Se trata de 14 ex agentes del Estado y 2 civiles involucrados en el asesinato de Víctor Jara y Littré Quiroga, el crimen del diplomático español Carmelo Soria, Operación Cóndor, Caravana de la Muerte, caso “Quemados” y la masacre en Laja-San Rosendo.
El Tribunal declaró la responsabilidad de la Corte Suprema por la violación a los derechos de garantías judiciales, así como de la protección judicial en los casos de 44 detenidos desaparecidos y cinco ejecutados políticos.
En entrevista con Radio U. Chile, el secretario de Estado se refirió al primer año de implementación del Plan de Búsqueda. Además, defendió la labor del INDH en el estallido social, pues hubo vulneraciones y se presentaron querellas al respecto.
La iniciativa de oposición fue aprobada este lunes por la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. En la práctica, la legislación beneficiaría a 325 reos mayores de 75 años, de los cuales, 246 están condenados por crímenes de lesa humanidad.
En lo fundamental, el proyecto “regula el beneficio y modifica el lugar de cumplimiento de la pena privativa de libertad, reemplazándola por la reclusión domiciliaria total, en los casos y condiciones que indica”.
El senador del PS e integrante de la Comisión de Derechos Humanos cuestionó que, en el caso de condenados por crímenes de lesa humanidad “no han tenido la actitud de ser capaces de colaborar y de reparar, sobre todo a los familiares” de las víctimas.
Para el abogado Francisco Bustos es una situación preocupante que debería ser una prioridad para las autoridades, además que desafían a los tribunales de justicia, Carabineros y a la PDI. “Representa una falta grave a los deberes estatales”, destacó.
Alejandra Placencia indicó que las medidas impulsadas por Republicanos buscan crear una propuesta “antimujeres”. Andrés Giordano calificó la propuesta de dejar con arresto domiciliario a condenados por crímenes de lesa humanidad como un indulto.
El exjuez entregó detalles de la detención de Pinochet dictada a pocas horas que abandonara Londres en octubre de 1998. “No hacerlo significaba no haber dado todo lo que en ese momento se me exigía como profesional del derecho”, indicó.
El máximo tribunal condenó a exagentes del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR) por delitos de secuestro agravado de connotación sexual en contra de Patricia Herrera Escobar y Ana María Campillo Bastidas en 1974.
“Creemos que nuestro Gobierno tiene la facultad para hacer los traslados. Si en algún momento el ex presidente Sebastián Piñera lo planteó, creo que en estas circunstancias se debe hacer”, dijo la legisladora.
El ex comandante en jefe del Ejército deberá cumplir tres años y un día de presidio, con beneficio de libertad vigilada, por su responsabilidad como encubridor en el asesinato de 15 opositores en el Regimiento Arica en La Serena.
La entidad, junto a organizaciones de víctimas de represión, presentó una querella contra el exdirector por, en su opinión, encubrir crímenes de lesa humanidad. El abogado Yuri Vásquez afirmó que Micco antepuso razones políticas a su mandato.
A casi 50 años del golpe de Estado, las autoridades anunciaron un Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos. La diputada Lorena Pizarro (PC) afirma que las “voluntades políticas expresadas se tienen que materializar en acciones”.
La Corte Suprema confirmó condenas para responsables de la desaparición de cinco militantes de izquierda, entre ellos el secretario general de las Juventudes Comunistas, José Weibel de 33 años, padre del periodista e investigador.
El historiador afirmó que “ahora hay que seguir con los otros símbolos de la dictadura y signos de glorificación de violaciones de los derechos humanos, que por desgracia subsisten aún muy numerosos en nuestro país”.
El profesional destacó el fallo de la Corte Suprema en el caso de los crímenes de Paine porque no acepta la prescripción, la amnistía ni la media prescripción y está ajustado en el derecho internacional de los derechos humanos.
