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Año XI, 7 de diciembre de 2019

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Compromiso País, el cuestionado plan de gobierno para disminuir la pobreza

La iniciativa buscar generar acciones de superación de vulnerabilidad en 16 grupos establecidos por el Gobierno, sin embargo, el plan ha tenido una serie de críticas porque incluye a grandes empresarios en las mesas de trabajo y porque no aclara cuáles serán sus formas de avanzar.

Andrea Bustos C.

  Sábado 20 de octubre 2018 14:37 hrs. 
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En el Parque Intercumunal Víctor Jara, en la comuna de San Miguel, el Presidente Sebastián Piñera anunció esta semana el programa “Compromiso País”, que tiene como objetivo solucionar las carencias y necesidades de 16 grupos vulnerables identificados por el Gobierno durante los últimos cinco meses.

Para esto, se crearon 16 grupos de trabajo, uno para cada segmentación hecha por el gobierno, en la que participarán organizaciones de la sociedad civil, académicos, ministros y también empresarios, lo que generó varias críticas, pues participarán figuras como Paola Luksic, Sandro Solari, Luis Enrique Yarur, Roberto Angelini y Bernardo Matte, todos miembros de los grupos económicos más ricos del país.

“Elaboramos el ‘Mapa de la Vulnerabilidad’, complementario al Mapa de la Pobreza, que busca identificar a todos esos chilenos y chilenas que, por distintas razones, requieren ser vistos y apoyados en forma muy especial para que puedan ser parte de este gran proyecto de un Chile desarrollado y sin pobreza”, dijo el Presidente en la ceremonia de presentación.

Las mesas de trabajo estarán encargadas de diseñar propuestas de políticas públicas que mejoren las condiciones de la población chilena que hoy se encuentra en situación de pobreza multidimensional, y entre los grupos creados se encuentran categorizaciones como las 12 mil personas en situación de calle, personas que viven en viviendas que no tienen servicios básicos, agua potable o servicios sanitarios, mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar y no tienen ingresos propios, los más de 6 mil niños, niñas y adolescentes que viven en residencias bajo la protección del SENAME o las casi 700 mil personas con consumo problemático de alcohol y/o drogas.

Según indicó el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, como Gobierno se encargarán de acompañar a cada grupo en la elaboración de propuestas y en revisar cómo se están llevando a cabo y si se obtienen o no resultados.

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Sin embargo, la propuesta no ha estado exenta de polémicas, y la primera se dio frente a las declaraciones de Benito Baranda, quien participará de este plan, y señaló a Radio Universo que la presentación le había parecido “farándula política”, ante lo que incluso el presidente Piñera respondió lamentando los dichos del activista social.

En conversación con Radio Universidad de Chile, Baranda se refirió a sus opiniones previas y señaló que sus dichos responden a la incertidumbre de que, tras el publicitado anuncio del proyecto, no se logren concretar iniciativas reales para la población más vulnerable.

“El temor es que no hagamos la pega que tenemos que hacer, que nos quedemos con esto, nos quedemos contentos porque nos hemos juntado, nos hemos visto y hemos dicho tenemos la voluntad de hacerlo, pero el trabajo que viene es muy duro porque implica involucrarse con las personas que, yo creo, es lo más complejo de esto, las personas que justamente lo están pasando mal, y que efectivamente dentro de un año, o un año y medio, ya comencemos a ver fruto de este esfuerzo”.

Además, Benito Baranda dijo que no se debe caer en la vanidad de pensar que este plan acabará con la pobreza, pues no se puede ignorar el trabajo previo que han hecho otros gobiernos y organizaciones civiles, ni tampoco pensar que con esto se resuelve el problema, pues se debe hacer un trabajo progresivo para ir disminuyendo la vulnerabilidad en Chile.

 

Por su parte, David Órdenes, presidente de Fundación La Caleta, organización convocada a trabajar en el grupo que abordará a las personas en hogares donde se presencia continuamente el tráfico de drogas y las balaceras, comentó la propuesta con nuestro medio y señaló que, aunque le parece muy bien la construcción de un Mapa de Vulnerabilidad,  “en el fondo no está atacando las causas de los problemas, sino que está siendo una mirada política de atender situaciones urgentes y necesarias, de las que por supuesto tiene responsabilidad del Estado de hacerlo ahora ya, pero no les interesa garantizar derechos estructurales que son lo más importante”.

En esa línea dijo que hay una contradicción profunda, pues “no se está pensando como país, en un cambio estructural del sistema economice y político global”.

Además, indicó que se debe esclarecer el funcionamiento de este nuevo plan, pues no aún no se han trazado las metodologías, ni se sabe que tan consideradas serán las opiniones que vengan de las organizaciones de la sociedad civil.

El cuestionamiento al empresariado

La principal crítica frente a Compromiso País ha estado vinculada a la incorporación de los empresarios en las mesas de trabajo, y a cómo sus intereses empresariales se cruzarían con las políticas públicas.

Frente a esto, Benito Baranda dijo que “hay que recordar que varias y varios de los empresarios que están allí ya están colaborando en distintas políticas sociales, están colaborando en educación, en reconstrucción, hay fundaciones educacionales que ellos presiden y que colaboran activamente con las organizaciones de la sociedad civil y también con las políticas sociales del gobierno, quizás no con tanta publicidad, pero lo hace hacen mucho tiempo. No son actores nuevos dentro de esto”.

Además, dijo que quienes participan no son gente que desconocen el trabajo que están realizando, sino por el contrario, son aquellos a quienes les ha interesado desde hace tiempo los temas sociales.

Por su parte, David Órdenes, dijo que desde la sociedad civil que participa en este programa “no sabemos cuál va ser el rol del empresario que va implicar desde el punto de vista de garantizar derechos a sus trabajadores, de garantizar derechos en función de lo que están haciendo sus empresas, porque hay empresas que están implicadas en este programa que son vulneradoras de derechos profundos en regiones y en territorios, por ejemplo todo lo que tiene que ver con el papel, monocultivo en el sur”.

 

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Desde el ámbito político, el diputado socialista Jaime Naranjo, que preside la Comisión de Desarrollo Social en la Cámara Baja, dijo que el Gobierno está entregando una oportunidad al empresariado para limpiar su imagen.

“Aquí hay una doble intención, no sé si el gobierno forma parte de la operación, pero al menos los empresarios quieren limpiar su imagen, ya que muchos de ellos estuvieron comprometidos en financiemos de las campañas y en actos de corrupción, entonces se quiere mostrar a un empresariado muy sensible, muy consciente de lo que ocurre en nuestro país en materia de pobreza”.

Desde la Fundación Sol, el sociólogo Benjamín Sáez, comentó que es preocupante la formación de este programa porque “se enmarca dentro de una estrategia empresarial que se comenzó a ver con fuerza cuando se develó el financiamiento irregular de la política, desde entonces los circuitos empresariales han estado preocupados sobre la legitimidad que tiene el empresario en su capacidad de incidir sobre la opinión pública y las situaciones del país”.

Agregó que acá existe “un proyecto ideológico, y desde este punto de vista es bastante anti democrático en el sentido de que quienes tomarán decisiones sobre políticas publicas muy relevantes son quieres hoy se llevan la mayor parte del producto y son quienes explican gran parte de la pobreza”.

Durante este lunes por la tarde, en el Palacio de La Moneda, se reunirán las comisiones de trabajo del plan Compromiso País, siendo esta la tercera cita que se realiza y donde se espera se tracen líneas de metodología.