Inversiones por $ 65 mil millones de dólares distribuidas en más de 200 proyectos con potencialidad de generar unos 250 mil puestos de trabajo, según se informó, comenzarían a ser destrabados una vez puestas en prácticas la veintena de medidas pro inversión que tendrá a su cargo la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), proyecto de ley que el Presidente Piñera firmó a comienzos de la semana en un acto en La Moneda en el que estuvieron presentes hasta los ex ministro de Hacienda y Economía de Bachelet, Rodrigo Valdés y Jorge Rodríguez Grossi, respectivamente

Como se sabe, junto al proyecto, el mandatario anunció una serie de medidas administrativas de desburocratización cuyo propósito es disminuir los tiempos de materialización de los proyectos, entre las cuales destacó el posibilitar a los municipios la entrega inmediata de una patente provisoria por dos años para todos aquellos locales que cumplan con los requisitos que establece la ley, lo que junto con la implementación de una plataforma digital para hacer los trámites ante las Direcciones de Obras Municipales, debería favorecer el emprendimiento de pequeños y medianos empresarios.

Asimismo, se busca reducir significativamente los tiempos de aprobación de los proyectos de obras hidráulicas, que actualmente toman años, evitando la doble aprobación por unidades de un mismo ministerio; permitir que se constituyan garantías, prendas o hipotecas sobre los derechos de concesiones marítimas; crear una plataforma digital para recibir y tramitar todas las presentaciones relacionadas con los derechos de aprovechamiento de aguas; y posibilitar que el SERNAGEOMIN mantenga actualizado el Catastro de Concesiones Mineras, usando las publicaciones de los Boletines Oficiales de Minería.

Por otro lado, el Gobierno busca regular mejor la suspensión provisoria de una obra nueva, evitando que demandas infundadas paralicen grandes proyectos de inversión, al tiempo que se permitirá que revisores independientes puedan realizar las inspecciones que muchas veces el sector público se demora años en materializar.

En el sector ambiental, Piñera anunció que se busca que los planes de prevención y descontaminación puedan distinguir entre distintos tipos de fuentes contaminantes; facilitar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para omitir el pronunciamiento de servicios cuando éstos no están fundados o cuando se encuentran fuera de su competencia, evitando así la proliferación de opiniones sin fundamentos; y generar un procedimiento para pedir y obtener un pronunciamiento previo de parte de la autoridad competente, para saber si dicha evaluación es pertinente. A mismo tiempo se reforzará el SEA como ventanilla única, respecto de todos los permisos sectoriales que entrega el Estado para la evaluación de un proyecto de inversión.

De acuerdo a lo indicado por el jefe de Estado, a estas acciones se sumará el trabajo de una mesa para un Acuerdo Nacional para el Desarrollo cuya conformación se informará en los próximos días. Como señal de la predisposición hacia la integración de distintas opiniones en estas mesas de acuerdo, Piñera adelantó que varias de las medidas señaladas corresponden a iniciativas del Gobierno de Bachelet, afirmando que “no hay nada más progresista que el proceso y nada más retrógrado que el estancamiento”.

Desde luego, los anuncios fueron recibidos positivamente por dirigentes empresariales presentes, entre ellos, el nuevo presidente de la CPC, Alfonso Swett y el líder de la SFF, Bernardo Larraín Matte, quienes coincidieron en que aumentar la inversión es un gran desafío, al tiempo que facilitarla en áreas como el SEA y la Dirección General de Aguas es clave, en la medida que son las dos principales agencias estatales por las que pasa el flujo de inversión en Chile.

Con el paquete de medidas anunciadas el Gobierno espera reducir en al menos seis meses la tramitación de proyectos, un avance relevante respecto de los ritmos de tramitación ambiental actual que demoran en promedio cerca de 2,3 años y la tramitación total entre 4 y 5 años.

Si bien la certeza jurídica y la desburocratización facilitan la gestión de proyectos de inversión, pues las demoras en su materialización, desarrollo y recepción de retornos, encarecen sus costos, afectando las rentabilidades estimadas, la pregunta es si estas solas medidas permitirán realmente desbloquear los proyectos en stand by actuales e incrementar el ritmo de crecimiento y empleo.

En efecto, buena parte de aquellos corresponden al área minera, sector que es poco intensivo en mano de obra y que, más que por razones internas, ha estado deprimido por la ralentización de la economía mundial, lo que, a su turno, ha bajado los precios de sus productos, una condición que aún se observa, unida ahora a los peligros geopolíticos de una guerra comercial entre las grandes potencias, todos hechos que aconsejan prudencia en la inversión y la toma de riesgos. Una situación similar se puede afirmar de la agricultura exportadora.

En construcción, en tanto, si bien los proyectos de infraestructura y concesiones portuarias, camineras, aeropuertos, aguas o energía -que generan más trabajo y mejoran la productividad nacional- pueden impulsar la economía en el corto  plazo, aunque con un esfuerzo inversor público-privado que acelere sus concreciones, lo habitacional parece tener hoy techo objetivo de incremento, dado cierto desajuste entre oferta y demanda, afectada por el alto endeudamiento de las capas medias y las perspectivas de alzas de tasas de interés en los próximos meses.

Sabemos que las decisiones de inversión privada son guiadas fundamentalmente por la rentabilidad de los proyectos y si bien dar certeza jurídica al capital y desburocratizar su gestión ayuda a mejorar los retornos de aquellos, el mercado y comercio interno depende sustantivamente de la demanda y los precios de bienes y servicios, razón por la que las bajas remuneraciones que afectan a parte importante de la población y el alto endeudamiento de sectores medios, pueden ser causas aún más relevantes de la lenta actividad de 2017.

Así, no obstante las buenas noticias de crecimiento del primer trimestre 2018, la persistencia de esas variables estructurales, así como el alto endeudamiento empresarial, podría limitar el ritmo de crecimiento futuro, transformándose en un detente para impulsar nuevas inversiones en las áreas que atienden la demanda interna. Es de esperar que la próxima mesa de acuerdo nacional para el desarrollo ponga foco en fórmulas para nutrir la debilitada demanda de sectores medios y populares.