En octubre del 2018, a través de la publicación de una serie de fotografías de la Red Patagonia Sin Mineras, se dio a conocer que en el año 2000, la minera Cerro Bayo había construido un camino en la zona conocida como El Furioso, en Aysén, y que había generado un irreparable daño al patrimonio arqueológico y paleontológico del lugar.

Solo dos meses después, la Policía de Investigaciones puso a disposición del Ministerio Público diversos antecedentes sobre una eventual transgresión de la Ley de Monumentos Nacionales. Allí, en el artículo 1, se destaca que los restos arqueológicos, paleontológicos o de formación natural son monumentos nacionales pese a no haber sido declarados como tales por alguna autoridad.

En el caso de la zona El Furioso, los restos destruidos por un camino de acceso hacia el yacimiento del mismo nombre, datan de 19 y 20 millones de años, según las excavaciones previas, y representan vestigios de lo que se conoce como el “Mar Patagónico”.

Fotografía de la zona afectada en El Furioso.

Sin embargo, para Peter Hartmann, presidente de la Agrupación Aysén Reserva de Vida, adicional a este delito, la gravedad tiene un vínculo estrecho y de responsabilidad de parte del Estado.

“La destrucción de fósiles y patrimonio paleontológico por parte de la Minera Cerro Bayo fue con un camino subsidiado con fondos regionales en el cual se eludió la evaluación de impacto ambiental. Ahora encima lo sobreseen. Eso demuestra nuevamente cómo las mineras en nuestro país hacen lo que quieren”, indicó.

El sobreseimiento al que se refiere Hartmann tuvo lugar recién el 22 de julio de este año, cuando el juez de garantía de Chile Chico, Mario Reyes, declaró que el delito había prescrito por la cantidad de años que acumulaba desde que se cometió.

Esta situación no es diferente a lo que ya ha ocurrido en otra de las causas por las que se venía investigando a la Minera Cerro Bayo y que el 3 de junio de este año también fue sobreseída por la misma razón: la prescripción.

Fotografía de la zona afectada en El Furioso.

Hartmann, por su parte, aseguró que no le sorprende esta situación, dado que “la ley es injusta en este sentido”. Aun así, aseguró el dirigente, las agrupaciones tenían contemplado que el Estado pudiese reclamar algún tipo de reparación a la empresa implicada.

“Lo lógico era que el Estado le hubiese mandado el guante encima a la empresa. Nosotros solo queríamos sentar el precedente, demostrar que nuevamente las mineras tienen chipe libre en Chile, hacen lo que quieren y cuentan con subsidios de varios tipos del Estado, sin que los fiscalicen”, criticó el dirigente a Diario y Radio Universidad de Chile.

Además de esta visualización del caso, reclamada por diversas organizaciones, las mismas han puesto en la mira a sucesos similares que continúan atentando contra el patrimonio arqueológico en Aysén.

Así, por ejemplo, la presidenta de la Agrupación Antukulef, Corina Ainol, dio a conocer su desconfianza en uno de los nuevos proyectos mineros de la zona.

“Con el proyecto Los Domos nos surgen muchas interrogantes. Una de esas tiene que ver con la fiscalización de los trabajos. Consideramos que la minería no entrega garantías de protección, no es suficiente la fiscalización sobre esos trabajos y mucho menos sabremos con qué responsabilidad va a operar la empresa, ya que pueden o no informar sobre estos hallazgos”, indicó Ainol.

Finalmente, hay que sumar a este proyecto, otro que considera la construcción de 100 plataformas de sondaje de la australiana Laguna Gold, en el sector de Katterfeld. Dicha faena fue aprobada en octubre de 2018 por el Gobierno y su impacto afectaría directamente al sitio arqueológico del mismo nombre y que, además, ya ha sido identificado por investigadores.