José Aylwin, Carolina Carrera, Lorena Fries, Roberto Garretón, Claudio González y Enrique Núñez, ex consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), emitieron una carta para referirse a la crisis política y social que vive el país.
En el texto, los profesionales declararon que las protestas sociales que se han verificado a lo largo del país “han visibilizado las profundas fracturas existentes en la sociedad chilena, así como los enormes desafíos que Chile tiene en materia de derechos humanos”.
“En efecto, constatamos que las protestas sociales, con sus expresiones pacíficas y también manifestaciones de violencia, son expresión del malestar y cansancio de la población frente a las múltiples situaciones de injusticia, inequidad y marginación existentes en el país por largo tiempo (…). Por otro lado, también constatamos que la respuesta del Estado a dichas protestas (…) ha sido de una violencia inusitada, la que no observábamos desde la dictadura cívico militar de décadas pasadas”, indicaron.
Asimismo, señalaron que ante el complejo contexto que vive el país, consideran que al INDH le cabe un doble rol. “Valoramos enormemente en este sentido la labor que han desempeñado los equipos de trabajo del INDH a lo largo del país en las últimas semanas permitiendo la identificación y prevención de violaciones de derechos humanos en el contexto de la protesta social, así como desarrollando acciones administrativas y legales para la defensa y protección de estos derechos, en particular frente a la actuación abusiva de agentes del Estado”, destacaron.
“No podemos dejar de manifestar, sin embargo, nuestra molestia y preocupación frente a las afirmaciones de Sergio Micco como director institucional, quien en relación al actuar de las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad en el contexto de la protesta social, negó que estemos en presencia de violación sistemática de derechos humanos, agregando que quien afirme lo contrario debe probarlo”, dice el texto.
“De la misma manera, llamamos al INDH y a su dirección a jugar un rol activo en la promoción de un diálogo para avanzar hacia la construcción de un pacto social e institucional basado en derechos humanos que resulta fundamental para lograr la superación de la situación de enfrentamiento que hoy vivimos”, concluyeron.