Informe del Poder Judicial revela “indignante” situación de las cárceles en el país
El estudio analiza la evolución de la realidad penitenciaria entre el 2013 y 2017, a través de múltiples visitas a recintos donde, una de las principales conclusiones, es que en Chile no se alcanzan los “estándares mínimos de dignidad”.
Diario Uchile
Jueves 29 de agosto 2019 20:32 hrs.
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Hay múltiples penales en Chile que no alcanzan el “estándar mínimo de dignidad”. Esa es una de las conclusiones a las que arribó una investigación realizada por dos profesores y dos egresados de la Universidad de Chile -suscrito un convenio entre nuestra casa de estudios y el Poder Judicial.
El informe extraído en base a 334 actas de visitas, detalla la situación de diferentes penales por regiones, donde la mayoría se caracteriza por condiciones extremas de hacinamiento, higiene, violencia, abandono estructural y antigüedad del recinto.
Para el dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), Patricio Proboste, el Estado debiera tener una política pública de mediano y largo plazo destinada a mejorar las condiciones carcelarias y no estar sometida al presupuesto que todos los años designa el Gobierno de turno para intentar paliar el problema de los recintos del país y las condiciones de reclusión en la que se encuentran los internos.
Pese a las conclusiones negativas que realiza el estudio encargado por el Poder Judicial de la realidad penitenciaria en Chile, existe una evaluación positiva de al menos el 60 por ciento de los recintos evaluados, en cuanto a seguridad, orden e higiene.
Para Andrés Segovia, también vocero y dirigente de ANFUP, hay que tener cuidado con este tipo de informes, ya que – precisó- existen similares, como, por ejemplo, el elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), donde se advierte el incumplimiento del rol garante del Estado con los derechos de las personas privadas de libertad, las condiciones materiales apropiadas, de programas de reinserción y servicios mínimos en las cárceles.
“Debe existir un sistema mixto en el país, lo que tiene que concesionarse es solo la construcción y el diseño, porque este mecanismo representa altos costos para el Estado. Mantener a una persona dentro de estos recintos cuesta hasta el triple que en una tradicional. Además, los privados siempre cobran por la capacidad máxima, siendo que penales de Valdivia o Puerto Montt no están dentro de esa clasificación, lo que también representa un negocio redondo para los dueños de las concesiones penitenciarias”, afirmó.
Segovia precisó que la concesión de las cárceles tampoco es la solución a este tipo de problemas, debido al explosivo crecimiento de la población penal y al alto costo que significa para el Estado mantener los recintos ubicados en Rancagua, Valdivia y Puerto Montt.
Para los dirigentes de ANFUP, una de las posibles soluciones para reducir costos y mejorar las condiciones de los reos e infraestructura, es eliminar los recintos pequeños que existen en algunas ciudades del país y construir espacios mucho más grandes, pero únicos, que abarque a toda una provincia o región.
Hay múltiples penales en Chile que no alcanzan el “estándar mínimo de dignidad”. Esa es una de las conclusiones a las que arribó una investigación realizada por dos profesores y dos egresados de la Universidad de Chile -suscrito un convenio entre nuestra casa de estudios y el Poder Judicial.
El informe extraído en base a 334 actas de visitas, detalla la situación de diferentes penales por regiones, donde la mayoría se caracteriza por condiciones extremas de hacinamiento, higiene, violencia, abandono estructural y antigüedad del recinto.
Para el dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), Patricio Proboste, el Estado debiera tener una política pública de mediano y largo plazo destinada a mejorar las condiciones carcelarias y no estar sometida al presupuesto que todos los años designa el Gobierno de turno para intentar paliar el problema de los recintos del país y las condiciones de reclusión en la que se encuentran los internos.
Pese a las conclusiones negativas que realiza el estudio encargado por el Poder Judicial de la realidad penitenciaria en Chile, existe una evaluación positiva de al menos el 60 por ciento de los recintos evaluados, en cuanto a seguridad, orden e higiene.
