Tan solo once días van a transcurrir en este nuevo período de renovación parlamentaria para que, durante la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados deba ratificar o rechazar el Acuerdo de Libre Comercio (TLC) firmado entre Chile y Uruguay durante 2016, un hecho que provocó reacciones contrarias en ambos países.
Para los congresistas ha existido muy poca información. Ni siquiera les entregaron un documento que indique detalles del acuerdo o proyecte sus impactos negativos y positivos, según comentó Tomás Hirsch, del Partido Humanista. El diputado adhirió a la tesis de algunas organizaciones respecto de la escasa transparencia con la que se han manejado estas negociaciones: “No solo a nosotros, sino que sobre todo a la ciudadanía. Estos tratados se firman, lamentablemente, de espaldas a la gente. Nuestra postura es que tiene que haber un debate amplio, conocimiento, discusión, participación de centros de estudio, de organizaciones sociales, del mundo académico, del mundo económico de la micro y mediana empresa que se puedan ver afectadas. Nada de eso ha existido”, dijo.
En Uruguay, la suscripción del acuerdo provocó una disputa interna en la mismísima coalición gobernante, el Frente Amplio. Tres han sido los sectores que plantearon sus críticas: la agrupación Casa Grande, el Partido Comunista y el Partido Socialista, esta última la colectividad del presidente Tabaré Vázquez.
Las diferencias llegaron a congelar el proyecto en el Senado y, a diferencia de Chile, se realizará un plenario oficialista el próximo 28 de abril para analizar el documento. En la ocasión se planteará una tercera alternativa, según comentó Roberto Chiazzaro, diputado del PS uruguayo, quien recalcó que entre ambos países ya existen tres tratados que han facilitado el comercio. “No estamos de acuerdo con algunas cláusulas que tienen que ver con imposiciones que tengan una pérdida de soberanía”, dijo sobre este convenio.
Bajo esas condiciones, el frenteamplismo uruguayo resolvió confeccionar un documento que recoge los consensos del tratado, pero también los puntos de disenso. Sobre ese insumo se trabajará en la reunión que sostendrán a fines de abril. En caso de que no se evalúen las distintas posiciones, agregó Chiazzaro, “queda congelada la aprobación o el rechazo del TLC en el Parlamento”.
“Nosotros deberíamos tener un estudio de impacto, algo que creo que Chile tampoco tiene. Necesitamos un estudio para ver cómo nos ha ido, si son suficientes los tres acuerdos que ya tenemos y para saber si este acuerdo beneficia a Uruguay o no. Capaz que beneficia a Chile y perjudica a Uruguay, pero yo necesito que alguien lo especifique bien”, argumentó.
Si bien el TLC no puede ser modificado en el Poder Legislativo, el diputado uruguayo destacó que si llega a haber voluntad por conversarlo -en vista del secretismo con el que se ha desarrollado-, las “dos naciones pueden retirarlos de sus parlamentos y hacer modificaciones”.
Uno de los puntos controversiales, que ha sido visibilizado por la plataforma Chile Mejor sin TLC, se encuentra en el anexo 18.2 del texto, que limitaría la posibilidad de hacer cambios estructurales que afecten, incluso, las expectativas de negocio que tendrían los inversionistas.
Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, explicó que ese es uno de los problemas los llamados tratados de segunda generación: “Si originalmente los TLC cuidan la situación de los inversionistas, éstos hacen especial énfasis en el beneficio esperado de esos agentes”, advirtió.
“Esos beneficios esperados se proyectan en virtud de las condiciones especiales en las cuales invierten. Por tanto, si esas condiciones cambiaran, porque un país quiere hacer un cambio en su sistema tributario, de pensiones, o algunas medidas en su matriz productiva, como salario mínimo, podría verse impedido en la medida que estas empresas podrían demandar al Estado chileno si es que realiza estos cambios que afecten su proyección de ganancias”, concluyó.
