El abogado alertó que para evitar la impunidad y recuperar la credibilidad del sistema de justicia, la única salida es asegurar una reacción institucional firme, mayor transparencia y criterios uniformes bajo la nueva presidencia de la Corte Suprema.
A raíz del debate por la llamada iniciativa “de amarre”, desde la derecha afirmaron que harán “todo lo posible para evitar que se convierta en ley”. El Ejecutivo, en tanto, enfatizó que las acusaciones “están concebidas para una finalidad distinta”.
Diputados UDI anunciaron acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, si no retira la “ley de amarre” del reajuste público, la cual busca dar “empleos vitalicios” a operadores políticos.
La sanción se concretó con la aprobación de uno de los tres capítulos del libelo, requisito suficiente para conseguir la destitución del magistrado, con el respaldo de 43 votos a favor y sin votos en contra ni abstenciones.
Desde las 10:00, la Cámara Alta actúa como jurado para resolver la presentación contra el suspendido ministro de la Suprema por faltas a la probidad, abstención e imparcialidad. La acusación fue aprobada en diciembre por la Cámara.
La acusación fue expuesta ante la Sala por el diputado Daniel Manouchehri, quien sostuvo que Chile vive una crisis de confianza en la justicia, “brutal y con justa razón”, porque esta no puede operar con lógicas de amistad, favores o redes.
Los diputados desestimaron el último recurso de la defensa del magistrado suspendido, tras un debate en el que se descartaron las objeciones sobre la inhabilidad de algunos parlamentarios
La ministra María Angélica Repetto competirá contra Gloria Ana Chevesich, la más antigua, por la presidencia de la Corte Suprema para el bienio 2026-2027, por tradición se escoge al ministro con más antigüedad, pero en esta ocasión buscan votaciones.
El abogado Felipe Lizama afirmó ante la comisión que los cargos contra el ministro de la Suprema se basan en “coincidencias” y en interpretaciones erróneas, mientras el magistrado cumple una suspensión de dos meses adoptada por el máximo tribunal.
Abogados constitucionalistas presentes en la instancia sostuvieron que, efectivamente, el ministro de la Corte Suprema debió inhabilitarse de los casos en los que se le acusa de falta a la probidad e imparcialidad.
El libelo cuanta con el apoyo de legisladores humanistas, socialistas, frenteamplistas y comunistas.
El texto acusa al ministro de la Corte Suprema de “notable abandono de deberes”, por sus vínculos con abogados imputados en la causa y por fallar a favor del consorcio CBM sin declarar sus relaciones personales.
La AC se definirá pasadas las 3 de la tarde. Al respecto, el biministro Álvaro García afirmó que el escrito “carece de base jurídica”, mientras que el diputado Mulet (FRVS) sostuvo que hay antecedentes suficientes para que la Cámara Alta la apruebe.
El ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, reconoció su cercanía y viajes personales (dos cruceros) con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Negó haber ejercido influencia en causas judiciales y defendió el arriendo de un departamento.
A juicio del presidente de la Comisión de Minería y Energía, la inacción de la exautoridad frente a la autodenuncia de Transelec por los errores en la tarifa eléctrica no tiene defensa posible. Argumento clave en el avance del libelo acusatorio.
La exautoridad insiste en que el libelo no presenta ninguna “infracción a la Constitución o a las leyes” de su parte. Desde la derecha, acusan que existió “falta de transparencia” en el manejo del sobrecobro de las tarifas eléctricas.
Desde la defensa del extitular de Energía señalaron que “el error metodológico no es un hecho propio del ministro”, insistiendo que su rol es político y no técnico. Así, destacaron que ese costo político fue pagado con su salida del Gobierno.
