Chile Transparente: “El Senado está tratando de no entregar información”
La comisión de Ética del Senado rechazó nuevamente la solicitud de Chile Transparente para hacer entrega de los informes de asesorías externas. Las excusas según Alberto Precht, director ejecutivo del organismo, son inconsistentes en términos jurídicos y plantea la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender el derecho de la ciudadanía a recibir esta información.
Jueves 2 de agosto 2018 19:49 hrs.
Fue unánime. Puede sonar paradójico, pero durante la jornada de este miércoles, e intentando pasar lo más desapercibida posible, la comisión de Ética del Senado rechazó por segunda vez la solicitud de Chile Transparente para hacer públicas las asesorías externas encargadas por los miembros del Senado.
El Ministerio Público, en paralelo, también había realizado una solicitud a raíz de una investigación que lleva la Fiscalía Oriente por un eventual fraude al fisco, pero esta tampoco había llegado a puerto.
La negativa fue confirmada por el presidente de la instancia, José García Ruminot (RN), quien es acompañado en la comisión por los senadores Adriana Muñoz (PPD), Juan Antonio Coloma (UDI), Alfonso de Urresti (PS) y Francisco Huenchumilla (DC).
El senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, para no entregar la información requerida se amparó en la ley de transparencia: “Por qué se rechaza la solicitud en circunstancias en que estamos señalando de que son públicas: única y exclusivamente porque se trata de una petición de carácter genérico. Y la propia ley señala que las peticiones no pueden tener ese carácter, tienen que ser caso a caso, tienen que ser individualizadas expresamente”.
El director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, consideró insólita la resolución de la comisión.
¿Esta es la segunda solicitud que hace Chile Transparente?
Desde Chile Transparente sí, pero ya en coordinación con un medio de comunicación con el que hicimos Congreso Papers (Mega), esta sería la quinta vez que se solicita información en el último año y medio.
¿Cuál ha sido la diferencia entre las distintas solicitudes?
Hemos solicitado de distintas formas. Primero, solicitamos los informes, tal como se los solicitamos a la Cámara de Diputados. Luego los solicitamos senador por senador, con la dificultad que tiene identificar los asesores de cada uno. Y luego, como se nos negaba de todas formas, volvimos a hacer una solicitud acerca de los informes, específicamente de dos años: 2015 y 2016, de los senadores y los contratos que sustentan estos informes. Eso es lo que termina negando finalmente la comisión de Ética.
Lo que dijo el senador García Ruminot, sobre que eran solicitudes de carácter genérico, ¿no habría sucedido en las solicitudes anteriores?
Esta no es información de carácter genérico. ¿Cómo va a ser genérico algo que ellos mismos pueden cuantificar? En su respuesta ellos nos señalan cuántos son los informes que nosotros solicitamos, entonces ¿qué puede tener de genérico algo que es cuantificable? Por lo demás, cuando esta misma información se la pides a la Cámara de Diputados, la Cámara te la entrega sin ningún problema. Estamos hablando de un documento claro, no de un documento equis. Hablamos de documentos de asesorías parlamentarias y de los contratos que los sustentan. Es decir, está muy claramente identificado. Además, cumple con el estándar legal que se establece un plazo acotado: 2015-2016. Es más, en nuestras reclamaciones a la comisión de Ética, sabiendo que este podía ser uno de los argumentos que ellos mal pudiesen utilizar, nosotros acotamos y solo pedimos 2015. Es decir, estamos pidiendo cerca de 600 informes. De hecho, ellos mismos nos responden que son 600 informes, entonces no nos explicamos por qué ellos pueden considerar genérico algo que tienen tan cuantificado y tan claro de cuántos son y dónde están.
¿Por qué surge la idea de solicitar esta información? ¿Tiene algo que ver con la solicitud que había hecho el Ministerio Público?
