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Plan Humanitario de Regreso Ordenado: ¿beneficio o discriminación a los haitianos?

Para la socióloga y académica de la Universidad de Chile, María Emilia Tijoux, el plan que comienza regir este miércoles y que, según la definición del Gobierno, busca dar oportunidad a los haitianos que deseen volver a su país, constituye un programa racista.

Rodrigo Fuentes

  Martes 16 de octubre 2018 17:43 hrs. 
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Discriminador, racista y segregador, fueron algunos de los calificativos que expertos en temas migratorios expresaron a raíz del denominado “Plan Humanitario de Regreso Ordenado”, elaborado para migrantes haitianos que se encuentren en situación regular o irregular en Chile.

La idea del Ejecutivo parte este miércoles, y consiste en registrar a extranjeros residentes de dicha nacionalidad que quieran regresar a su país expresando su voluntad en una declaración firmada ante notario.

“Solicito voluntariamente acogerme al plan humanitario de regreso ordenado… Declaro, bajo promesa o juramento de fe, aceptar el compromiso de no volver a Chile en el plazo de nueve años”, es parte del documento que deberán rubricar las personas.

Para la socióloga, investigadora y académica de la Universidad de Chile, María Emilia Tijoux, el plan impulsado por el Gobierno no tiene nada de humanitario y que, en realidad, es una deportación encubierta.

“Una medida muy cuestionable, un programa racista. No es la prioridad o el interés del Gobierno que a la persona la devuelvan para que esté mejor en su país, al contrario, es una forma de deportación completamente disfrazada, aquí no hay una consideración de ser humano como un igual, ya que solamente esto está dirigido a los inmigrantes de Haití”, afirmó.

La inscripción ante notario y la prohibición de ingresar al país por nueve años no son los únicos puntos controvertidos. Los migrantes haitianos que tengan cónyuge o hijos, deberán abandonar el país como grupo familiar, sin poder optar por una salida individual. Traslado que estará a cargo de la Fuerza Aérea de Chile.

Para el ex presidente del Consejo Consultivo Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, el Gobierno está centrando su discurso comunicacional en la comunidad de la isla, que no es precisamente la mayoritaria residente en el país.

El académico precisó que, con esto, las autoridades no resuelven el problema de integración, por lo que existe discriminación sobre el colectivo haitiano.

“Mi expectativa con este plan es más bien escéptica y su impacto va a ser marginal. Yo creo que este tipo de políticas está poco pensada, en términos de la realidad que viven estas personas aquí en Chile, y está poco contrastada con la experiencia internacional. En España existía un plan similar, hasta con incentivo económico, pero fue un fracaso, o sea, después de cuatro años de implementada la idea, regresaron a Ecuador cerca de cuatro mil ecuatorianos, y la expectativa era que retornaran más de 200 mil. Posteriormente, el gobierno del Partido Popular Español reconoció que eso fue un fracaso”, subrayó.

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El diputado integrante de la Comisión de Gobierno interior y Nacionalidad, Bernardo Berger, desestimó las críticas e insistió en que se trata de un proceso voluntario.

El parlamentario de Renovación Nacional precisó que el reglamento nace desde la propia petición de migrantes haitianos que quieren volver a la isla, pero que no cuentan con recursos económicos.

“Yo fui testigo que en una reunión que tuvimos en la Comisión de Gobierno Interior, uno de los representantes, vocero que se denominaba, fue el que dejó establecido que sería prudente que la administración central pudiese estudiar una opción de plan de retorno a su país de origen de muchas personas haitianas, en un acto totalmente voluntario, ahora, obviamente podrán acceder inmigrantes en situación regular o irregular,  siempre que no tengan situaciones pendientes con la Justicia chilena”, argumentó.

Representantes de la Organización Sociocultural de los haitianos en Chile (Oschec), acusaron al programa como una deportación encubierta.

En tanto, desde el Servicio Jesuita Migrantes indicaron que más que un plan humanitario, es deshacerse del problema.

Destacar que la medida se suma a la también normativa impulsada por el Gobierno que expulsa a personas extranjeras residentes que no tienen sus documentos regularizados.

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