Este fin de semana se dio a conocer que el presidente Sebastián Piñera decidió el indulto del coronel en retiro, René Cardemil, condenado por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.
Aunque esto no llegó a producir efectos prácticos debido a la muerte de Cardemil el 7 de abril en el Hospital Militar, , si se creó una fuerte controversia respecto del uso de esta prerrogativa presidencial. Desde el gobierno defendieron la decisión apelando a razones de índole humanitaria.
En ese sentido, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, señaló a los medios que la voluntad del gobierno es crear una nueva regulación respecto de la aplicación de los indultos, de modo que dejen de estar en manos exclusivas del Presidente de la República y pasen a ser decididos por el Poder Judicial.
“Nuestra voluntad, más que de seguir otorgando estos indultos, es generar mediante una ley, la Ley Humanitaria que permita a través de un proceso judicial poder definir quién, cómo y cuándo pueden acogerse a esta situación de grave enfermedad terminal o una situación de invalidez total, física y mental”.
Esta tarde, en el vespertino La Segunda, el titular de Justicia manifestó que el proyecto de ley que sería enviado al congreso está en etapa de “las últimas revisiones”.
Las exigencias de la Oposición
La diputada comunista Carmen Hertz (PC) explicó que en el derecho internacional “hay normas que establecen las condiciones para que un criminal de lesa humanidad en estado terminal pueda acceder a cumplir el resto de la pena en arresto domiciliario”.
Las condiciones para la concesión de indultos por razones humanitarias incluyen que la condena haya sido proporcional al delito, que haya arrepentimiento eficaz, colaboración sustancial con la justicia y que la enfermedad terminal sea certificada por médicos independientes.
La abogada fue enfática al señalar que los indultos “no son aplicables para genocidas, sí beneficios carcelarios para criminales de lesa humanidad con enfermedades terminales. No que sean viejos, porque la edad no ha sido nunca condición para acceder a beneficios carcelarios tratándose de genocidas”.
El senador socialista Juan Pablo Letelier también emitió su opinión respecto de la situación específica de los presos de Punta Peuco. “(Ellos) evadieron por muchos años a la justicia y por eso son de edad avanzada, pero están en uso de sus facultades, no son enfermos terminales. Se les condenó a cadena perpetua para que pasen el resto de su vida presos”.
El hijo del asesinado canciller Orlando Letelier, puntualizó que la oposición revisará la propuesta de ley del gobierno en su mérito, pero aclaró que no permitirán que esta ley sea una puerta para admitir ninguna clase de impunidad.
Este fin de semana se dio a conocer que el presidente Sebastián Piñera decidió el indulto del coronel en retiro, René Cardemil, condenado por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.
Aunque esto no llegó a producir efectos prácticos debido a la muerte de Cardemil el 7 de abril en el Hospital Militar, , si se creó una fuerte controversia respecto del uso de esta prerrogativa presidencial. Desde el gobierno defendieron la decisión apelando a razones de índole humanitaria.
En ese sentido, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, señaló a los medios que la voluntad del gobierno es crear una nueva regulación respecto de la aplicación de los indultos, de modo que dejen de estar en manos exclusivas del Presidente de la República y pasen a ser decididos por el Poder Judicial.
“Nuestra voluntad, más que de seguir otorgando estos indultos, es generar mediante una ley, la Ley Humanitaria que permita a través de un proceso judicial poder definir quién, cómo y cuándo pueden acogerse a esta situación de grave enfermedad terminal o una situación de invalidez total, física y mental”.
Esta tarde, en el vespertino La Segunda, el titular de Justicia manifestó que el proyecto de ley que sería enviado al congreso está en etapa de “las últimas revisiones”.
Las exigencias de la Oposición
La diputada comunista Carmen Hertz (PC) explicó que en el derecho internacional “hay normas que establecen las condiciones para que un criminal de lesa humanidad en estado terminal pueda acceder a cumplir el resto de la pena en arresto domiciliario”.
Las condiciones para la concesión de indultos por razones humanitarias incluyen que la condena haya sido proporcional al delito, que haya arrepentimiento eficaz, colaboración sustancial con la justicia y que la enfermedad terminal sea certificada por médicos independientes.
La abogada fue enfática al señalar que los indultos “no son aplicables para genocidas, sí beneficios carcelarios para criminales de lesa humanidad con enfermedades terminales. No que sean viejos, porque la edad no ha sido nunca condición para acceder a beneficios carcelarios tratándose de genocidas”.
El senador socialista Juan Pablo Letelier también emitió su opinión respecto de la situación específica de los presos de Punta Peuco. “(Ellos) evadieron por muchos años a la justicia y por eso son de edad avanzada, pero están en uso de sus facultades, no son enfermos terminales. Se les condenó a cadena perpetua para que pasen el resto de su vida presos”.
El hijo del asesinado canciller Orlando Letelier, puntualizó que la oposición revisará la propuesta de ley del gobierno en su mérito, pero aclaró que no permitirán que esta ley sea una puerta para admitir ninguna clase de impunidad.
Este fin de semana se dio a conocer que el presidente Sebastián Piñera decidió el indulto del coronel en retiro, René Cardemil, condenado por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.
Aunque esto no llegó a producir efectos prácticos debido a la muerte de Cardemil el 7 de abril en el Hospital Militar, , si se creó una fuerte controversia respecto del uso de esta prerrogativa presidencial. Desde el gobierno defendieron la decisión apelando a razones de índole humanitaria.
En ese sentido, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, señaló a los medios que la voluntad del gobierno es crear una nueva regulación respecto de la aplicación de los indultos, de modo que dejen de estar en manos exclusivas del Presidente de la República y pasen a ser decididos por el Poder Judicial.
“Nuestra voluntad, más que de seguir otorgando estos indultos, es generar mediante una ley, la Ley Humanitaria que permita a través de un proceso judicial poder definir quién, cómo y cuándo pueden acogerse a esta situación de grave enfermedad terminal o una situación de invalidez total, física y mental”.
Esta tarde, en el vespertino La Segunda, el titular de Justicia manifestó que el proyecto de ley que sería enviado al congreso está en etapa de “las últimas revisiones”.
Las exigencias de la Oposición
La diputada comunista Carmen Hertz (PC) explicó que en el derecho internacional “hay normas que establecen las condiciones para que un criminal de lesa humanidad en estado terminal pueda acceder a cumplir el resto de la pena en arresto domiciliario”.
Las condiciones para la concesión de indultos por razones humanitarias incluyen que la condena haya sido proporcional al delito, que haya arrepentimiento eficaz, colaboración sustancial con la justicia y que la enfermedad terminal sea certificada por médicos independientes.
La abogada fue enfática al señalar que los indultos “no son aplicables para genocidas, sí beneficios carcelarios para criminales de lesa humanidad con enfermedades terminales. No que sean viejos, porque la edad no ha sido nunca condición para acceder a beneficios carcelarios tratándose de genocidas”.
El senador socialista Juan Pablo Letelier también emitió su opinión respecto de la situación específica de los presos de Punta Peuco. “(Ellos) evadieron por muchos años a la justicia y por eso son de edad avanzada, pero están en uso de sus facultades, no son enfermos terminales. Se les condenó a cadena perpetua para que pasen el resto de su vida presos”.
El hijo del asesinado canciller Orlando Letelier, puntualizó que la oposición revisará la propuesta de ley del gobierno en su mérito, pero aclaró que no permitirán que esta ley sea una puerta para admitir ninguna clase de impunidad.
