Un incierto panorama se vive ad portas de que la sala de la Cámara de Diputados revise la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, lo que ocurrirá el próximo martes 1 de octubre.

La noche de este lunes, el abogado de la secretaria de Estado envió el escrito con su defensa a la comisión revisora –de mayoría oficialista- con lo cual la instancia tendrá seis días para emitir su informe.

En la contestación  se señala que la acusación no posee mérito jurídico, por lo cual se desestima tanto su admisibilidad como los cinco capítulos del libelo.

Entre los argumentos contenidos en el documento, están el que, a juicio de la defensa, no se verificarían las causales establecidas en la Constitución; contendría imputaciones que no son responsabilidad de la actual ministra y no se cumpliría con los estándares mínimos del debido proceso.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, reafirmó esta postura señalando que esta acusación “carece de todo fundamento legal y eso es lo principal y lo que la Cámara de Diputados debe reflexionar. Las acusaciones constitucionales deben fundarse en causales jurídicas establecidas en la Constitución y objetivas, y no son para hacer evaluaciones de carácter político”.

Misma visión expresó la diputada de RN e integrante de la comisión revisora, Catalina del Real, quien recalcó que antes de llegar a esta instancia, se deben agotar todos los recursos anteriores.

“Va bastante acorde con lo que han dicho cinco abogados contitucionalistas que hemos escuchado en la comisión. Ellos han dicho que requiere de varios procesos anteriores, por ejemplo, las comisiones especiales, las sesiones especiales, la interpelación. Esta acusación constitucional siempre es la última instancia, es primera vez que a un ministro a ministra se le aplica de inmediato sin pasar por estos procesos”.

Durante la tarde de este martes, la comisión continuó escuchando a abogados, autoridades y representantes gremiales. Durante su exposición, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, refutó el argumento de parlamentarios y representantes del oficialismo, manifestando que el extenso paro llevado a cabo por el Magisterio fue la última instancia a la que llegaron para visibilizar el estado de la educación pública, particularmente la discriminación hacia las profesoras de educación diferencial.

“Fue un largo tiempo de conversaciones y de mesa de diálogo. Para nosotros el último recurso fue el paro, llegamos a él cuando se agotaron todas las demás instancias y por primera vez estuvo esto puesto en el petitorio, así que por primera vez hubo una respuesta formal de una ministra con respecto a este punto porque anteriormente no estuvo en el petitorio”.

Pocas horas después de que se presentara el documento con la defensa de Marcela Cubillos, se dio a conocer un informe de Contraloría que cuestiona el uso de recursos el Mineduc.

Al respecto, el diputado socialista e impulsor de la acusación contra la secretaria de Estado, Juan Santana, indicó que, por un lado, con esto se derrumba el argumento de que los organismos como Contraloría o el Consejo para la Transparencia le han estado la razón a la ministra y, por el otro, podría significar un “ocultamiento de información que a la luz de los hechos parece sumamente grave”, ya que éste fue emitido antes de la presentación de la acusación.

En relación al contenido del documento, el parlamentario sostuvo que “lo que dice el informe es sumamente claro: hubo una mala utilización de recursos públicos en la campaña comunicacional que se llevó adelante por parte del ministerio con el proyecto Admisión Justa, pero además devela una cantidad importante de irregularidades y anomalías administrativas por parte de la Subsecretaría de Educación”.

Cabe señalar que el informe que emita la comisión no será vinculante, sino que sólo servirá como un insumo que contendrá la opinión de distintos expertos, dirigentes y representantes del mundo de la educación.

Lo que sí deberán votar los diputados será la denominada “cuestión previa” la que, en caso de ser acogida, impedirá el avance de la acusación, mientras que si es rechazada los parlamentarios podrán revisar cada uno de los cinco capítulos que contiene el libelo acusatorio.