Entre los detenidos figuraban dos delegados de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) en el diálogo abierto a fines de febrero con el gobierno para buscar una salida a la crisis que vive el país.
“Nicaragua pide libertad, justicia, elecciones adelantadas, pide poder marchar sin ser reprimidos”, declaró al salir de la cárcel la abogada Azáhalea Solís, delegada de la ACJD en la mesa de negociaciones.
Los detenidos salieron de la cárcel en dos autobuses ondeando banderas de Nicaragua por las ventanas mientras coreaban “no tenemos miedo”, según imágenes de la televisora independiente Canal 10.
En el trayecto hacia la sede de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic), donde fueron entregados a sus familias, varias personas salieron a las calles a saludar el paso de los buses con la bandera nacional, convertida en símbolo de protesta contra el gobierno de Ortega, un exguerrillero de 73 años que gobierna desde 2007 y es acusado por la oposición de instaurar una dictadura.
“Brutalmente golpeados”
El dirigente estudiantil Max Jerez, miembro de la ACJD, denunció que fueron “detenidos por fuerzas policiales y brutalmente golpeados”.
“Los policías nos agredieron como si fuéramos cerdos, nos tiraron a las tinas de las patrullas y nos dieron un trato brutal (…) Esto es un dictadura y hay que acabar con eso”, protestó la exguerrillera Mónica Baltodano, que también fue detenida.
El dirigente empresarial miembro de la ACJD, José Aguerri, señaló que manejaban una lista de 160 arrestos sólo este sábado, aunque la Policía Nacional dijo en un comunicado que detuvo a 107 personas por intentar manifestarse contra el gobierno.
La marcha había sido convocada por la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) para reclamar la liberación de presos por participar en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega el año pasado.
“Es condenable y preocupante la forma bárbara en que las autoridades actuaron”, denunció Pablo Cuevas, asesor legal de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) en rueda de prensa.
La represión ocurrió en medio del diálogo iniciado el 27 de febrero entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición para buscar una salida a la crisis que vive el país desde las protestas iniciadas en abril, que dejaron al menos 325 muertos y casi 680 detenido, de los cuales unos 150 fueron pasados a arresto domiciliario.