No, lo de Fiscalía es muy posterior. Nosotros partimos apoyando al equipo que hizo el reportaje de Congreso Papers. Y ahí, cuando obtenemos la información de la Cámara de Diputados, se hace todo esto de los plagios y de la comparación de información, y el Senado se niega una y otra vez a entregar al equipo de Mega y a nosotros la información. Por eso seguimos en esto, porque más allá de lo periodístico, desde Chile Transparente consideramos que esta es información absolutamente pública y la no entrega vulnera el principio de transparencia establecido en la Constitución y también el derecho a la libertad de expresión.
García Ruminot afirmó que, por regla general, los informes de asesorías externas son de carácter público. ¿Cuál es la diferencia entre estos supuestos informes públicos y los que piden desde Chile Transparente?
Desde 2018 empezaron a publicar informes, pero acceder a informes siempre ha sido una dificultad muy grande. Uno valora que el senador diga que son públicos, también lo dijo el presidente del Senado, pero nosotros tenemos una negativa que jurídicamente es muy débil y la vamos a tratar de revertir en otras instancias.
¿A qué crees que responde esta actitud de la comisión de Ética?
A uno lamentablemente a esta altura solo queda pensar que el Senado algo está tratando de no entregar. Quizás porque los informes contengan algún tipo de mala información, o los informes derechamente no existen, o quizás hay personas que sean prestadores que no debieron haber sido prestadores … Esa es la lástima. Si, tal como lo hizo la Cámara de Diputados, se entregara la información, se acaban las especulaciones. Lo único que abre la resolución de la comisión de Ética es más especulaciones. Esto de que podamos solicitar los informes pormenorizados es algo que ya se ha hecho en otras ocasiones, y el obligado es el Senado, no cada uno de los senadores. ¿Qué pasa con aquellos senadores que ya no están en ejercicio? ¿A quién le pido esa información? Obviamente que a la secretaría general del Senado. Si la secretaría general de la cámara considera que algunos de los senadores debiesen calificar el secreto del informe, es la secretaría la que tiene que hacer ese trabajo de preguntarle al senador, no es el ciudadano.
Se está pensando en acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante este episodio. ¿Con qué objetivo y qué expectativas se manejan en torno a eso?
Es parte de lo que estamos estudiando. No es normal que existan este tipo de contiendas porque no es normal que la comisión de Ética resuelva casos de transparencia, entonces lo que estamos viendo es cuál es el paso a seguir. La Corte Interamericana es una puerta porque Chile fue condenado el año 2006 en el marco del caso Claude Reyes por no cumplir con el respeto al derecho a la libertad de expresión, que contempla también el derecho a recibir información, y ese fallo obligó al Estado de Chile a crear un sistema de acceso a la información. Vemos que acá hay un incumplimiento por parte del Senado de esta misma resolución. En cualquier otro órgano esta misma pregunta sería fácilmente contestada en un plazo de 20 días hábiles.
García Ruminot indicó a radio Biobío que la organización puede volver a solicitar las asesorías externas, pero individualizando a los respectivos senadores y analizar caso a caso si corresponde su entrega.
Fue unánime. Puede sonar paradójico, pero durante la jornada de este miércoles, e intentando pasar lo más desapercibida posible, la comisión de Ética del Senado rechazó por segunda vez la solicitud de Chile Transparente para hacer públicas las asesorías externas encargadas por los miembros del Senado.
El Ministerio Público, en paralelo, también había realizado una solicitud a raíz de una investigación que lleva la Fiscalía Oriente por un eventual fraude al fisco, pero esta tampoco había llegado a puerto.
La negativa fue confirmada por el presidente de la instancia, José García Ruminot (RN), quien es acompañado en la comisión por los senadores Adriana Muñoz (PPD), Juan Antonio Coloma (UDI), Alfonso de Urresti (PS) y Francisco Huenchumilla (DC).
El senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, para no entregar la información requerida se amparó en la ley de transparencia: “Por qué se rechaza la solicitud en circunstancias en que estamos señalando de que son públicas: única y exclusivamente porque se trata de una petición de carácter genérico. Y la propia ley señala que las peticiones no pueden tener ese carácter, tienen que ser caso a caso, tienen que ser individualizadas expresamente”.
