INDH presenta recurso por el derecho a sufragio de personas privadas de libertad

La medida fue interpuesta en favor de 250 personas en 12 regiones del país. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Branislav Marelic, señaló que desde la vuelta a la democracia ninguna persona privada de libertad ha votado.

La medida fue interpuesta en favor de 250 personas en 12 regiones del país. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Branislav Marelic, señaló que desde la vuelta a la democracia ninguna persona privada de libertad ha votado.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó recursos de protección en 12 regiones, por el derecho a sufragio de personas privadas de libertad que se encuentran en penales a lo largo de todo el país y que suman un par de centenares.

El director del INDH, Branislav Marelic, explicó que la medida fue interpuesta en favor de 250 personas que quieren votar para las elecciones de este año, pero que no pueden “porque no ha existido ninguna garantía de parte del Servicio Electoral (Servel) o de Gendarmería”.

“Las personas que están en prisión preventiva o condenadas a menos de tres años de cárcel efectiva, tienen derecho a voto. Lo que el INDH está defendiendo hoy no es la creación de un derecho nuevo, sino el ejercicio de algo existente. Creemos que esto es algo que tiene que expandirse a toda la población penal”, explicó.

Marelic señaló que desde la vuelta a la democracia ninguna persona privada de libertad ha votado y que desde el año pasado que el Instituto está ejerciendo acciones legales por el derecho a voto.

Además, comentó que en varias oportunidades han invitado al Gobierno, a Gendarmería y al Servel para formar mesas de trabajo, pero que éstas no se han llevado a cabo.

Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Campos, indicó que los tribunales tendrán que resolver sobre el recurso interpuesto por el INDH, agregando que para que los reclusos puedan votar se necesita una modificación legal que, desde su perspectiva, difícilmente se concretará en este gobierno. “Si una persona está cumpliendo condena acá en Santiago y está inscrito en Punta Arenas, ¿quiere decir que el Estado tiene la obligación de trasladarlo en avión al lugar donde tiene que votar?”.

Desde el INDH recordaron que el año pasado distintas organizaciones solicitaron el derecho a voto de personas privadas de libertad, lo cual fue acogido por la Corte Suprema.





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