Escuchas telefónicas en el Ejército: Senador Bianchi acusa “complacencia” hacia las FF.AA.
Tal como en dictadura, la rama castrense continúa ostentando privilegios que hoy día siguen efectivos. Las denominadas Operación W y Topógrafo, así lo confirman. Ambas acciones de inteligencia creadas para contrarrestar las denuncias que se han hecho por los casos de corrupción y desfalco que afectan a la institución.
Rodrigo Fuentes
Lunes 12 de agosto 2019 18:29 hrs.
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Polémica ha generado el destape de las minutas de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) sobre escuchas telefónicas en contra de profesionales de la comunicación y al mismo interior de la institución castrense.
Son dos acciones de espionaje que fueron impulsadas por esa rama de las Fuerzas Armadas en 2017. La primera fue conocida como “Operación W”, por la que se intervino el teléfono del periodista Mauricio Weibel, quien investigó y dio a conocer las irregularidades financieras y la millonaria defraudación a la Ley Reservada del Cobre por parte de oficiales y cabos del Ejército. La otra, tiene por nombre “Operación Topógrafo”, y mediante ella la institución uniformada mantenía intervenidas las líneas de comunicación de cuatro funcionarios que denunciaron los desfalcos dentro de la institución: el capitán rafael Harvey, el cabo primero Sergio Tudesca, ambos en servicio activo, y los militares en retiro Carlos Farías y Juan Pablo Díaz.
Las transcripciones de las escuchas revelarían información de cómo se desarrollaron investigaciones como el Caso Milicogate, que acreditó el desvío de seis mil millones de pesos de los fondos de la entonces Ley Reservada del Cobre.
Este lunes, el ministro de Defensa, Alberto Espina, respaldó dichas operaciones de inteligencia del Ejército, e indicó quetodo está dentro de la legalidad.
Además, descartó dar detalles de los cuestionados procedimientos, ya que según la ley -precisó- dicha acción es penada con reclusión, por lo que enfatizó en la gravedad de la divulgación de tal información
“Desde el punto de vista del cumplimiento de la ley, las acciones se han hecho dentro del marco legal, y la normativa es muy clara en establecer que toda información que se tenga, no solo de los operadores de inteligencia, sino que también de las autoridades que se informan de ellas, son secretas y la vulneración tiene pena de cárcel”, afirmó, para luego señalar que el Segundo Juzgado Militar de Santiago investigará las filtraciones a la prensa de las escuchas telefónicas.
El ministro de Defensa, Alberto Espina, agregó que se han tomado múltiples medidas de probidad. Esto, ante las expresiones del diputado Gabriel Silber (DC), quien afirmó que hay un “abuso” de la Ley de Inteligencia del Ejército y una “situación de persecución” contra los denunciantes de irregularidades.
Al respecto, el presidente de la comisión de Defensa y diputado de RD, Jorge Brito, indicó que por tercera vez citarán al secretario de Estado para que explique los hechos, la legalidad y tratar nuevas medidas para que ninguna dirección de inteligencia esté sobre la ley y vulnere los derechos de la sociedad.
“El único antecedente que tenemos es que estos funcionarios habían realizado denuncias por faltas a la probidad o corrupción dentro de la institución. Puede que haya personas que abusen de la confianza que le hemos dado en torno a disponer de medidas intrusivas, y en ningún caso volver a afectar la seguridad de aquellos que denuncian con la excusa de la seguridad nacional”, argumentó.
En tanto, para el integrante de la comisión de Defensa del Senado, Carlos Bianchi, ninguna instancia parlamentaria puede llegar al fondo del asunto, ya que aseguró que existe aún mucha “complacencia” en el Congreso y el propio Ejecutivo sobre las acciones que emanan desde las Fuerzas Armadas.
“Esto no es para nada confiable, estamos en un punto donde las autoridades, por más que vayan a explicar a una comisión especial, tampoco van a llegar al fondo del asunto, que es donde debiera llegarse. Hay mucha complacencia, pero se puede dar una señal hacia afuera de rigurosidad, para esclarecer y entregar confianza, la misma que hoy es objeto de duda”, subrayó.
El mismo periodista que fue víctima de espionaje, Mauricio Weibel, escribió en su cuenta de twitter que, con estas declaraciones, “el ministro Espina salió a apoyar el espionaje del Ejército contra civiles. Eso lo pone al margen de la democracia, a él y al Gobierno”.
Finalmente, cabe recordar, que la comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara de Diputados anunció que citará al director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general de brigada Guillermo Parva, para que explique las escuchas telefónicas realizadas por el organismo.
