A pesar de los 50 años de secreto que rigen sobre los antecedentes recogidos por la Comisión Nacional sobre Política y Tortura, conocido como Informe Valech, catorce ex presos políticos pudieron acceder a las carpetas que contienen tanto sus testimonios como el trabajo que realizó la comisión a partir de ellos.
El año pasado los ex presos políticos, en su mayoría de Rancagua, solicitaron estos documentos al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Sin embargo, el organismo señaló que sólo podían acceder a sus declaraciones.
Ante la negativa de obtener el total de los antecedentes, presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones junto a la organización Desclasificación Popular. El fallo del Tribunal se conoció el pasado 2 de agosto y determinó que, según la disposición del artículo 15 de la ley 19.992 sobre Reparación a las Víctimas de la Dictadura, se debían entregar las carpetas en su integridad.
Estos archivos desclasificados corresponden al Informe elaborado por la Comisión Valech I que mantiene cerca de 29 mil documentos en reserva.
Según detalló el presidente de la Coordinadora Nacional de Ex Presos Políticos Salvador Allende, David Quintana, esta acción representa a los 38 mil detenidos y torturados, de los cuales 26 mil siguen vivos, que exigen conocer los informes elaborados con sus declaraciones.
En ese sentido, insistió en que el Estado sigue otorgando beneficios a los responsables de estos hechos en vez de garantizar una reparación justa y satisfactoria como lo exigen los tratados internacionales suscritos por Chile. “No ha sido una reparación justa porque recibimos una pensión indigna que no nos garantiza ni siquiera un buen pasar en nuestros últimos años de la vejez (…) Con esto nosotros somos dueños de los antecedentes que aportamos y decidimos sobre lo que sea más conveniente hacer con ellos, pero no dejarlos en secreto como han estado hasta ahora”, subrayó.
Mientras, la investigadora e integrante de la organización Desclasificación Popular, Javiera Campos, recalcó la necesidad de analizar la documentación y publicarlos luego de ser autorizado por los ex presos políticos. “Como es primera vez que se sacan tan masivamente archivos secretos tenemos que leerlos minuciosamente, es decir este “secreto” ha impedido algo tan absurdo como leer los propios testimonios para luego analizarlos”, afirmó.
En tanto, el abogado representante de los ex detenidos políticos de Rancagua, Francisco Jara, señaló que estos antecedentes evidencian la falta de consulta sobre el secreto de los testimonios prestados a la Comisión Valech. “Lo importante es poder constatar que en ninguna parte decía que ellos estaban de acuerdo con la reserva. Al momento de ingresar el proyecto de ley se decía que ellos habrían pedido esto y que quizás no se acordaban porque habían pasado muchos años. Sin embargo, ahora podemos decir que eso es falso”, precisó.
Los archivos se publicarán el próximo 15 de diciembre en el sitio electrónico www.desclasificaciónpopular.cl, y también a través de una intervención artística a cargo del colectivo.
Desde la organización aseguraron que previo a la divulgación de estos antecedentes se consultará a las víctimas porque algunos han optado por borrar sus identificaciones de los documentos para resguardar su privacidad.
Una acción que configura el inicio de la desclasificación de datos y que permitirá realizar un estudio real de lo ocurrido bajo la Dictadura cívico- militar. “No podemos hacer una historia de la tortura sino de la resistencia que sigue estando oculta. Es incomprensible que el Estado siga protegiendo más los archivos que a las víctimas del régimen militar”, recalcaron desde la colectividad.
A pesar de los 50 años de secreto que rigen sobre los antecedentes recogidos por la Comisión Nacional sobre Política y Tortura, conocido como Informe Valech, catorce ex presos políticos pudieron acceder a las carpetas que contienen tanto sus testimonios como el trabajo que realizó la comisión a partir de ellos.
El año pasado los ex presos políticos, en su mayoría de Rancagua, solicitaron estos documentos al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Sin embargo, el organismo señaló que sólo podían acceder a sus declaraciones.
Ante la negativa de obtener el total de los antecedentes, presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones junto a la organización Desclasificación Popular. El fallo del Tribunal se conoció el pasado 2 de agosto y determinó que, según la disposición del artículo 15 de la ley 19.992 sobre Reparación a las Víctimas de la Dictadura, se debían entregar las carpetas en su integridad.
Estos archivos desclasificados corresponden al Informe elaborado por la Comisión Valech I que mantiene cerca de 29 mil documentos en reserva.
Según detalló el presidente de la Coordinadora Nacional de Ex Presos Políticos Salvador Allende, David Quintana, esta acción representa a los 38 mil detenidos y torturados, de los cuales 26 mil siguen vivos, que exigen conocer los informes elaborados con sus declaraciones.
En ese sentido, insistió en que el Estado sigue otorgando beneficios a los responsables de estos hechos en vez de garantizar una reparación justa y satisfactoria como lo exigen los tratados internacionales suscritos por Chile. “No ha sido una reparación justa porque recibimos una pensión indigna que no nos garantiza ni siquiera un buen pasar en nuestros últimos años de la vejez (…) Con esto nosotros somos dueños de los antecedentes que aportamos y decidimos sobre lo que sea más conveniente hacer con ellos, pero no dejarlos en secreto como han estado hasta ahora”, subrayó.
