Enrique Vergara, sostuvo que Chile debe revisar y perfeccionar continuamente sus prácticas para evitar la colusión. Mientras, la Fiscalía Económica trabaja en los desafíos que la nueva ley le impuso.
El tribunal decidió acoger a trámite los recursos de nulidad presentados en contra del fallo que absolvió a los inculpados en el Caso Farmacias. “Hay diversos errores que identificamos y que motivan la presentación de un recurso de este tipo”, asegura la Fiscalía.
La Corte de Apelaciones deberá definir si acepta el recurso de nulidad presentado por la Fiscalía. De considerarlo, los 10 ejecutivos vinculados al Caso Farmacias enfrentarán un nuevo juicio.
Este lunes se llevó a cabo la primera jornada de preparación de juicio oral en el llamado “Caso Farmacias” luego de la suspensión del acuerdo alcanzado entre los imputados y la fiscalía. Destacó en esta primera sesión el acuerdo alcanzado entre uno de los inculpados y el Ministerio Público para efectuar un juicio abreviado.
la Fiscalía ofreció una salida a este litigio mediante la suspensión condicional del procedimiento, esto quiere decir que los 10 imputados deberán pagar una suma de dinero a beneficio fiscal, que ascendería en total a $ 200 millones. De esta manera el proceso queda suspendido, bajo condición que se cumplan una serie de requisitos económicos y penales.
Según ha trascendido, la Fiscalía ofrecería una salida a este litigio mediante la suspensión condicional del procedimiento, esto quiere decir que los 10 imputados deberán pagar una suma de dinero a beneficio fiscal, que ascendería en total a $ 200 millones.
