Los conflictos armados son una de las principales causas del desplazamiento forzado a nivel global, un fenómeno que al finalizar 2018 afectaba a 70,8 millones de personas, según las cifras más recientes dadas a conocer esta semana por Naciones Unidas.
Pamela Urrutia Arestizábal
Sábado 22 de junio 2019 15:55 hrs.
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Desde 2011, el número de personas forzadas a abandonar sus hogares a causa de conflictos, violencia y persecución no ha parado de crecer. Desde entonces, Naciones Unidas ha advertido reiteradamente que estamos frente a unas cifras alarmantes, alertando año tras año que se baten nuevos récords y que se trata de los peores niveles de desplazamiento forzado desde la Segunda Guerra Mundial. Pero la tendencia persiste y se agrava. Los datos más recientes, dados a conocer esta semana por ACNUR, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Refugiadas (20 de junio), lo han vuelto a confirmar: en total 70,8 millones de personas se encontraban en situación de desplazamiento forzado al finalizar 2018. Según las estimaciones de ACNUR, solo en 2018 unas 25 personas por minuto se vieron obligadas a huir a causa de guerras, violencia y persecución.
Los conflictos armados, 34 en total en 2018 según el análisis de la Escola de Cultura de Pau (ECP), continuaron estando detrás del desplazamiento forzado de millones de personas en todo el mundo. De los 70,8 millones de personas desplazadas de manera forzosa, 25,9 millones de personas eran refugiadas, es decir, habían cruzado las fronteras de sus países de origen en busca de un lugar más seguro para ellas y sus familias. Excluyendo a la población refugiada palestina –5,5, millones de personas–, más de dos tercios (67%) de las personas refugiadas procedían de tan solo cinco países, todos ellos escenarios de conflicto armado: Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y Somalia. A excepción de Myanmar, los otros cuatro casos fueron catalogados por la ECP como conflictos armados de alta intensidad en 2018; es decir, contextos en los que la violencia causa graves impactos en el territorio y en términos de seguridad humana, y provoca más de un millar de víctimas mortales en un año. En algunos de estos casos, este umbral de letalidad se superó con creces. Sólo en Afganistán las estimaciones apuntan a que habrían muerto más de 43.000 personas a causa del conflicto en 2018, cifra que lo convierte en la guerra más cruenta del último año. En Siria, en tanto, se calcula que fallecieron al menos 20.000 personas en 2018, en el marco de un conflicto armado que ya ha provocado la muerte a más de medio millón de personas desde finales de 2011.
Las personas desplazadas internamente (dentro de las fronteras de sus países) constituyen el mayor grupo de población desplazada –41,3 millones de personas– y también proceden principalmente de contextos afectados por conflictos armados. Al finalizar 2018 los diez países que concentraban el mayor número de personas desplazadas internas estaban afectados por conflictos de diversa intensidad: Siria, Colombia, República Democrática del Congo (RDC), Somalia, Afganistán, Yemen, Nigeria, Etiopía, Sudán, Iraq. Pese a la reducción en los niveles de violencia en los últimos años en el marco del proceso de paz, Colombia continuaba siendo el segundo país con mayor población afectada por desplazamiento interno (5,8 millones) después de Siria, país que se sitúa a la cabeza tanto en el número de personas desplazadas internas (6,1 millones) como en el origen de personas refugiadas (6,7 millones) a nivel global.
Más allá de las cifras, no hay que olvidar que la población civil es la principal víctima de los conflictos armados actuales. El uso de la violencia indiscriminada y/o deliberada contra civiles forma parte de las estrategias de los actores armados, que la utilizan en diversos contextos para aterrorizar, expulsar poblaciones o forzar la rendición de adversarios, vulnerando los principios más básicos del derecho internacional humanitario. La normalización de elevados niveles de violencia y el clima de impunidad en numerosos contextos está sentando peligrosos precedentes. El análisis de las dinámicas de violencia en 2018 recogida en Alerta! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz constata los múltiples abusos contra civiles en numerosos contextos, entre ellos ataques contra mezquitas, mercados, centros de salud, o medios de transporte; ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual. También se ha continuado denunciando el uso de armas especialmente lesivas, como artefactos explosivos improvisados, municiones de racimo o armas químicas –como en el caso de Siria, donde el régimen ha sido denunciado reiteradamente por esta práctica. Los conflictos también tienen un impacto especialmente grave en los y las menores de edad, en muchos contextos víctimas del reclutamiento forzado –por ejemplo en República Centroafricana, RDC, Somalia, Sudán del Sur, Siria o Yemen–, de secuestros –Nigeria– o de la destrucción de escuelas o dificultades en su proceso de escolarización. Así, por ejemplo, en 2017 se estimaba que un tercio de los niños y niñas en Siria y en los cinco principales países de acogida de población refugiada siria no tenía acceso a la educación.