Mientras, la investigadora e integrante de la organización Desclasificación Popular, Javiera Campos, recalcó la necesidad de analizar la documentación y publicarlos luego de ser autorizado por los ex presos políticos. “Como es primera vez que se sacan tan masivamente archivos secretos tenemos que leerlos minuciosamente, es decir este “secreto” ha impedido algo tan absurdo como leer los propios testimonios para luego analizarlos”, afirmó.
En tanto, el abogado representante de los ex detenidos políticos de Rancagua, Francisco Jara, señaló que estos antecedentes evidencian la falta de consulta sobre el secreto de los testimonios prestados a la Comisión Valech. “Lo importante es poder constatar que en ninguna parte decía que ellos estaban de acuerdo con la reserva. Al momento de ingresar el proyecto de ley se decía que ellos habrían pedido esto y que quizás no se acordaban porque habían pasado muchos años. Sin embargo, ahora podemos decir que eso es falso”, precisó.
Los archivos se publicarán el próximo 15 de diciembre en el sitio electrónico www.desclasificaciónpopular.cl, y también a través de una intervención artística a cargo del colectivo.
Desde la organización aseguraron que previo a la divulgación de estos antecedentes se consultará a las víctimas porque algunos han optado por borrar sus identificaciones de los documentos para resguardar su privacidad.
Una acción que configura el inicio de la desclasificación de datos y que permitirá realizar un estudio real de lo ocurrido bajo la Dictadura cívico- militar. “No podemos hacer una historia de la tortura sino de la resistencia que sigue estando oculta. Es incomprensible que el Estado siga protegiendo más los archivos que a las víctimas del régimen militar”, recalcaron desde la colectividad.
A pesar de los 50 años de secreto que rigen sobre los antecedentes recogidos por la Comisión Nacional sobre Política y Tortura, conocido como Informe Valech, catorce ex presos políticos pudieron acceder a las carpetas que contienen tanto sus testimonios como el trabajo que realizó la comisión a partir de ellos.
El año pasado los ex presos políticos, en su mayoría de Rancagua, solicitaron estos documentos al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Sin embargo, el organismo señaló que sólo podían acceder a sus declaraciones.
Ante la negativa de obtener el total de los antecedentes, presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones junto a la organización Desclasificación Popular. El fallo del Tribunal se conoció el pasado 2 de agosto y determinó que, según la disposición del artículo 15 de la ley 19.992 sobre Reparación a las Víctimas de la Dictadura, se debían entregar las carpetas en su integridad.
Estos archivos desclasificados corresponden al Informe elaborado por la Comisión Valech I que mantiene cerca de 29 mil documentos en reserva.
Según detalló el presidente de la Coordinadora Nacional de Ex Presos Políticos Salvador Allende, David Quintana, esta acción representa a los 38 mil detenidos y torturados, de los cuales 26 mil siguen vivos, que exigen conocer los informes elaborados con sus declaraciones.
En ese sentido, insistió en que el Estado sigue otorgando beneficios a los responsables de estos hechos en vez de garantizar una reparación justa y satisfactoria como lo exigen los tratados internacionales suscritos por Chile. “No ha sido una reparación justa porque recibimos una pensión indigna que no nos garantiza ni siquiera un buen pasar en nuestros últimos años de la vejez (…) Con esto nosotros somos dueños de los antecedentes que aportamos y decidimos sobre lo que sea más conveniente hacer con ellos, pero no dejarlos en secreto como han estado hasta ahora”, subrayó.
Mientras, la investigadora e integrante de la organización Desclasificación Popular, Javiera Campos, recalcó la necesidad de analizar la documentación y publicarlos luego de ser autorizado por los ex presos políticos. “Como es primera vez que se sacan tan masivamente archivos secretos tenemos que leerlos minuciosamente, es decir este “secreto” ha impedido algo tan absurdo como leer los propios testimonios para luego analizarlos”, afirmó.
En tanto, el abogado representante de los ex detenidos políticos de Rancagua, Francisco Jara, señaló que estos antecedentes evidencian la falta de consulta sobre el secreto de los testimonios prestados a la Comisión Valech. “Lo importante es poder constatar que en ninguna parte decía que ellos estaban de acuerdo con la reserva. Al momento de ingresar el proyecto de ley se decía que ellos habrían pedido esto y que quizás no se acordaban porque habían pasado muchos años. Sin embargo, ahora podemos decir que eso es falso”, precisó.
Los archivos se publicarán el próximo 15 de diciembre en el sitio electrónico www.desclasificaciónpopular.cl, y también a través de una intervención artística a cargo del colectivo.
Desde la organización aseguraron que previo a la divulgación de estos antecedentes se consultará a las víctimas porque algunos han optado por borrar sus identificaciones de los documentos para resguardar su privacidad.
Una acción que configura el inicio de la desclasificación de datos y que permitirá realizar un estudio real de lo ocurrido bajo la Dictadura cívico- militar. “No podemos hacer una historia de la tortura sino de la resistencia que sigue estando oculta. Es incomprensible que el Estado siga protegiendo más los archivos que a las víctimas del régimen militar”, recalcaron desde la colectividad.
