El secretario de Estado afirmó que cada petición de este beneficio presidencial se evalúa según los antecedentes particulares del expediente. Desde la AFEP criticaron que “los valores humanos no son muy relevantes” para el Gobierno.
La cifra fue entregada luego de una consulta realizada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, la senadora Fabiola Campillai.
Por medio de una carta, las organizaciones se declararon en “estado de alerta”, mientras la senadora informó que citará al ministro de Justicia, Fernando Rabat, a la Comisión de Derechos Humanos para abordar las inquietudes planteadas.
La vicepresidenta de la Cámara de Diputados analizó las primeras semanas del Gobierno de José Antonio Kast, cuestionando la gestión de crisis, el uso de indultos y la falta de apoyo a Michelle Bachelet para la ONU.
A la luz del desmantelamiento del Plan Nacional de Búsqueda y la reversión de la expropiación de Colonia Dignidad, Daniela Quintanilla aseguró que no hay un compromiso claro del Ejecutivo por dar continuidad a las políticas de derechos humanos.
Aunque reconoció que se trata de una atribución presidencial, la senadora planteó reparos sobre el momento político en que se abrió este debate. “Podría haber esperado un poco más, a lo mejor sí”, señaló.
El ministro secretario General de la Presidencia abordó en ICARE los principales proyectos que impulsará durante su gestión, junto con su mirada sobre la contingencia política y los desafíos de coordinación entre el Ejecutivo y la oposición.
El senador Pedro Araya llamó a evitar simplificaciones y revisar los antecedentes judiciales de cada caso. Desde la academia, Myrna Villegas y Cristián Riego advirtieron que las decisiones deben estar justificadas y considerar sus efectos en DD.HH.
El jefe de gabinete defendió la autonomía del Ejecutivo para ejercer sus facultades constitucionales, asegurando que el carácter y la toma de decisiones son fundamentales para cumplir el mandato ciudadano.
La vicepresidenta de la Cámara advirtió que retomar esta discusión “incomoda a la ciudadanía” y pidió cautela al Ejecutivo para no repetir los errores de administraciones pasadas.
El Mandatario está evaluando los casos de uniformados condenados por delitos en el marco del estallido social. Parlamentarios de oposición califican la medida como “una vergüenza” e indican que contraviene tratados de derechos humanos.
Frente al anuncio de José Antonio Kast de indultar a uniformados condenados en el marco del estallido social, el diputado Juan Marcelo Valenzuela calificó la medida como compleja. “Ya vimos lo que ocurrió con el expresidente (Boric)”, advirtió.
La parlamentaria de Renovación Nacional abordó el panorama interno de su sector de cara al 16 de noviembre. Además, se refirió a los dichos de Johannes Kaiser sobre un eventual indulto a presos por crímenes de lesa humanidad.
El diputado señaló que “el Presidente de los indultos y de las pensiones de gracia, en medio de una crisis de seguridad, deben quedar atrás”. Así, dijo que la actual administración “requiere un golpe de timón” de parte del Presidente Boric.
Según publica hoy La Tercera, el actual ministro de Justicia, Luis Cordero, ha rechazado 56 peticiones de indulto, a las que se suman 46 descartadas por su antecesora Marcela Ríos y otras tres denegadas por encontrarse los solicitantes en libertad.
El Juzgado de Garantía de Copiapó dictaminó dejar con prisión preventiva a Luis Castillo Opazo (38), uno de los 13 condenados por el estallido social indultado por el Presidente Gabriel Boric.
Marisol Peña expuso el prontuario que tenía el ahora imputado por secuestro incluso antes de ser privado de libertad, y se refirió a la ley que regula los indultos. En tanto, hoy se conoció el detalle de la querella interpuesta por el Gobierno.
