La Corte Suprema ratificó una serie de problemas que se venían denunciando hace años del funcionamiento del Servicio Nacional de Menores con su visita a los centros residenciales.
Falta de funcionarios, déficit de infraestructura, insalubridad, sobrepoblación, escasa oferta de residencias especializadas para niños, niñas y adolescentes con problemas de salud mental y recintos que no favorecen la vinculación de los internos con sus familias, fueron algunas de las irregularidades identificadas.
Legisladores reaccionaron al grave reporte apuntando a las responsabilidades que le caben al Ministerio de Justicia. Mientras, organizaciones defensoras de los derechos de la infancia insistieron en la demanda de un rápido despacho a la ley de protección de los menores, que cuente con una orientación integral y recursos para su implementación.
Recordemos que hace unos días se aprobó en general en el Senado el proyecto que crea la Defensoría de la Niñez, entidad contenida en la iniciativa del Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez que se tramita en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados.
Para la vocera de la Corporación La Caleta, Nury Gajardo, toda reforma debe considerar un dispositivo territorial pues en su opinión, es ahí “donde los niños deben hacer carne sus derechos”.
“No hay un sistema de garantías que realmente opere para los niños y las niñas, podemos ver que su mayor vínculo debe ser con sus cercanos, su familia, y no hay preocupación por eso. Entonces, los niños son tomados desde el problema, no desde el potencial e ir generando las alternativas necesarias para que efectivamente puedan desarrollarse”.
La abogada y subdirectora de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU), Paulina Solís, sostuvo que Chile está colmado de diagnósticos sobre esta materia, no obstante, en su opinión, falta tomar cartas en el asuntos y reconocer que todos los poderes del Estado son responsables de la protección de los niños que están gravemente vulnerados en sus derechos.
“Aquí no pasa por enrostrar las responsabilidades y las culpas de las graves afectaciones de derechos de los niños que están privados de contextos familiares. Tenemos que aunar los esfuerzos para, de una vez por todas, dotar de temporalidad la permanencia de los niños en el sistema, es decir, una vez que se ve afectado el derecho del niño a vivir en familia el tránsito para el sistema residencial sea el más breve posible”.
La representante de ACHNU añadió que hay que intervenir y apoyar a las familias que están en riesgo de perder a sus hijos antes de separarlos.
En tanto, el Oficial de Protección Unicef Chile, Anuar Quesille, opinó que es clave contar con una especialización orgánica, además de los programas, dentro del sistema de protección especial.
“La especialización funcional dice relación con la capacidad que tienen quienes trabajan en los distintos programas de intervención, sean de resocialización, salud mental, de re-vinculación con el ambiente familiar, sobre las particularidades de la infancia. No solamente necesitamos organismos, sino también personal capacitado”.
Quesille enfatizó en que el trabajo con la infancia debe ser coordinado, mancomunado y de una colaboración conjunta de todos los organismos que de alguna forma tienen vinculación con el tema.
La nueva institucionalidad con la que se busca resguardar los derechos reconocidos a nivel internacional de los niños, está en su primer trámite legislativo en el Senado y hasta principios de octubre los legisladores tienen plazo para presentar indicaciones. Por su parte el proyecto de ley de Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez también está en su primer trámite en la Cámara Baja y fue ingresado en septiembre del año pasado.
La Corte Suprema ratificó una serie de problemas que se venían denunciando hace años del funcionamiento del Servicio Nacional de Menores con su visita a los centros residenciales.
Falta de funcionarios, déficit de infraestructura, insalubridad, sobrepoblación, escasa oferta de residencias especializadas para niños, niñas y adolescentes con problemas de salud mental y recintos que no favorecen la vinculación de los internos con sus familias, fueron algunas de las irregularidades identificadas.
Legisladores reaccionaron al grave reporte apuntando a las responsabilidades que le caben al Ministerio de Justicia. Mientras, organizaciones defensoras de los derechos de la infancia insistieron en la demanda de un rápido despacho a la ley de protección de los menores, que cuente con una orientación integral y recursos para su implementación.
Recordemos que hace unos días se aprobó en general en el Senado el proyecto que crea la Defensoría de la Niñez, entidad contenida en la iniciativa del Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez que se tramita en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados.
Para la vocera de la Corporación La Caleta, Nury Gajardo, toda reforma debe considerar un dispositivo territorial pues en su opinión, es ahí “donde los niños deben hacer carne sus derechos”.
“No hay un sistema de garantías que realmente opere para los niños y las niñas, podemos ver que su mayor vínculo debe ser con sus cercanos, su familia, y no hay preocupación por eso. Entonces, los niños son tomados desde el problema, no desde el potencial e ir generando las alternativas necesarias para que efectivamente puedan desarrollarse”.
La abogada y subdirectora de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU), Paulina Solís, sostuvo que Chile está colmado de diagnósticos sobre esta materia, no obstante, en su opinión, falta tomar cartas en el asuntos y reconocer que todos los poderes del Estado son responsables de la protección de los niños que están gravemente vulnerados en sus derechos.