Por otra parte, la tarde del lunes el ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, señaló a radio Bío Bío que el Pleno del Máximo Tribunal podría solicitar un informe a los jueces que autorizaron las interceptaciones telefónicas. “Sé que hay ciertas interceptaciones que deben hacerse con autorización judicial, pero no sé en este caso lo que haya sucedido” expresó el magistrado. En ese sentido, manifestó que el Pleno tiene la facultad de pedir “información de cualquier cosa que ocurra en lo que tenga que ver con los tribunales”.
Polémica ha generado el destape de las minutas de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) sobre escuchas telefónicas en contra de profesionales de la comunicación y al mismo interior de la institución castrense.
Son dos acciones de espionaje que fueron impulsadas por esa rama de las Fuerzas Armadas en 2017. La primera fue conocida como “Operación W”, por la que se intervino el teléfono del periodista Mauricio Weibel, quien investigó y dio a conocer las irregularidades financieras y la millonaria defraudación a la Ley Reservada del Cobre por parte de oficiales y cabos del Ejército. La otra, tiene por nombre “Operación Topógrafo”, y mediante ella la institución uniformada mantenía intervenidas las líneas de comunicación de cuatro funcionarios que denunciaron los desfalcos dentro de la institución: el capitán rafael Harvey, el cabo primero Sergio Tudesca, ambos en servicio activo, y los militares en retiro Carlos Farías y Juan Pablo Díaz.
Las transcripciones de las escuchas revelarían información de cómo se desarrollaron investigaciones como el Caso Milicogate, que acreditó el desvío de seis mil millones de pesos de los fondos de la entonces Ley Reservada del Cobre.
Este lunes, el ministro de Defensa, Alberto Espina, respaldó dichas operaciones de inteligencia del Ejército, e indicó quetodo está dentro de la legalidad.
Además, descartó dar detalles de los cuestionados procedimientos, ya que según la ley -precisó- dicha acción es penada con reclusión, por lo que enfatizó en la gravedad de la divulgación de tal información
“Desde el punto de vista del cumplimiento de la ley, las acciones se han hecho dentro del marco legal, y la normativa es muy clara en establecer que toda información que se tenga, no solo de los operadores de inteligencia, sino que también de las autoridades que se informan de ellas, son secretas y la vulneración tiene pena de cárcel”, afirmó, para luego señalar que el Segundo Juzgado Militar de Santiago investigará las filtraciones a la prensa de las escuchas telefónicas.
El ministro de Defensa, Alberto Espina, agregó que se han tomado múltiples medidas de probidad. Esto, ante las expresiones del diputado Gabriel Silber (DC), quien afirmó que hay un “abuso” de la Ley de Inteligencia del Ejército y una “situación de persecución” contra los denunciantes de irregularidades.
Al respecto, el presidente de la comisión de Defensa y diputado de RD, Jorge Brito, indicó que por tercera vez citarán al secretario de Estado para que explique los hechos, la legalidad y tratar nuevas medidas para que ninguna dirección de inteligencia esté sobre la ley y vulnere los derechos de la sociedad.
“El único antecedente que tenemos es que estos funcionarios habían realizado denuncias por faltas a la probidad o corrupción dentro de la institución. Puede que haya personas que abusen de la confianza que le hemos dado en torno a disponer de medidas intrusivas, y en ningún caso volver a afectar la seguridad de aquellos que denuncian con la excusa de la seguridad nacional”, argumentó.
En tanto, para el integrante de la comisión de Defensa del Senado, Carlos Bianchi, ninguna instancia parlamentaria puede llegar al fondo del asunto, ya que aseguró que existe aún mucha “complacencia” en el Congreso y el propio Ejecutivo sobre las acciones que emanan desde las Fuerzas Armadas.
“Esto no es para nada confiable, estamos en un punto donde las autoridades, por más que vayan a explicar a una comisión especial, tampoco van a llegar al fondo del asunto, que es donde debiera llegarse. Hay mucha complacencia, pero se puede dar una señal hacia afuera de rigurosidad, para esclarecer y entregar confianza, la misma que hoy es objeto de duda”, subrayó.
El mismo periodista que fue víctima de espionaje, Mauricio Weibel, escribió en su cuenta de twitter que, con estas declaraciones, “el ministro Espina salió a apoyar el espionaje del Ejército contra civiles. Eso lo pone al margen de la democracia, a él y al Gobierno”.
Finalmente, cabe recordar, que la comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara de Diputados anunció que citará al director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general de brigada Guillermo Parva, para que explique las escuchas telefónicas realizadas por el organismo.
Por otra parte, la tarde del lunes el ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, señaló a radio Bío Bío que el Pleno del Máximo Tribunal podría solicitar un informe a los jueces que autorizaron las interceptaciones telefónicas. “Sé que hay ciertas interceptaciones que deben hacerse con autorización judicial, pero no sé en este caso lo que haya sucedido” expresó el magistrado. En ese sentido, manifestó que el Pleno tiene la facultad de pedir “información de cualquier cosa que ocurra en lo que tenga que ver con los tribunales”.