Tan solo once días van a transcurrir en este nuevo período de renovación parlamentaria para que, durante la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados deba ratificar o rechazar el Acuerdo de Libre Comercio (TLC) firmado entre Chile y Uruguay durante 2016, un hecho que provocó reacciones contrarias en ambos países.
Para los congresistas ha existido muy poca información. Ni siquiera les entregaron un documento que indique detalles del acuerdo o proyecte sus impactos negativos y positivos, según comentó Tomás Hirsch, del Partido Humanista. El diputado adhirió a la tesis de algunas organizaciones respecto de la escasa transparencia con la que se han manejado estas negociaciones: “No solo a nosotros, sino que sobre todo a la ciudadanía. Estos tratados se firman, lamentablemente, de espaldas a la gente. Nuestra postura es que tiene que haber un debate amplio, conocimiento, discusión, participación de centros de estudio, de organizaciones sociales, del mundo académico, del mundo económico de la micro y mediana empresa que se puedan ver afectadas. Nada de eso ha existido”, dijo.
En Uruguay, la suscripción del acuerdo provocó una disputa interna en la mismísima coalición gobernante, el Frente Amplio. Tres han sido los sectores que plantearon sus críticas: la agrupación Casa Grande, el Partido Comunista y el Partido Socialista, esta última la colectividad del presidente Tabaré Vázquez.
Las diferencias llegaron a congelar el proyecto en el Senado y, a diferencia de Chile, se realizará un plenario oficialista el próximo 28 de abril para analizar el documento. En la ocasión se planteará una tercera alternativa, según comentó Roberto Chiazzaro, diputado del PS uruguayo, quien recalcó que entre ambos países ya existen tres tratados que han facilitado el comercio. “No estamos de acuerdo con algunas cláusulas que tienen que ver con imposiciones que tengan una pérdida de soberanía”, dijo sobre este convenio.
Bajo esas condiciones, el frenteamplismo uruguayo resolvió confeccionar un documento que recoge los consensos del tratado, pero también los puntos de disenso. Sobre ese insumo se trabajará en la reunión que sostendrán a fines de abril. En caso de que no se evalúen las distintas posiciones, agregó Chiazzaro, “queda congelada la aprobación o el rechazo del TLC en el Parlamento”.
“Nosotros deberíamos tener un estudio de impacto, algo que creo que Chile tampoco tiene. Necesitamos un estudio para ver cómo nos ha ido, si son suficientes los tres acuerdos que ya tenemos y para saber si este acuerdo beneficia a Uruguay o no. Capaz que beneficia a Chile y perjudica a Uruguay, pero yo necesito que alguien lo especifique bien”, argumentó.
Si bien el TLC no puede ser modificado en el Poder Legislativo, el diputado uruguayo destacó que si llega a haber voluntad por conversarlo -en vista del secretismo con el que se ha desarrollado-, las “dos naciones pueden retirarlos de sus parlamentos y hacer modificaciones”.
Uno de los puntos controversiales, que ha sido visibilizado por la plataforma Chile Mejor sin TLC, se encuentra en el anexo 18.2 del texto, que limitaría la posibilidad de hacer cambios estructurales que afecten, incluso, las expectativas de negocio que tendrían los inversionistas.
Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, explicó que ese es uno de los problemas los llamados tratados de segunda generación: “Si originalmente los TLC cuidan la situación de los inversionistas, éstos hacen especial énfasis en el beneficio esperado de esos agentes”, advirtió.
“Esos beneficios esperados se proyectan en virtud de las condiciones especiales en las cuales invierten. Por tanto, si esas condiciones cambiaran, porque un país quiere hacer un cambio en su sistema tributario, de pensiones, o algunas medidas en su matriz productiva, como salario mínimo, podría verse impedido en la medida que estas empresas podrían demandar al Estado chileno si es que realiza estos cambios que afecten su proyección de ganancias”, concluyó.