“Aquí no pasa por enrostrar las responsabilidades y las culpas de las graves afectaciones de derechos de los niños que están privados de contextos familiares. Tenemos que aunar los esfuerzos para, de una vez por todas, dotar de temporalidad la permanencia de los niños en el sistema, es decir, una vez que se ve afectado el derecho del niño a vivir en familia el tránsito para el sistema residencial sea el más breve posible”.
La representante de ACHNU añadió que hay que intervenir y apoyar a las familias que están en riesgo de perder a sus hijos antes de separarlos.
En tanto, el Oficial de Protección Unicef Chile, Anuar Quesille, opinó que es clave contar con una especialización orgánica, además de los programas, dentro del sistema de protección especial.
“La especialización funcional dice relación con la capacidad que tienen quienes trabajan en los distintos programas de intervención, sean de resocialización, salud mental, de re-vinculación con el ambiente familiar, sobre las particularidades de la infancia. No solamente necesitamos organismos, sino también personal capacitado”.
Quesille enfatizó en que el trabajo con la infancia debe ser coordinado, mancomunado y de una colaboración conjunta de todos los organismos que de alguna forma tienen vinculación con el tema.
La nueva institucionalidad con la que se busca resguardar los derechos reconocidos a nivel internacional de los niños, está en su primer trámite legislativo en el Senado y hasta principios de octubre los legisladores tienen plazo para presentar indicaciones. Por su parte el proyecto de ley de Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez también está en su primer trámite en la Cámara Baja y fue ingresado en septiembre del año pasado.
La Corte Suprema ratificó una serie de problemas que se venían denunciando hace años del funcionamiento del Servicio Nacional de Menores con su visita a los centros residenciales.
Falta de funcionarios, déficit de infraestructura, insalubridad, sobrepoblación, escasa oferta de residencias especializadas para niños, niñas y adolescentes con problemas de salud mental y recintos que no favorecen la vinculación de los internos con sus familias, fueron algunas de las irregularidades identificadas.
Legisladores reaccionaron al grave reporte apuntando a las responsabilidades que le caben al Ministerio de Justicia. Mientras, organizaciones defensoras de los derechos de la infancia insistieron en la demanda de un rápido despacho a la ley de protección de los menores, que cuente con una orientación integral y recursos para su implementación.
Recordemos que hace unos días se aprobó en general en el Senado el proyecto que crea la Defensoría de la Niñez, entidad contenida en la iniciativa del Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez que se tramita en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados.
Para la vocera de la Corporación La Caleta, Nury Gajardo, toda reforma debe considerar un dispositivo territorial pues en su opinión, es ahí “donde los niños deben hacer carne sus derechos”.
“No hay un sistema de garantías que realmente opere para los niños y las niñas, podemos ver que su mayor vínculo debe ser con sus cercanos, su familia, y no hay preocupación por eso. Entonces, los niños son tomados desde el problema, no desde el potencial e ir generando las alternativas necesarias para que efectivamente puedan desarrollarse”.
La abogada y subdirectora de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU), Paulina Solís, sostuvo que Chile está colmado de diagnósticos sobre esta materia, no obstante, en su opinión, falta tomar cartas en el asuntos y reconocer que todos los poderes del Estado son responsables de la protección de los niños que están gravemente vulnerados en sus derechos.
“Aquí no pasa por enrostrar las responsabilidades y las culpas de las graves afectaciones de derechos de los niños que están privados de contextos familiares. Tenemos que aunar los esfuerzos para, de una vez por todas, dotar de temporalidad la permanencia de los niños en el sistema, es decir, una vez que se ve afectado el derecho del niño a vivir en familia el tránsito para el sistema residencial sea el más breve posible”.
La representante de ACHNU añadió que hay que intervenir y apoyar a las familias que están en riesgo de perder a sus hijos antes de separarlos.
En tanto, el Oficial de Protección Unicef Chile, Anuar Quesille, opinó que es clave contar con una especialización orgánica, además de los programas, dentro del sistema de protección especial.
“La especialización funcional dice relación con la capacidad que tienen quienes trabajan en los distintos programas de intervención, sean de resocialización, salud mental, de re-vinculación con el ambiente familiar, sobre las particularidades de la infancia. No solamente necesitamos organismos, sino también personal capacitado”.
Quesille enfatizó en que el trabajo con la infancia debe ser coordinado, mancomunado y de una colaboración conjunta de todos los organismos que de alguna forma tienen vinculación con el tema.
La nueva institucionalidad con la que se busca resguardar los derechos reconocidos a nivel internacional de los niños, está en su primer trámite legislativo en el Senado y hasta principios de octubre los legisladores tienen plazo para presentar indicaciones. Por su parte el proyecto de ley de Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez también está en su primer trámite en la Cámara Baja y fue ingresado en septiembre del año pasado.