Los conflictos armados también provocan o agravan situaciones de crisis humanitaria. Así, por ejemplo, en 2018 la agudización de la violencia en la zona oriental de la RDC dificultó las tareas de emergencia para contener el brote de ébola. En Yemen, la escalada de violencia desde 2015 –incluyendo prácticas como el bloqueo de puertos o la destrucción de infraestructuras sanitarias y hospitalarias– ha sido determinante para que el país enfrente hoy la peor crisis humanitaria a nivel mundial, con más de 24 millones de personas necesitadas de asistencia, la proliferación de enfermedades prevenibles como el cólera y un aumento exponencial de los niveles de desnutrición. En los últimos años, agencias de la ONU vienen advirtiendo, además, sobre el impacto de los conflictos en la inseguridad alimentaria. Según datos del Programa Mundial de Alimentos, de las más de 800 millones de personas que padecían hambre crónica en el mundo, 60% habitaba en países en conflicto. En este contexto, en 2018 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución (2417) que por primera vez reconoce de manera explícita la relación entre conflictos e inseguridad alimentaria, condena el uso del hambre como arma de guerra y amenaza con sanciones a quienes bloqueen la entrega de ayuda humanitaria destinada a paliar situaciones de escasez de alimentos y hambrunas.
Es de estas dinámicas de violencia y de este tipo de impactos de los conflictos de los que huyen millones de personas desplazadas que año a año abultan las estadísticas. La respuesta en términos de acogida, protección, asilo, garantías de derechos humanos, prevención y transformación de conflictos sigue siendo abrumadoramente insuficiente.
La autora es investigadora de la Escola de Cultura de Pau (ECP), Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
Desde 2011, el número de personas forzadas a abandonar sus hogares a causa de conflictos, violencia y persecución no ha parado de crecer. Desde entonces, Naciones Unidas ha advertido reiteradamente que estamos frente a unas cifras alarmantes, alertando año tras año que se baten nuevos récords y que se trata de los peores niveles de desplazamiento forzado desde la Segunda Guerra Mundial. Pero la tendencia persiste y se agrava. Los datos más recientes, dados a conocer esta semana por ACNUR, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Refugiadas (20 de junio), lo han vuelto a confirmar: en total 70,8 millones de personas se encontraban en situación de desplazamiento forzado al finalizar 2018. Según las estimaciones de ACNUR, solo en 2018 unas 25 personas por minuto se vieron obligadas a huir a causa de guerras, violencia y persecución.
Los conflictos armados, 34 en total en 2018 según el análisis de la Escola de Cultura de Pau (ECP), continuaron estando detrás del desplazamiento forzado de millones de personas en todo el mundo. De los 70,8 millones de personas desplazadas de manera forzosa, 25,9 millones de personas eran refugiadas, es decir, habían cruzado las fronteras de sus países de origen en busca de un lugar más seguro para ellas y sus familias. Excluyendo a la población refugiada palestina –5,5, millones de personas–, más de dos tercios (67%) de las personas refugiadas procedían de tan solo cinco países, todos ellos escenarios de conflicto armado: Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y Somalia. A excepción de Myanmar, los otros cuatro casos fueron catalogados por la ECP como conflictos armados de alta intensidad en 2018; es decir, contextos en los que la violencia causa graves impactos en el territorio y en términos de seguridad humana, y provoca más de un millar de víctimas mortales en un año. En algunos de estos casos, este umbral de letalidad se superó con creces. Sólo en Afganistán las estimaciones apuntan a que habrían muerto más de 43.000 personas a causa del conflicto en 2018, cifra que lo convierte en la guerra más cruenta del último año. En Siria, en tanto, se calcula que fallecieron al menos 20.000 personas en 2018, en el marco de un conflicto armado que ya ha provocado la muerte a más de medio millón de personas desde finales de 2011.
Las personas desplazadas internamente (dentro de las fronteras de sus países) constituyen el mayor grupo de población desplazada –41,3 millones de personas– y también proceden principalmente de contextos afectados por conflictos armados. Al finalizar 2018 los diez países que concentraban el mayor número de personas desplazadas internas estaban afectados por conflictos de diversa intensidad: Siria, Colombia, República Democrática del Congo (RDC), Somalia, Afganistán, Yemen, Nigeria, Etiopía, Sudán, Iraq. Pese a la reducción en los niveles de violencia en los últimos años en el marco del proceso de paz, Colombia continuaba siendo el segundo país con mayor población afectada por desplazamiento interno (5,8 millones) después de Siria, país que se sitúa a la cabeza tanto en el número de personas desplazadas internas (6,1 millones) como en el origen de personas refugiadas (6,7 millones) a nivel global.