Polémica ha generado el destape de las minutas de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) sobre escuchas telefónicas en contra de profesionales de la comunicación y al mismo interior de la institución castrense.
Son dos acciones de espionaje que fueron impulsadas por esa rama de las Fuerzas Armadas en 2017. La primera fue conocida como “Operación W”, por la que se intervino el teléfono del periodista Mauricio Weibel, quien investigó y dio a conocer las irregularidades financieras y la millonaria defraudación a la Ley Reservada del Cobre por parte de oficiales y cabos del Ejército. La otra, tiene por nombre “Operación Topógrafo”, y mediante ella la institución uniformada mantenía intervenidas las líneas de comunicación de cuatro funcionarios que denunciaron los desfalcos dentro de la institución: el capitán rafael Harvey, el cabo primero Sergio Tudesca, ambos en servicio activo, y los militares en retiro Carlos Farías y Juan Pablo Díaz.
Las transcripciones de las escuchas revelarían información de cómo se desarrollaron investigaciones como el Caso Milicogate, que acreditó el desvío de seis mil millones de pesos de los fondos de la entonces Ley Reservada del Cobre.
Este lunes, el ministro de Defensa, Alberto Espina, respaldó dichas operaciones de inteligencia del Ejército, e indicó quetodo está dentro de la legalidad.
Además, descartó dar detalles de los cuestionados procedimientos, ya que según la ley -precisó- dicha acción es penada con reclusión, por lo que enfatizó en la gravedad de la divulgación de tal información
“Desde el punto de vista del cumplimiento de la ley, las acciones se han hecho dentro del marco legal, y la normativa es muy clara en establecer que toda información que se tenga, no solo de los operadores de inteligencia, sino que también de las autoridades que se informan de ellas, son secretas y la vulneración tiene pena de cárcel”, afirmó, para luego señalar que el Segundo Juzgado Militar de Santiago investigará las filtraciones a la prensa de las escuchas telefónicas.
El ministro de Defensa, Alberto Espina, agregó que se han tomado múltiples medidas de probidad. Esto, ante las expresiones del diputado Gabriel Silber (DC), quien afirmó que hay un “abuso” de la Ley de Inteligencia del Ejército y una “situación de persecución” contra los denunciantes de irregularidades.
Al respecto, el presidente de la comisión de Defensa y diputado de RD, Jorge Brito, indicó que por tercera vez citarán al secretario de Estado para que explique los hechos, la legalidad y tratar nuevas medidas para que ninguna dirección de inteligencia esté sobre la ley y vulnere los derechos de la sociedad.
“El único antecedente que tenemos es que estos funcionarios habían realizado denuncias por faltas a la probidad o corrupción dentro de la institución. Puede que haya personas que abusen de la confianza que le hemos dado en torno a disponer de medidas intrusivas, y en ningún caso volver a afectar la seguridad de aquellos que denuncian con la excusa de la seguridad nacional”, argumentó.
En tanto, para el integrante de la comisión de Defensa del Senado, Carlos Bianchi, ninguna instancia parlamentaria puede llegar al fondo del asunto, ya que aseguró que existe aún mucha “complacencia” en el Congreso y el propio Ejecutivo sobre las acciones que emanan desde las Fuerzas Armadas.
“Esto no es para nada confiable, estamos en un punto donde las autoridades, por más que vayan a explicar a una comisión especial, tampoco van a llegar al fondo del asunto, que es donde debiera llegarse. Hay mucha complacencia, pero se puede dar una señal hacia afuera de rigurosidad, para esclarecer y entregar confianza, la misma que hoy es objeto de duda”, subrayó.
El mismo periodista que fue víctima de espionaje, Mauricio Weibel, escribió en su cuenta de twitter que, con estas declaraciones, “el ministro Espina salió a apoyar el espionaje del Ejército contra civiles. Eso lo pone al margen de la democracia, a él y al Gobierno”.
Finalmente, cabe recordar, que la comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara de Diputados anunció que citará al director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general de brigada Guillermo Parva, para que explique las escuchas telefónicas realizadas por el organismo.
Por otra parte, la tarde del lunes el ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, señaló a radio Bío Bío que el Pleno del Máximo Tribunal podría solicitar un informe a los jueces que autorizaron las interceptaciones telefónicas. “Sé que hay ciertas interceptaciones que deben hacerse con autorización judicial, pero no sé en este caso lo que haya sucedido” expresó el magistrado. En ese sentido, manifestó que el Pleno tiene la facultad de pedir “información de cualquier cosa que ocurra en lo que tenga que ver con los tribunales”.