El director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, consideró insólita la resolución de la comisión.
¿Esta es la segunda solicitud que hace Chile Transparente?
Desde Chile Transparente sí, pero ya en coordinación con un medio de comunicación con el que hicimos Congreso Papers (Mega), esta sería la quinta vez que se solicita información en el último año y medio.
¿Cuál ha sido la diferencia entre las distintas solicitudes?
Hemos solicitado de distintas formas. Primero, solicitamos los informes, tal como se los solicitamos a la Cámara de Diputados. Luego los solicitamos senador por senador, con la dificultad que tiene identificar los asesores de cada uno. Y luego, como se nos negaba de todas formas, volvimos a hacer una solicitud acerca de los informes, específicamente de dos años: 2015 y 2016, de los senadores y los contratos que sustentan estos informes. Eso es lo que termina negando finalmente la comisión de Ética.
Lo que dijo el senador García Ruminot, sobre que eran solicitudes de carácter genérico, ¿no habría sucedido en las solicitudes anteriores?
Esta no es información de carácter genérico. ¿Cómo va a ser genérico algo que ellos mismos pueden cuantificar? En su respuesta ellos nos señalan cuántos son los informes que nosotros solicitamos, entonces ¿qué puede tener de genérico algo que es cuantificable? Por lo demás, cuando esta misma información se la pides a la Cámara de Diputados, la Cámara te la entrega sin ningún problema. Estamos hablando de un documento claro, no de un documento equis. Hablamos de documentos de asesorías parlamentarias y de los contratos que los sustentan. Es decir, está muy claramente identificado. Además, cumple con el estándar legal que se establece un plazo acotado: 2015-2016. Es más, en nuestras reclamaciones a la comisión de Ética, sabiendo que este podía ser uno de los argumentos que ellos mal pudiesen utilizar, nosotros acotamos y solo pedimos 2015. Es decir, estamos pidiendo cerca de 600 informes. De hecho, ellos mismos nos responden que son 600 informes, entonces no nos explicamos por qué ellos pueden considerar genérico algo que tienen tan cuantificado y tan claro de cuántos son y dónde están.
¿Por qué surge la idea de solicitar esta información? ¿Tiene algo que ver con la solicitud que había hecho el Ministerio Público?
No, lo de Fiscalía es muy posterior. Nosotros partimos apoyando al equipo que hizo el reportaje de Congreso Papers. Y ahí, cuando obtenemos la información de la Cámara de Diputados, se hace todo esto de los plagios y de la comparación de información, y el Senado se niega una y otra vez a entregar al equipo de Mega y a nosotros la información. Por eso seguimos en esto, porque más allá de lo periodístico, desde Chile Transparente consideramos que esta es información absolutamente pública y la no entrega vulnera el principio de transparencia establecido en la Constitución y también el derecho a la libertad de expresión.
García Ruminot afirmó que, por regla general, los informes de asesorías externas son de carácter público. ¿Cuál es la diferencia entre estos supuestos informes públicos y los que piden desde Chile Transparente?
Desde 2018 empezaron a publicar informes, pero acceder a informes siempre ha sido una dificultad muy grande. Uno valora que el senador diga que son públicos, también lo dijo el presidente del Senado, pero nosotros tenemos una negativa que jurídicamente es muy débil y la vamos a tratar de revertir en otras instancias.
¿A qué crees que responde esta actitud de la comisión de Ética?
A uno lamentablemente a esta altura solo queda pensar que el Senado algo está tratando de no entregar. Quizás porque los informes contengan algún tipo de mala información, o los informes derechamente no existen, o quizás hay personas que sean prestadores que no debieron haber sido prestadores … Esa es la lástima. Si, tal como lo hizo la Cámara de Diputados, se entregara la información, se acaban las especulaciones. Lo único que abre la resolución de la comisión de Ética es más especulaciones. Esto de que podamos solicitar los informes pormenorizados es algo que ya se ha hecho en otras ocasiones, y el obligado es el Senado, no cada uno de los senadores. ¿Qué pasa con aquellos senadores que ya no están en ejercicio? ¿A quién le pido esa información? Obviamente que a la secretaría general del Senado. Si la secretaría general de la cámara considera que algunos de los senadores debiesen calificar el secreto del informe, es la secretaría la que tiene que hacer ese trabajo de preguntarle al senador, no es el ciudadano.
