La ruta Interportuaria de Talcahuano y la que une Concepción con Talcahuano, Cabrero y Penco amanecieron este miércoles cortadas por los pescadores artesanales que reclaman al gobierno que finalice la tramitación de la ley de la jibia que fue despachada por el Congreso el martes 8 de enero.
Según declaró a Cooperativa Juan Carlos González, presidente de los capitanes del personal embarcado de la industria pesquera, el gobierno no ha cumplido el compromiso adquirido por ellos mismos. “En reunión con el ministro Chadwick y con el ministro Valente presente, se comprometió que apenas fuera despachado este proyecto iba a ser enviado al TC”. Por esa razón, explicó el dirigente, continúan “en espera y vamos a seguir movilizados”.
Por su parte, el gobierno a través de la ministra vocera, Cecilia Pérez, expresó que el Presidente se encuentra evaluando las opciones que tiene para lograr un perfeccionamiento de la ley y evitó referirse a una posible publicación inmediata.
“Nosotros creemos que la aprobación de esta ley sin duda es un avance para la pesca artesanal, pero tenemos la convicción de que requiere de perfeccionamiento, para que por un lado se puedan garantizar estos avances y mejoras de la pesca artesanal, y por el otro lado poder garantizar un desarrollo industrial sustentable”.
Al respecto, el presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile, Hernán Cortés, dijo que no concuerdan con la postura del Ejecutivo, y aseguró que el gobierno quiere proteger los intereses de los empresarios.
“Hoy día se dio cuenta que se necesitan modificaciones, cuánto tiempo pasó en el Parlamento el proyecto de ley y ellos no se pronunciaron en nada, solo a decir que era inconstitucional, entonces no sé qué está hablando. Yo a ella la invito a que sea sincera en su discurso y diga el respaldo y los compromisos que tienen con las siete familias aún. Acá la bancada de las siete familias en el Congreso seguramente ya no está articulada, pero al parecer en el gobierno sí”.
Agregó que este conflicto les hace mal a todos, tanto al país como al sector pesquero, “pero sobre todo a un gobierno que no entiende que hacer algo distinto a lo que dijo el Parlamento, que apoyó masivamente este proyecto de ley, incluyendo votos de la derecha, es una muy mala señal, es un disparo en los pies”.
Según lo señalado en el proyecto de ley aprobado en el Congreso, la fecha de entrada en vigencia de la ley luego de ser promulgada por el Ejecutivo, es seis meses después de la firma del Presidente. La nueva normativa, tal cual fue despachada por el Legislativo permite la extracción de la jibia solo mediante la utilización de potera o línea de mano como aparejo de pesca, quedando prohibido cualquier otro tipo. En caso de contravención a lo anterior, la multa ascendería a 500 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), el decomiso de las especies y los productos derivados de la extracción.
La ruta Interportuaria de Talcahuano y la que une Concepción con Talcahuano, Cabrero y Penco amanecieron este miércoles cortadas por los pescadores artesanales que reclaman al gobierno que finalice la tramitación de la ley de la jibia que fue despachada por el Congreso el martes 8 de enero.
Según declaró a Cooperativa Juan Carlos González, presidente de los capitanes del personal embarcado de la industria pesquera, el gobierno no ha cumplido el compromiso adquirido por ellos mismos. “En reunión con el ministro Chadwick y con el ministro Valente presente, se comprometió que apenas fuera despachado este proyecto iba a ser enviado al TC”. Por esa razón, explicó el dirigente, continúan “en espera y vamos a seguir movilizados”.
Por su parte, el gobierno a través de la ministra vocera, Cecilia Pérez, expresó que el Presidente se encuentra evaluando las opciones que tiene para lograr un perfeccionamiento de la ley y evitó referirse a una posible publicación inmediata.
“Nosotros creemos que la aprobación de esta ley sin duda es un avance para la pesca artesanal, pero tenemos la convicción de que requiere de perfeccionamiento, para que por un lado se puedan garantizar estos avances y mejoras de la pesca artesanal, y por el otro lado poder garantizar un desarrollo industrial sustentable”.
Al respecto, el presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile, Hernán Cortés, dijo que no concuerdan con la postura del Ejecutivo, y aseguró que el gobierno quiere proteger los intereses de los empresarios.
