Un listado oficial del Ejército israelí identifica a 111 ciudadanos con doble nacionalidad, lo que abre un debate jurídico sobre la jurisdicción chilena para perseguir crímenes de guerra cometidos en Gaza y Cisjordania.
Nueve expertos de la Organización de las Naciones Unidas alertaron que los los documentos dan cuenta de abusos de tal magnitud, persistencia y alcance internacional que posiblemente se encuadren jurídicamente como “crímenes de lesa humanidad”.
Jaime Bellolio (UDI), vocero de Matthei, rechazó un eventual indulto de Johannes Kaiser a Miguel Krassnoff. En TVN, Bellolio lo calificó de “criminal” con más de 700 años de condena, asegurando que “tiene que estar en la cárcel”.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, defendió la conversión de Punta Peuco a cárcel común, asegurando que es una decisión del Presidente Boric para “terminar con los recintos especiales” para criminales de lesa humanidad.
El Gobierno estaría acelerando los trabajos para cumplir la promesa de convertir Punta Peuco, penal para condenados por lesa humanidad, en una cárcel común. Ya se adjudicaron tres licitaciones para obras como el galpón de visitas.
El sábado 6 de septiembre centenares de personas, pertenecientes a agrupaciones de derechos humanos, familiares de detenidos desaparecidos, campesinos y habitantes de distintas ciudades cercanas y de Santiago, llegaron hasta la ex Colonia Dignidad, actual Villa Baviera, ubicada en Parral, región del Maule. La actividad, convocada por dichas organizaciones en conmemoración del 11 de septiembre […]
Un informe de la Oficina de DDHH de Naciones Unidas describe que en la última década el régimen de Kim Jong-un no solo mantiene, sino que intensifica, leyes y prácticas destinadas a controlar todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos.
Adriana Rivas, alias “La Chani” fue secretaria del director de la DINA Manuel “Mamo” Contreras y es requerida por el Estado de Chile como coautora de los secuestros calificados de militantes del Partido Comunista en contexto de dictadura.
El abogado de DD.HH. celebró la decisión del Gobierno de poner fin al estatus especial del penal. Además, descartó que una eventual segregación o aumento de plazas en el recinto signifique la afectación de garantías constitucionales de los reos.
El grupo islamista estaría esperando la respuesta israelí para lograr un alto al fuego en el destruido enclave. La organización llamó a jornadas internacionales para denunciar “el genocidio y la muerte por inanición” de la población palestina.
Se trata de 14 ex agentes del Estado y 2 civiles involucrados en el asesinato de Víctor Jara y Littré Quiroga, el crimen del diplomático español Carmelo Soria, Operación Cóndor, Caravana de la Muerte, caso “Quemados” y la masacre en Laja-San Rosendo.
El Tribunal declaró la responsabilidad de la Corte Suprema por la violación a los derechos de garantías judiciales, así como de la protección judicial en los casos de 44 detenidos desaparecidos y cinco ejecutados políticos.
En entrevista con Radio U. Chile, el secretario de Estado se refirió al primer año de implementación del Plan de Búsqueda. Además, defendió la labor del INDH en el estallido social, pues hubo vulneraciones y se presentaron querellas al respecto.
La iniciativa de oposición fue aprobada este lunes por la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. En la práctica, la legislación beneficiaría a 325 reos mayores de 75 años, de los cuales, 246 están condenados por crímenes de lesa humanidad.
En lo fundamental, el proyecto “regula el beneficio y modifica el lugar de cumplimiento de la pena privativa de libertad, reemplazándola por la reclusión domiciliaria total, en los casos y condiciones que indica”.
El senador del PS e integrante de la Comisión de Derechos Humanos cuestionó que, en el caso de condenados por crímenes de lesa humanidad “no han tenido la actitud de ser capaces de colaborar y de reparar, sobre todo a los familiares” de las víctimas.
Para el abogado Francisco Bustos es una situación preocupante que debería ser una prioridad para las autoridades, además que desafían a los tribunales de justicia, Carabineros y a la PDI. “Representa una falta grave a los deberes estatales”, destacó.
