La coordinadora del Magíster en Criminología de la U. de Chile apuntó al aumento de la población penal como uno de los factores críticos del sistema penitenciario. Por otro lado, planteó dudas sobre la reforma del Ejecutivo.
Las cifras refuerzan la preocupación de las autoridades: salvo Los Ríos, con un 98,7% de ocupación, el resto de las regiones del país superó el 100% de su capacidad carcelaria.
El director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana señaló que hoy la prisión en Chile no cumple sus objetivos, como rehabilitar. Entonces es necesaria una reforma profunda: “Gendarmería no está cumpliendo sus principales funciones”, dijo.
Según informó la PDI, se emitieron 77 órdenes de detención, que se desglosó en 42 gendarmes y 35 civiles. Se indagan delitos como cohecho, tráfico de drogas, lavado de activos y asociación criminal.
7 de cada 10 detenidos en centros de inmigración de EE.UU. no tenía antecedentes penales. Un informe de HRW revela hacinamiento, tortura y humillaciones sistemáticas en cárceles de Florida, donde las detenciones se han disparado un 249%.
El director del organismo, Sebastián Urra, presentó la acción en el Séptimo Juzgado de Garantía, argumentando que se trataba de un documento de carácter reservado, cuya información “podría afectar gravemente la seguridad pública”.
El diputado Miguel Ángel Calisto resalto la importancia de esta iniciativa en el marco de la crisis carcelaria que vive nuestro país. “Recordemos que al interior de estos recintos opera el crimen organizado y el narcotráfico”, destacó.
El gobierno regional entregó a Gendarmería una serie de herramientas que serán usadas para evitar delitos adentro de los recintos penitenciarios. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, agradeció personalmente al gobernador Claudio Orrego.
En medio de una denuncia por irregularidades en el traslado de dos internos de Santiago 1, Víctor Provoste envió una carta al director Sebastián Urra asegurando que carece del liderazgo necesario para llevar los destinos de la institución.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero indicó que junto con este proyecto, se están ampliando cinco recintos penitenciarios y construyendo dos nuevas cárceles en Calama y Copiapó.
El titular de Justicia se refirió a la situación de las cárceles y la agenda de seguridad. Sobre esto último, destacó que “se ha avanzado bastante” y sostuvo que “esta es la administración que más ha dictado leyes en seguridad”.
Según sus cifras, en Santiago y Santiago 1 hay casi 6 mil y 5 mil reos, mientras que el personal no supera los 400 funcionarios por cárcel. Desde Gendarmería señalan que la criminalidad al interior de los penales en el país “ha crecido duramente.
El proyecto busca evitar categorías de poder al interior de los recintos e impedir el ingreso de ropa por la que se cuelan celulares y armas. Por otro lado, Duran criticó que el INDH considera que estas medidas atentan contra la dignidad de los reos.
Alarmante regresión en el respeto y la protección de los derechos humanos en el país mezoamericano donde, según el organismo humanitario, hay una gradual sustitución de la violencia de las pandillas por violencia estatal.
Las prisiones del país están dominadas por bandas del crimen organizado que las han convertido en centro de operaciones desde donde se ordenan asesinatos, robos, secuestros y extorsiones.
El subsecretario de Justicia resaltó la importancia de abordar las especificidades del sistema penitenciario femenino y apuntó que esta es una discusión en la que el Estado debe hacerse responsable.
Recientemente el Senado aprobó de forma unánime la idea de legislar un proyecto que busca penalizar la tenencia de celulares en los recintos penitenciarios del país. En la actualidad, el hallazgo de un celular en poder de una persona privada de libertad conlleva una serie de sanciones como pérdida de conducta, traslados, pérdida de visitas, […]