“Hoy día se dio cuenta que se necesitan modificaciones, cuánto tiempo pasó en el Parlamento el proyecto de ley y ellos no se pronunciaron en nada, solo a decir que era inconstitucional, entonces no sé qué está hablando. Yo a ella la invito a que sea sincera en su discurso y diga el respaldo y los compromisos que tienen con las siete familias aún. Acá la bancada de las siete familias en el Congreso seguramente ya no está articulada, pero al parecer en el gobierno sí”.
Agregó que este conflicto les hace mal a todos, tanto al país como al sector pesquero, “pero sobre todo a un gobierno que no entiende que hacer algo distinto a lo que dijo el Parlamento, que apoyó masivamente este proyecto de ley, incluyendo votos de la derecha, es una muy mala señal, es un disparo en los pies”.
Según lo señalado en el proyecto de ley aprobado en el Congreso, la fecha de entrada en vigencia de la ley luego de ser promulgada por el Ejecutivo, es seis meses después de la firma del Presidente. La nueva normativa, tal cual fue despachada por el Legislativo permite la extracción de la jibia solo mediante la utilización de potera o línea de mano como aparejo de pesca, quedando prohibido cualquier otro tipo. En caso de contravención a lo anterior, la multa ascendería a 500 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), el decomiso de las especies y los productos derivados de la extracción.
La ruta Interportuaria de Talcahuano y la que une Concepción con Talcahuano, Cabrero y Penco amanecieron este miércoles cortadas por los pescadores artesanales que reclaman al gobierno que finalice la tramitación de la ley de la jibia que fue despachada por el Congreso el martes 8 de enero.
Según declaró a Cooperativa Juan Carlos González, presidente de los capitanes del personal embarcado de la industria pesquera, el gobierno no ha cumplido el compromiso adquirido por ellos mismos. “En reunión con el ministro Chadwick y con el ministro Valente presente, se comprometió que apenas fuera despachado este proyecto iba a ser enviado al TC”. Por esa razón, explicó el dirigente, continúan “en espera y vamos a seguir movilizados”.
Por su parte, el gobierno a través de la ministra vocera, Cecilia Pérez, expresó que el Presidente se encuentra evaluando las opciones que tiene para lograr un perfeccionamiento de la ley y evitó referirse a una posible publicación inmediata.
“Nosotros creemos que la aprobación de esta ley sin duda es un avance para la pesca artesanal, pero tenemos la convicción de que requiere de perfeccionamiento, para que por un lado se puedan garantizar estos avances y mejoras de la pesca artesanal, y por el otro lado poder garantizar un desarrollo industrial sustentable”.
Al respecto, el presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile, Hernán Cortés, dijo que no concuerdan con la postura del Ejecutivo, y aseguró que el gobierno quiere proteger los intereses de los empresarios.
“Hoy día se dio cuenta que se necesitan modificaciones, cuánto tiempo pasó en el Parlamento el proyecto de ley y ellos no se pronunciaron en nada, solo a decir que era inconstitucional, entonces no sé qué está hablando. Yo a ella la invito a que sea sincera en su discurso y diga el respaldo y los compromisos que tienen con las siete familias aún. Acá la bancada de las siete familias en el Congreso seguramente ya no está articulada, pero al parecer en el gobierno sí”.
Agregó que este conflicto les hace mal a todos, tanto al país como al sector pesquero, “pero sobre todo a un gobierno que no entiende que hacer algo distinto a lo que dijo el Parlamento, que apoyó masivamente este proyecto de ley, incluyendo votos de la derecha, es una muy mala señal, es un disparo en los pies”.
Según lo señalado en el proyecto de ley aprobado en el Congreso, la fecha de entrada en vigencia de la ley luego de ser promulgada por el Ejecutivo, es seis meses después de la firma del Presidente. La nueva normativa, tal cual fue despachada por el Legislativo permite la extracción de la jibia solo mediante la utilización de potera o línea de mano como aparejo de pesca, quedando prohibido cualquier otro tipo. En caso de contravención a lo anterior, la multa ascendería a 500 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), el decomiso de las especies y los productos derivados de la extracción.
