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Año XI, 15 de diciembre de 2019

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Escribir con la mano y borrar con el codo: ¿Hacia dónde va nuestra política migratoria?

La situación de los más de 300 venezolanos estancados en el paso fronterizo de Chacalluta se ha visto recientemente agravada por el Decreto Supremo firmado por el presidente Sebastián Piñera. A tan solo meses de anunciar que aceptarían documentos vencidos a quienes provengan de Venezuela, con la medida que entró en vigencia este sábado ahora el Gobierno les exige un pasaporte al día para permitir el ingreso.

Tomás González F.

  Martes 25 de junio 2019 8:15 hrs. 
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La situación de los más de 300 ciudadanos venezolanos varados en el paso fronterizo de Chacalluta, que une Chile y Perú en la Región de Arica y Parinacota, ha activado las alarmas de las organizaciones internacionales y nacionales ligadas a la inmigración.

Y es que las cosas en el norte del país, lejos de mejorar, han ido empeorando, y sobre todo con la entrada en vigencia este sábado, de manera imprevista y nuevamente a través de un Decreto Supremo, de la solicitud de una visa consular a los ciudadanos venezolanos para ingresar como turistas al país.

Una medida que contrasta de manera notoria con la implementada el pasado 18 de abril en la Resolución Exenta N°2087, que decía que los pasaportes y cédulas venezolanas vencidas serían consideradas como vigentes por un período de dos años a contar de esa fecha. ¿El problema? El Decreto Supremo que entró en vigencia este sábado pide como requisito a los venezolanos el tener su pasaporte al día para solicitar el visado.

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Una señal confusa desde el Ejecutivo que para el presidente de la Asociación de Venezolanos en Chile, Luis Zurita, tiene que ver con la “incoherencia” con que el gobierno de Sebastián Piñera ha enfrentado la crisis existente en el país caribeño.

Ha sido incoherente en el sentido de que el Gobierno de Chile ha reconocido durante este último año una sistemática violación de derechos humanos en Venezuela, reconoce que hay una crisis migratoria venezolana, pero a la vez niega también la entrada a estos mismos nacionales en la frontera. Están viendo que son personas necesitadas de protección internacional, que muchos de ellos no son turistas y a lo que vienen, finalmente, es a reencontrarse con sus familiares y a buscar una vida mejor”, sostuvo Zurita.

Pero desde el Gobierno han sido terminantes en defender la medida. Desde la ciudad de Arica, el asesor en materia de migraciones del Ministerio del Interior, Mijail Bonito, y desde Santiago, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, justificaron la normativa apelando a que disminuirá la irregularidad y al ya conocido eslogan de “ordenar la casa”.

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Pero desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes ven con escepticismo las explicaciones del Ejecutivo y tienen un diagnóstico totalmente diferente. En conversación con Radio Universidad de Chile, el vocero de la agrupación, Héctor Pujols, indicó que con estas medidas, lejos de disminuir el ingreso irregular, éste ha aumentado.

“No tiene tampoco sentido cuando dicen ‘porque así evitamos la irregularidad migratoria’. Eso es mentira, está demostrado que toda visa consular que han instalado, tanto para Haití como en el caso de República Dominicana, lo que genera es mayor irregularidad porque esa gente no va a volver a Venezuela y va a hacer todo lo posible para pasar a Chile, pagando, si hace falta, a los ‘coyotes’ para que los pasen en la frontera y entrar al país”, comentó el presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes.

De los más de 300 hombres, mujeres, niños y niñas venezolanas que esperan en Chacalluta por una solución a la grave situación a la que se vieron enfrentados, en su mayoría han solicitado refugio en nuestro país, y no visas de turismo como se ha dicho.

Sin embargo, estas solicitudes han sido en su mayoría denegadas, un problema que se viene arrastrando desde agosto del año pasado, cuando el Gobierno de Chile resolvió dejar de recibir la asesoría que, desde 2005, recibía por parte de la Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Era justamente en esa instancia en donde se definía quién recibía el estatus de ‘refugiado’, condición que, según la definición de la ONU, es aplicable a prácticamente todos los ciudadanos venezolanos que salen de su país.

MAPA FLUJO MIGRATORIO

En esa línea, la académica de la Universidad de Chile y experta en migración, María Emilia Tijoux, fue enfática en que la situación de los venezolanos en Chacalluta es grave y que requiere ser tratada bajo esa condición.

“La gente está pidiendo refugio porque no puede volver a su país. Es el caso que ocurre con países donde la gente se siente perseguida, donde no pueden regresar, donde consideran que su vida está en peligro. Ese es el refugio. No es solamente alguien que quiera venir a residir o a inventar, la gente está diciendo ahí, cuando los están entrevistando, están diciendo que solicitan refugio”, lamentó la académica de la Universidad de Chile.

Según las cifras oficiales del Departamento de Extranjería y Migración, 326.775 venezolanos ha solicitado residencia en Chile. De ellos, 3.102 son solicitudes pendientes de refugio.

Una cifra que está bastante lejos de la que estiman las organizaciones de inmigrantes, quienes cifran en 12 mil las solicitudes de refugiados que no han sido tramitadas y acusan que el número del Ministerio del Interior no contabiliza a las personas que no logran hacer su trámite en la frontera y son rechazadas previamente por no cumplir con los requisitos que se exigen para ingresar a Chile.

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