Han sido innumerables las veces en que la ex ministra y actual consejera del CDE, Javiera Blanco ha estado en el foco de las críticas.

La crisis en el Servicio Nacional de Menores (Sename), el mal manejo del paro del registro Civil, los problemas de la jubilaciones abultadas en Gendarmería, fueron algunos de los cuestionamientos que incluso le valieron una interpelación en agosto de 2016 cuando ejercía como ministra de Justicia.

A esto se suma la arista sobre gastos reservados del millonario fraude en Carabineros, en donde Javiera Blanco, quien ejerció como subsecretaria de la institución entre 2006 y 2010 habría recibido más de 25 millones de la policía uniformada. En esa época protagonizó otro bullado incidente cuando en 2008 sancionó a dos carabineros por multar el exceso de velocidad de Guido Girardi. Según narró el propio senador, en la oportunidad llamó a Blanco y ella, por propia voluntad, pidió un sumario y amonestación para los funcionarios.

Sin embargo, estos antecedentes no impidieron que desde el Gobierno decidieran nuevamente salir a blindar a quién fue una de las últimas “sobrevivientes” del comando de la presidenta Michelle Bachelet y una cercana colaboradora de la mandataria.

Este martes varios de los ministros del gabinete entre ellos, el titular de la Segpres, Hacienda, Segegob, incluso la ministra de la Mujer, Claudia Pascual, se desplegaron en el Congreso para intentar convencer a sus parlamentarios de no aprobar el informe de la comisión Sename II que establecía una “negligencia inexcusable” por parte de la ex secretaria de Estado, así como de ex la directora del Servicio, la DC, Marcela Labraña.

Para el analista político del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Alejandro Olivares, el Gobierno no tiene muchas opciones luego de que en reiteradas ocasiones le diera su respaldo a la consejera del CDE. “Si cae Javiera Blanco, cae también la Presidenta” indicó, apuntando a la estrategia que han sostenido las autoridades del Ejecutivo, mandatados posiblemente por la propia jefa de Estado.

“el Gobierno, particularmente la Presidenta se la jugó por ella en muchas dimensiones, lo último y los más grafico fue que la respaldó y la colocó en el Consejo de Defesa del Estado. Eso, obliga de alguna manera políticamente a que el Gobierno siempre busque defenderla, hay un compromiso con ella –que lo que tenemos que examinar es a qué se debe ese compromiso- y el Gobierno la va a seguir defendiendo, o sea, no tiene mucho margen de maniobra salvo mantener una defensa lo más corporativa y lo más férrea posible a Javiera Blanco”.

Pero las redes de Javiera Blanco no provienen exclusivamente desde el Gobierno. La también ex ministra del Trabajo se desempañaba antes de asumir como vocera del comando de Bachelet como la directora Ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, entidad de propiedad del fallecido magnate de derecha Agustín Edwards, en donde generó importantes lazos, los que trascendieron durante su permanencia en el Gobierno.

De hecho, luego de arribar al Ministerio de Justicia, varios de sus ex colaboradores de Paz Ciudadana “desembarcaron” en el edificio ubicado en calle Morandé. Francisca Werth, ex directora ejecutiva de la fundación de los Edwards se desempeñó como jefa de estudios y coordinación en el ministerio que ahora lidera Jaime Campos.

Situación similar ocurrió con otros cuatro ex integrantes de Paz Ciudadana que llegaron al ministerio para trabajar en labores de investigación y sistematización de datos.

En ese sentido, Alejandro Olivares recordó que parte de su carrera profesional la dedicó al tema de seguridad, y que “es ahí donde tiene un conjunto de conocidos, redes y demases, quienes perfectamente pueden haber operado para una protección hacia su figura”. Sin embargo, señala, es algo que no se tiene cómo comprobar o demostrar.

La ex ministra, a quienes todos apuntaban como “la favorita” de la Mandataria, también tendría importantes vínculos dentro de la Democracia Cristiana, partido en el que si bien no milita, posee estrechos lazos. Uno de ellos es el de su ex esposo, Eugenio Ortega Frei, hijo de Carmen Frei y sobrino del ex mandatario falangista.

Una de las personas que ha denunciado esta “red de protección” hacia Blanco, es la presidenta de los funcionarios del Sename, Alicia del Basto, quien constantemente ha acusado que la entidad liderada por Solange Huerta es un histórico bastión de la DC.

Consultada sobre este punto, la dirigenta enfatizó que no sólo existe una protección hacia la ex titular de Justicia, sino que también hacia la predecesora de Solange Huerta, Marcela Labraña, aunque por distintas razones.

“Lo que tenemos conocimiento nosotros es que la ministra Blanco es una persona muy cercana a la presidenta Bachelet, por algo se le puso en un cargo en el Consejo de Defensa del Estado (…) y lógicamente si a ella le dan una responsabilidad política en relación al Sename, lo más probable es que tendría que salir del CDE, entonces claramente eso es una protección y un blindaje político. Ahí está también la ex directora, Marcela Labraña que también la sacaron”.

La representante de los funcionarios del Sename aseguró que pese al cambio en la administración del servicio, la entidad continúa funcionando bajo la lógica de los cuoteos políticos, principalmente en relación a la Democracia Cristiana, partido que señala, “ha administrado el Sename durante los últimos 30 años”.