Se está pensando en acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante este episodio. ¿Con qué objetivo y qué expectativas se manejan en torno a eso?
Es parte de lo que estamos estudiando. No es normal que existan este tipo de contiendas porque no es normal que la comisión de Ética resuelva casos de transparencia, entonces lo que estamos viendo es cuál es el paso a seguir. La Corte Interamericana es una puerta porque Chile fue condenado el año 2006 en el marco del caso Claude Reyes por no cumplir con el respeto al derecho a la libertad de expresión, que contempla también el derecho a recibir información, y ese fallo obligó al Estado de Chile a crear un sistema de acceso a la información. Vemos que acá hay un incumplimiento por parte del Senado de esta misma resolución. En cualquier otro órgano esta misma pregunta sería fácilmente contestada en un plazo de 20 días hábiles.
García Ruminot indicó a radio Biobío que la organización puede volver a solicitar las asesorías externas, pero individualizando a los respectivos senadores y analizar caso a caso si corresponde su entrega.
Fue unánime. Puede sonar paradójico, pero durante la jornada de este miércoles, e intentando pasar lo más desapercibida posible, la comisión de Ética del Senado rechazó por segunda vez la solicitud de Chile Transparente para hacer públicas las asesorías externas encargadas por los miembros del Senado.
El Ministerio Público, en paralelo, también había realizado una solicitud a raíz de una investigación que lleva la Fiscalía Oriente por un eventual fraude al fisco, pero esta tampoco había llegado a puerto.
La negativa fue confirmada por el presidente de la instancia, José García Ruminot (RN), quien es acompañado en la comisión por los senadores Adriana Muñoz (PPD), Juan Antonio Coloma (UDI), Alfonso de Urresti (PS) y Francisco Huenchumilla (DC).
El senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, para no entregar la información requerida se amparó en la ley de transparencia: “Por qué se rechaza la solicitud en circunstancias en que estamos señalando de que son públicas: única y exclusivamente porque se trata de una petición de carácter genérico. Y la propia ley señala que las peticiones no pueden tener ese carácter, tienen que ser caso a caso, tienen que ser individualizadas expresamente”.
El director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, consideró insólita la resolución de la comisión.
¿Esta es la segunda solicitud que hace Chile Transparente?
Desde Chile Transparente sí, pero ya en coordinación con un medio de comunicación con el que hicimos Congreso Papers (Mega), esta sería la quinta vez que se solicita información en el último año y medio.
¿Cuál ha sido la diferencia entre las distintas solicitudes?
Hemos solicitado de distintas formas. Primero, solicitamos los informes, tal como se los solicitamos a la Cámara de Diputados. Luego los solicitamos senador por senador, con la dificultad que tiene identificar los asesores de cada uno. Y luego, como se nos negaba de todas formas, volvimos a hacer una solicitud acerca de los informes, específicamente de dos años: 2015 y 2016, de los senadores y los contratos que sustentan estos informes. Eso es lo que termina negando finalmente la comisión de Ética.
Lo que dijo el senador García Ruminot, sobre que eran solicitudes de carácter genérico, ¿no habría sucedido en las solicitudes anteriores?