Más allá de las cifras, no hay que olvidar que la población civil es la principal víctima de los conflictos armados actuales. El uso de la violencia indiscriminada y/o deliberada contra civiles forma parte de las estrategias de los actores armados, que la utilizan en diversos contextos para aterrorizar, expulsar poblaciones o forzar la rendición de adversarios, vulnerando los principios más básicos del derecho internacional humanitario. La normalización de elevados niveles de violencia y el clima de impunidad en numerosos contextos está sentando peligrosos precedentes. El análisis de las dinámicas de violencia en 2018 recogida en Alerta! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz constata los múltiples abusos contra civiles en numerosos contextos, entre ellos ataques contra mezquitas, mercados, centros de salud, o medios de transporte; ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual. También se ha continuado denunciando el uso de armas especialmente lesivas, como artefactos explosivos improvisados, municiones de racimo o armas químicas –como en el caso de Siria, donde el régimen ha sido denunciado reiteradamente por esta práctica. Los conflictos también tienen un impacto especialmente grave en los y las menores de edad, en muchos contextos víctimas del reclutamiento forzado –por ejemplo en República Centroafricana, RDC, Somalia, Sudán del Sur, Siria o Yemen–, de secuestros –Nigeria– o de la destrucción de escuelas o dificultades en su proceso de escolarización. Así, por ejemplo, en 2017 se estimaba que un tercio de los niños y niñas en Siria y en los cinco principales países de acogida de población refugiada siria no tenía acceso a la educación.
Los conflictos armados también provocan o agravan situaciones de crisis humanitaria. Así, por ejemplo, en 2018 la agudización de la violencia en la zona oriental de la RDC dificultó las tareas de emergencia para contener el brote de ébola. En Yemen, la escalada de violencia desde 2015 –incluyendo prácticas como el bloqueo de puertos o la destrucción de infraestructuras sanitarias y hospitalarias– ha sido determinante para que el país enfrente hoy la peor crisis humanitaria a nivel mundial, con más de 24 millones de personas necesitadas de asistencia, la proliferación de enfermedades prevenibles como el cólera y un aumento exponencial de los niveles de desnutrición. En los últimos años, agencias de la ONU vienen advirtiendo, además, sobre el impacto de los conflictos en la inseguridad alimentaria. Según datos del Programa Mundial de Alimentos, de las más de 800 millones de personas que padecían hambre crónica en el mundo, 60% habitaba en países en conflicto. En este contexto, en 2018 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución (2417) que por primera vez reconoce de manera explícita la relación entre conflictos e inseguridad alimentaria, condena el uso del hambre como arma de guerra y amenaza con sanciones a quienes bloqueen la entrega de ayuda humanitaria destinada a paliar situaciones de escasez de alimentos y hambrunas.
Es de estas dinámicas de violencia y de este tipo de impactos de los conflictos de los que huyen millones de personas desplazadas que año a año abultan las estadísticas. La respuesta en términos de acogida, protección, asilo, garantías de derechos humanos, prevención y transformación de conflictos sigue siendo abrumadoramente insuficiente.
La autora es investigadora de la Escola de Cultura de Pau (ECP), Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
Desde 2011, el número de personas forzadas a abandonar sus hogares a causa de conflictos, violencia y persecución no ha parado de crecer. Desde entonces, Naciones Unidas ha advertido reiteradamente que estamos frente a unas cifras alarmantes, alertando año tras año que se baten nuevos récords y que se trata de los peores niveles de desplazamiento forzado desde la Segunda Guerra Mundial. Pero la tendencia persiste y se agrava. Los datos más recientes, dados a conocer esta semana por ACNUR, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Refugiadas (20 de junio), lo han vuelto a confirmar: en total 70,8 millones de personas se encontraban en situación de desplazamiento forzado al finalizar 2018. Según las estimaciones de ACNUR, solo en 2018 unas 25 personas por minuto se vieron obligadas a huir a causa de guerras, violencia y persecución.
