En la actividad realizada en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile se revisaron tres casos chilenos: la minería de litio en el desierto de Atacama, la privatización del agua en Chile y las amenazas a la Patagonia, lugar de reserva de agua y vida.
Luego de la lucha de casi un año por parte de diversas agrupaciones ambientales en Aysén, en contra de la minera Cerro Bayo y la construcción de un camino que afectó al patrimonio geológico de la zona, el juzgado de garantía de Chile Chico argumentó que el delito se cometió hace casi 20 años y que hoy está prescrito.
Peter Hartmann, director del Comité Nacional pro Defensa de la Flora y Fauna (Codeff) de Aysén, explicó que actualmente, al interior del área marina protegida Pitipalena-Añihué, existen ocho salmoneras, de las cuales siete tienen problemas de enfermedades hidrotransmisibles y tres están funcionando fuera de las áreas concesionadas de forma ilegal.
Organizaciones medioambientales como integrantes del Congreso, valoraron el fallo del Segundo Tribunal Ambiental que ratificó el rechazo al proyecto hidroeléctrico. De todas maneras, llamaron a estar atentos frente a los próximos pasos de la empresa para intentar reflotar la iniciativa.
Ciudadanos, organizaciones sociales y ecologistas de Aysén esperan que prontamente la compañía entregue los derechos de agua y devuelva los terrenos donde iba a ser construida la central.
Desde diversas organizaciones medioambientales criticaron que gracias a la aprobación otorgada por el comité de ministros al proyecto Río Cuervo, posibilitó que la empresa pudiera revender sus derechos con un incremento exponencial en sus valores monetarios, por lo que acusan que los ministros actuaron “como virtuales corredores de bolsa para permitir el avance de la venta”.
Indignados están organizaciones ciudadanas y ambientalistas de la Región de Aysén ante la decisión del Comité de Ministros que resolvió este lunes mantener la aprobación del proyecto “Central Hidroeléctrica Cuervo”. Esto por cuanto el proyecto se ubicaría en una zona sísmica e impactaría fuertemente al medioambiente. Frente a esto, anunciaron que “demostrarán la ilegalidad del proyecto en los Tribunales Ambientales”.