Para Andrés Segovia, también vocero y dirigente de ANFUP, hay que tener cuidado con este tipo de informes, ya que – precisó- existen similares, como, por ejemplo, el elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), donde se advierte el incumplimiento del rol garante del Estado con los derechos de las personas privadas de libertad, las condiciones materiales apropiadas, de programas de reinserción y servicios mínimos en las cárceles.
“Debe existir un sistema mixto en el país, lo que tiene que concesionarse es solo la construcción y el diseño, porque este mecanismo representa altos costos para el Estado. Mantener a una persona dentro de estos recintos cuesta hasta el triple que en una tradicional. Además, los privados siempre cobran por la capacidad máxima, siendo que penales de Valdivia o Puerto Montt no están dentro de esa clasificación, lo que también representa un negocio redondo para los dueños de las concesiones penitenciarias”, afirmó.
Segovia precisó que la concesión de las cárceles tampoco es la solución a este tipo de problemas, debido al explosivo crecimiento de la población penal y al alto costo que significa para el Estado mantener los recintos ubicados en Rancagua, Valdivia y Puerto Montt.
Para los dirigentes de ANFUP, una de las posibles soluciones para reducir costos y mejorar las condiciones de los reos e infraestructura, es eliminar los recintos pequeños que existen en algunas ciudades del país y construir espacios mucho más grandes, pero únicos, que abarque a toda una provincia o región.
Hay múltiples penales en Chile que no alcanzan el “estándar mínimo de dignidad”. Esa es una de las conclusiones a las que arribó una investigación realizada por dos profesores y dos egresados de la Universidad de Chile -suscrito un convenio entre nuestra casa de estudios y el Poder Judicial.
El informe extraído en base a 334 actas de visitas, detalla la situación de diferentes penales por regiones, donde la mayoría se caracteriza por condiciones extremas de hacinamiento, higiene, violencia, abandono estructural y antigüedad del recinto.
Para el dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), Patricio Proboste, el Estado debiera tener una política pública de mediano y largo plazo destinada a mejorar las condiciones carcelarias y no estar sometida al presupuesto que todos los años designa el Gobierno de turno para intentar paliar el problema de los recintos del país y las condiciones de reclusión en la que se encuentran los internos.
Pese a las conclusiones negativas que realiza el estudio encargado por el Poder Judicial de la realidad penitenciaria en Chile, existe una evaluación positiva de al menos el 60 por ciento de los recintos evaluados, en cuanto a seguridad, orden e higiene.
Para Andrés Segovia, también vocero y dirigente de ANFUP, hay que tener cuidado con este tipo de informes, ya que – precisó- existen similares, como, por ejemplo, el elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), donde se advierte el incumplimiento del rol garante del Estado con los derechos de las personas privadas de libertad, las condiciones materiales apropiadas, de programas de reinserción y servicios mínimos en las cárceles.
“Debe existir un sistema mixto en el país, lo que tiene que concesionarse es solo la construcción y el diseño, porque este mecanismo representa altos costos para el Estado. Mantener a una persona dentro de estos recintos cuesta hasta el triple que en una tradicional. Además, los privados siempre cobran por la capacidad máxima, siendo que penales de Valdivia o Puerto Montt no están dentro de esa clasificación, lo que también representa un negocio redondo para los dueños de las concesiones penitenciarias”, afirmó.
Segovia precisó que la concesión de las cárceles tampoco es la solución a este tipo de problemas, debido al explosivo crecimiento de la población penal y al alto costo que significa para el Estado mantener los recintos ubicados en Rancagua, Valdivia y Puerto Montt.
Para los dirigentes de ANFUP, una de las posibles soluciones para reducir costos y mejorar las condiciones de los reos e infraestructura, es eliminar los recintos pequeños que existen en algunas ciudades del país y construir espacios mucho más grandes, pero únicos, que abarque a toda una provincia o región.
