Tanto el Ministerio Público como los querellantes —la Municipalidad de Maipú y el Consejo de Defensa del Estado— pidieron que el exdiputado cumpla la medida cautelar más gravosa, al igual que su exasesor y también imputado, Arnaldo Domínguez.
La senadora aseguró que enfrentará “la situación con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar”. Según la denuncia, el Ministerio Público investiga presuntos sueldos pactados y acuerdos con dineros públicos.
Aunque el ministro de Seguridad cuenta con el respaldo del Ejecutivo por su trayectoria administrativa, la Asociación de Abogados del organismo rechaza un nombramiento externo y exige priorizar la carrera institucional.
La ampliación de querella apunta a coincidencias de viajes y eventuales contactos con directivos de la empresa. El organismo solicitó citar a declarar a ejecutivos y recabar antecedentes de desplazamientos entre 2019 y 2025.
El representante de la estatal expuso que la exjueza actuó con premura en la tramitación de acciones judiciales presentadas por Belaz Movitec, porque necesitaba aprovechar el breve período en que presidiría la Tercera Sala de la Suprema.
El Ministerio Público sostiene que el legislador habría utilizado de manera irregular sus asignaciones parlamentarias, desviando así recursos públicos. La defensa argumenta que todos los informes de asesoría fueron presentados.
La resolución del 7° Juzgado Civil de Santiago señala que “se encuentra acreditado” que Augusto Pinochet “incurrió en conductas que importaron sustracción de caudales públicos”. El fallo de primera instancia aún podría ser apelado.
La acción del Consejo de Defensa del Estado incluye a Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein, a quienes se les imputa “haber incurrido en una serie de maniobras destinadas a desviar dineros públicos provenientes de asignaciones parlamentarias”.
La acción se enmarca en la indagatoria liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente, iniciada a partir de la investigación paralela contra Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú y cónyuge del parlamentario.
La acción apunta a los delitos de fraude al fisco y uso malicioso de instrumento público. La actual alcaldesa, Catalina San Martín, aseguró que aún se quiere hacer un tercer Cesfam, pero enfatizó en que “lo lógico es primero tener un proyecto”.
La Fiscalía formalizó al abogado en calidad de autor del delito de tráfico de influencias. Asimismo, el CDE acusa que Hermosilla, en su calidad de funcionario público, habría “manteniendo un interés económico en los negocios del Grupo Patio”.
La acción legal interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado señala que el expersecutor y el abogado habrían manteniendo constantes conversaciones en las que revelaron asuntos reservado en casos como Exalmar, Penta, Domingo, entre otros.
“Hay un sesgo investigativo por parte de la Fiscalía”, afirmó el defensor del edil, Ramón Sepúlveda, mientras que el abogado del CDE, Daniel Martorell, señaló que “la corrupción no tiene colores políticos”.
El escrito fue ingresado un día antes de que se lleve a cabo la audiencia de comunicación de cargos al jefe comunal. En tanto, la defensa del edil solicitó su sobreseimiento en la investigación.
En el marco de la cuenta pública del CDE, el presidente de la institución, Raúl Letelier, expuso que la entidad ha otorgado “una prioridad estratégica” al refuerzo de la capacidad de acción para la persecución de crímenes de este tipo.
La orden de no innovar solicitada por el abogado Mario Vargas pretendía impedir que la CDE accediera a sus conversaciones con Hermosilla por considerarlas de carácter privado. Sin embargo, la última pronunciación la tendrá el Tribunal de Alzada.
El tribunal, en fallo unánime, determinó que no existía un derecho claro en riesgo y que la acción constitucional no podía prosperar. La acción legal fue presentada por el abogado Mario Andrés Vargas Cociña contra el CDE y el Ministerio Público.