Tan solo once días van a transcurrir en este nuevo período de renovación parlamentaria para que, durante la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados deba ratificar o rechazar el Acuerdo de Libre Comercio (TLC) firmado entre Chile y Uruguay durante 2016, un hecho que provocó reacciones contrarias en ambos países.
Para los congresistas ha existido muy poca información. Ni siquiera les entregaron un documento que indique detalles del acuerdo o proyecte sus impactos negativos y positivos, según comentó Tomás Hirsch, del Partido Humanista. El diputado adhirió a la tesis de algunas organizaciones respecto de la escasa transparencia con la que se han manejado estas negociaciones: “No solo a nosotros, sino que sobre todo a la ciudadanía. Estos tratados se firman, lamentablemente, de espaldas a la gente. Nuestra postura es que tiene que haber un debate amplio, conocimiento, discusión, participación de centros de estudio, de organizaciones sociales, del mundo académico, del mundo económico de la micro y mediana empresa que se puedan ver afectadas. Nada de eso ha existido”, dijo.
En Uruguay, la suscripción del acuerdo provocó una disputa interna en la mismísima coalición gobernante, el Frente Amplio. Tres han sido los sectores que plantearon sus críticas: la agrupación Casa Grande, el Partido Comunista y el Partido Socialista, esta última la colectividad del presidente Tabaré Vázquez.
Las diferencias llegaron a congelar el proyecto en el Senado y, a diferencia de Chile, se realizará un plenario oficialista el próximo 28 de abril para analizar el documento. En la ocasión se planteará una tercera alternativa, según comentó Roberto Chiazzaro, diputado del PS uruguayo, quien recalcó que entre ambos países ya existen tres tratados que han facilitado el comercio. “No estamos de acuerdo con algunas cláusulas que tienen que ver con imposiciones que tengan una pérdida de soberanía”, dijo sobre este convenio.
Bajo esas condiciones, el frenteamplismo uruguayo resolvió confeccionar un documento que recoge los consensos del tratado, pero también los puntos de disenso. Sobre ese insumo se trabajará en la reunión que sostendrán a fines de abril. En caso de que no se evalúen las distintas posiciones, agregó Chiazzaro, “queda congelada la aprobación o el rechazo del TLC en el Parlamento”.
“Nosotros deberíamos tener un estudio de impacto, algo que creo que Chile tampoco tiene. Necesitamos un estudio para ver cómo nos ha ido, si son suficientes los tres acuerdos que ya tenemos y para saber si este acuerdo beneficia a Uruguay o no. Capaz que beneficia a Chile y perjudica a Uruguay, pero yo necesito que alguien lo especifique bien”, argumentó.
Si bien el TLC no puede ser modificado en el Poder Legislativo, el diputado uruguayo destacó que si llega a haber voluntad por conversarlo -en vista del secretismo con el que se ha desarrollado-, las “dos naciones pueden retirarlos de sus parlamentos y hacer modificaciones”.
Uno de los puntos controversiales, que ha sido visibilizado por la plataforma Chile Mejor sin TLC, se encuentra en el anexo 18.2 del texto, que limitaría la posibilidad de hacer cambios estructurales que afecten, incluso, las expectativas de negocio que tendrían los inversionistas.
Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, explicó que ese es uno de los problemas los llamados tratados de segunda generación: “Si originalmente los TLC cuidan la situación de los inversionistas, éstos hacen especial énfasis en el beneficio esperado de esos agentes”, advirtió.
“Esos beneficios esperados se proyectan en virtud de las condiciones especiales en las cuales invierten. Por tanto, si esas condiciones cambiaran, porque un país quiere hacer un cambio en su sistema tributario, de pensiones, o algunas medidas en su matriz productiva, como salario mínimo, podría verse impedido en la medida que estas empresas podrían demandar al Estado chileno si es que realiza estos cambios que afecten su proyección de ganancias”, concluyó.