Los conflictos armados, 34 en total en 2018 según el análisis de la Escola de Cultura de Pau (ECP), continuaron estando detrás del desplazamiento forzado de millones de personas en todo el mundo. De los 70,8 millones de personas desplazadas de manera forzosa, 25,9 millones de personas eran refugiadas, es decir, habían cruzado las fronteras de sus países de origen en busca de un lugar más seguro para ellas y sus familias. Excluyendo a la población refugiada palestina –5,5, millones de personas–, más de dos tercios (67%) de las personas refugiadas procedían de tan solo cinco países, todos ellos escenarios de conflicto armado: Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y Somalia. A excepción de Myanmar, los otros cuatro casos fueron catalogados por la ECP como conflictos armados de alta intensidad en 2018; es decir, contextos en los que la violencia causa graves impactos en el territorio y en términos de seguridad humana, y provoca más de un millar de víctimas mortales en un año. En algunos de estos casos, este umbral de letalidad se superó con creces. Sólo en Afganistán las estimaciones apuntan a que habrían muerto más de 43.000 personas a causa del conflicto en 2018, cifra que lo convierte en la guerra más cruenta del último año. En Siria, en tanto, se calcula que fallecieron al menos 20.000 personas en 2018, en el marco de un conflicto armado que ya ha provocado la muerte a más de medio millón de personas desde finales de 2011.
Las personas desplazadas internamente (dentro de las fronteras de sus países) constituyen el mayor grupo de población desplazada –41,3 millones de personas– y también proceden principalmente de contextos afectados por conflictos armados. Al finalizar 2018 los diez países que concentraban el mayor número de personas desplazadas internas estaban afectados por conflictos de diversa intensidad: Siria, Colombia, República Democrática del Congo (RDC), Somalia, Afganistán, Yemen, Nigeria, Etiopía, Sudán, Iraq. Pese a la reducción en los niveles de violencia en los últimos años en el marco del proceso de paz, Colombia continuaba siendo el segundo país con mayor población afectada por desplazamiento interno (5,8 millones) después de Siria, país que se sitúa a la cabeza tanto en el número de personas desplazadas internas (6,1 millones) como en el origen de personas refugiadas (6,7 millones) a nivel global.
Más allá de las cifras, no hay que olvidar que la población civil es la principal víctima de los conflictos armados actuales. El uso de la violencia indiscriminada y/o deliberada contra civiles forma parte de las estrategias de los actores armados, que la utilizan en diversos contextos para aterrorizar, expulsar poblaciones o forzar la rendición de adversarios, vulnerando los principios más básicos del derecho internacional humanitario. La normalización de elevados niveles de violencia y el clima de impunidad en numerosos contextos está sentando peligrosos precedentes. El análisis de las dinámicas de violencia en 2018 recogida en Alerta! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz constata los múltiples abusos contra civiles en numerosos contextos, entre ellos ataques contra mezquitas, mercados, centros de salud, o medios de transporte; ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual. También se ha continuado denunciando el uso de armas especialmente lesivas, como artefactos explosivos improvisados, municiones de racimo o armas químicas –como en el caso de Siria, donde el régimen ha sido denunciado reiteradamente por esta práctica. Los conflictos también tienen un impacto especialmente grave en los y las menores de edad, en muchos contextos víctimas del reclutamiento forzado –por ejemplo en República Centroafricana, RDC, Somalia, Sudán del Sur, Siria o Yemen–, de secuestros –Nigeria– o de la destrucción de escuelas o dificultades en su proceso de escolarización. Así, por ejemplo, en 2017 se estimaba que un tercio de los niños y niñas en Siria y en los cinco principales países de acogida de población refugiada siria no tenía acceso a la educación.
Los conflictos armados también provocan o agravan situaciones de crisis humanitaria. Así, por ejemplo, en 2018 la agudización de la violencia en la zona oriental de la RDC dificultó las tareas de emergencia para contener el brote de ébola. En Yemen, la escalada de violencia desde 2015 –incluyendo prácticas como el bloqueo de puertos o la destrucción de infraestructuras sanitarias y hospitalarias– ha sido determinante para que el país enfrente hoy la peor crisis humanitaria a nivel mundial, con más de 24 millones de personas necesitadas de asistencia, la proliferación de enfermedades prevenibles como el cólera y un aumento exponencial de los niveles de desnutrición. En los últimos años, agencias de la ONU vienen advirtiendo, además, sobre el impacto de los conflictos en la inseguridad alimentaria. Según datos del Programa Mundial de Alimentos, de las más de 800 millones de personas que padecían hambre crónica en el mundo, 60% habitaba en países en conflicto. En este contexto, en 2018 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución (2417) que por primera vez reconoce de manera explícita la relación entre conflictos e inseguridad alimentaria, condena el uso del hambre como arma de guerra y amenaza con sanciones a quienes bloqueen la entrega de ayuda humanitaria destinada a paliar situaciones de escasez de alimentos y hambrunas.
Es de estas dinámicas de violencia y de este tipo de impactos de los conflictos de los que huyen millones de personas desplazadas que año a año abultan las estadísticas. La respuesta en términos de acogida, protección, asilo, garantías de derechos humanos, prevención y transformación de conflictos sigue siendo abrumadoramente insuficiente.