Esta no es información de carácter genérico. ¿Cómo va a ser genérico algo que ellos mismos pueden cuantificar? En su respuesta ellos nos señalan cuántos son los informes que nosotros solicitamos, entonces ¿qué puede tener de genérico algo que es cuantificable? Por lo demás, cuando esta misma información se la pides a la Cámara de Diputados, la Cámara te la entrega sin ningún problema. Estamos hablando de un documento claro, no de un documento equis. Hablamos de documentos de asesorías parlamentarias y de los contratos que los sustentan. Es decir, está muy claramente identificado. Además, cumple con el estándar legal que se establece un plazo acotado: 2015-2016. Es más, en nuestras reclamaciones a la comisión de Ética, sabiendo que este podía ser uno de los argumentos que ellos mal pudiesen utilizar, nosotros acotamos y solo pedimos 2015. Es decir, estamos pidiendo cerca de 600 informes. De hecho, ellos mismos nos responden que son 600 informes, entonces no nos explicamos por qué ellos pueden considerar genérico algo que tienen tan cuantificado y tan claro de cuántos son y dónde están.
¿Por qué surge la idea de solicitar esta información? ¿Tiene algo que ver con la solicitud que había hecho el Ministerio Público?
No, lo de Fiscalía es muy posterior. Nosotros partimos apoyando al equipo que hizo el reportaje de Congreso Papers. Y ahí, cuando obtenemos la información de la Cámara de Diputados, se hace todo esto de los plagios y de la comparación de información, y el Senado se niega una y otra vez a entregar al equipo de Mega y a nosotros la información. Por eso seguimos en esto, porque más allá de lo periodístico, desde Chile Transparente consideramos que esta es información absolutamente pública y la no entrega vulnera el principio de transparencia establecido en la Constitución y también el derecho a la libertad de expresión.
García Ruminot afirmó que, por regla general, los informes de asesorías externas son de carácter público. ¿Cuál es la diferencia entre estos supuestos informes públicos y los que piden desde Chile Transparente?
Desde 2018 empezaron a publicar informes, pero acceder a informes siempre ha sido una dificultad muy grande. Uno valora que el senador diga que son públicos, también lo dijo el presidente del Senado, pero nosotros tenemos una negativa que jurídicamente es muy débil y la vamos a tratar de revertir en otras instancias.
¿A qué crees que responde esta actitud de la comisión de Ética?
A uno lamentablemente a esta altura solo queda pensar que el Senado algo está tratando de no entregar. Quizás porque los informes contengan algún tipo de mala información, o los informes derechamente no existen, o quizás hay personas que sean prestadores que no debieron haber sido prestadores … Esa es la lástima. Si, tal como lo hizo la Cámara de Diputados, se entregara la información, se acaban las especulaciones. Lo único que abre la resolución de la comisión de Ética es más especulaciones. Esto de que podamos solicitar los informes pormenorizados es algo que ya se ha hecho en otras ocasiones, y el obligado es el Senado, no cada uno de los senadores. ¿Qué pasa con aquellos senadores que ya no están en ejercicio? ¿A quién le pido esa información? Obviamente que a la secretaría general del Senado. Si la secretaría general de la cámara considera que algunos de los senadores debiesen calificar el secreto del informe, es la secretaría la que tiene que hacer ese trabajo de preguntarle al senador, no es el ciudadano.
Se está pensando en acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante este episodio. ¿Con qué objetivo y qué expectativas se manejan en torno a eso?
Es parte de lo que estamos estudiando. No es normal que existan este tipo de contiendas porque no es normal que la comisión de Ética resuelva casos de transparencia, entonces lo que estamos viendo es cuál es el paso a seguir. La Corte Interamericana es una puerta porque Chile fue condenado el año 2006 en el marco del caso Claude Reyes por no cumplir con el respeto al derecho a la libertad de expresión, que contempla también el derecho a recibir información, y ese fallo obligó al Estado de Chile a crear un sistema de acceso a la información. Vemos que acá hay un incumplimiento por parte del Senado de esta misma resolución. En cualquier otro órgano esta misma pregunta sería fácilmente contestada en un plazo de 20 días hábiles.
García Ruminot indicó a radio Biobío que la organización puede volver a solicitar las asesorías externas, pero individualizando a los respectivos senadores y analizar caso a caso si corresponde su entrega.
Síguenos en 
