En agosto y septiembre de 2018 episodios de contaminación en Quintero y Puchuncaví se tomaron la agenda noticiosa nacional. Cientos de personas, especialmente menores de edad, se vieron intoxicados por gases y compuestos químicos presentes en el aire producto de la importante contaminación que hay en esta zona de sacrificio.
De ahí en adelante una serie de protestas de los vecinos evidenciaban públicamente el descontento que había en la comunidad ante las malas condiciones de salud a las que se estaban exponiendo producto de una industria que algún día les prometió progreso.
Fue en ese contexto que el 28 de mayo de 2019, la Corte Suprema acogió una serie de recursos de protección interpuestos por vecinos y por instituciones en favor de quienes se vieron afectados por la emergencia ambiental y con responsabilidad en diversas empresas que contaminan en este sector de la Región de Valparaíso.
En un fallo que fue calificado de histórico se indicó: “En la convicción de que las omisiones impugnadas amenazan y conculcan derechos garantizados por la Carta Fundamental, de que son titulares los actores, en tanto afectan su integridad física y psíquica, así como su salud y su vida, y a la vez que conculcan el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, no cabe sino acoger los recursos de protección”.
Además, en el fallo se ordenaron 15 medidas inmediatas a cumplir por parte de diferentes órganos del Estado a fin de evitar nuevos episodios de este tipo.
Este jueves 28 se cumple un año de dicha sentencia. Sin embargo, el panorama no es muy diferente de lo que era hace 12 meses, pues según expertos y la misma comunidad, el sacrificio en Quintero y Puchuncaví sigue siendo el mismo.
Luego de los episodios de contaminación de 2018, la comunidad de Quintero y Puchuncaví levantó diversas manifestaciones en contra de la contaminación de la zona. Créditos: Mujeres en Zona de Sacrificio.
María Teresa Almarza, integrante de Mujeres en Zona de Sacrificio, comentó que es lamentable que poco y nada se haya avanzado en la materia, pero se mostró optimista en, que en el futuro, la movilización social que un día llevó a este fallo pueda garantizar que realmente se hagan cambios.
“No me sorprende porque la actitud del Poder Ejecutivo en relación con este fallo y en relación con lo que aquí sucede ha sido totalmente indiferente y no solo eso, también con una característica de enmascarar esta falta de intereses y de preocupación, enmascararla con que hay algunas cosas que se hacen”, dijo.
Además, Almarza destacó que uno de los primeros puntos dispuestos a cumplir en la sentencia es efectuar a la brevedad “estudios pertinentes para establecer, de manera cierta y debidamente fundada, cuál es el método más idóneo y adecuado para identificar, como para determinar la naturaleza y características precisas de los gases, elementos o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes presentes en la Bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví”, y aseguró que si en esta medida no se ha avanzado, el resto mucho menos se ha podido cumplir.
“De esta primera instrucción, mandato, que emite esta sentencia se derivan las otras obligaciones que las autoridades deben cumplir, y resulta que este primer mandato no se ha cumplido, por lo tanto, no se ha cumplido nada. Es la base y de ahí, de ese informe, se toman otras medidas para seguir investigando y ver cómo remediar”, comentó.
“c) El Ejecutivo dispondrá lo adecuado para que las medidas que surjan del informe aludido estén cabalmente implementadas y, además, en disposición de comenzar a operar, en el término máximo de un año, contado desde el día en que esta sentencia se encuentre firme”.
Extracto fallo Corte Suprema sobre situación de Quintero y Puchuncaví.
Lejos de ser histórico
Tal como María Teresa Almarza expresó la decepción de la comunidad respecto del avance de este fallo, desde las organizaciones ligadas a la protección del medio ambiente la sensación es similar. Varias fueron parte de estos recursos de protección y han seguido de cerca el desarrollo de lo que hace un año parecía un camino correcto para mitigar la situación de vulneración a la que se han enfrentando en Quintero y Puchuncaví desde hace décadas.
Al respecto, Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA, señaló que lamentablemente las medidas no han sido tomadas: “Es una situación de mucha frustración, por supuesto para nosotros como abogados, pero especialmente para las personas de Quintero y Puchuncaví que llevan esta causa, que han reclamado durante muchísimos años”.
Por otra parte, el abogado explicó que, si bien la red de monitoreo fue transferida desde las empresas al Estado, y se actualizó el Plan de Prevención y Descontaminación Ambiental, esto en ningún caso ha significado una disminución en la contaminación.
“Hoy en día sigue sin haber certeza sobre por qué se produjo esa intoxicación (de 2018). Yo creo que ese es uno de los principales problemas, pero al margen de eso, también hay una obligación de revisar cómo es que las actividades que se llevan a cabo en la zona afectan, efectivamente, la salud de las personas, en determinar mejor cuáles son los contaminantes que cada una está emitiendo y eso tampoco se ha hecho. No hay ninguna determinación efectiva de los contaminantes, ni tampoco una reducción de ellos y hay ciertas industrias en la zona que son altamente contaminantes, que se sabe cuales son, principalmente las termoeléctricas y la Fundición de Codelco”.
Fotografía de una de las manifestaciones realizadas por vecinos de Quintero y Puchuncaví contra la contaminación en el sector. Créditos: Mujeres en Zona de Sacrificio.
Desde Fundación Terram también han seguido de cerca el proceso que se ha vivido en esta zona de sacrificio luego de la resolución judicial. Su investigador asociado, Hernán Ramírez, señaló que “ninguna de las medidas que se ha establecido en el fallo de la Corte Suprema pueden darse como cumplidas o satisfechas”.
“Hay medidas como que la autoridad deberá realizar estudios para establecer los gases contaminantes que afectan la situación de Quintero y Puchuncaví, esos estudios no se han realizado. Hay estudios similares que estaban ya en carpeta por el Ministerio de Medio Ambiente, en forma previa a las intoxicaciones y otros que han ido dictando a medida que ha pasado el tiempo, pero ninguno de ellos tiene como objetivo cumplir el fallo”, indicó.
“Tampoco se han adoptado las medidas que establecen que en el caso de alguna intoxicación como las ocurridas el 2018, y que también ocurrieron en menor escala el 2019 en los meses de agosto y octubre, que afectaron a los colegios de Quintero y Puchuncaví, se generará un plan de evacuación de los establecimientos escolares y así también de las personas que puedan ser propensas a estos contaminantes. Eso tampoco se realizó el año pasado y no hay ninguna señal que, de volver a ocurrir este año, estén las medidas adoptadas para una correcta aplicación de lo señalado por la Corte Suprema”, agregó Hernán Ramírez.
Junto a esto, a través de una declaración, Fundación Terram analizó cómo la resolución no se ha concretado y señalaron al respecto que “tras 12 meses de dictada la sentencia de la Corte Suprema, las autoridades aludidas en el fallo no han generado una respuesta adecuada a la apremiante situación que viven los habitantes de la Bahía de Quintero, dejando una vez más a su suerte esta Zona de Sacrificio”.
“La prolongada situación de contaminación del sector conculca con particular agudeza y fuerza a los derechos de niños, niñas y adolescentes, atendida su edad y su estado de desarrollo físico y emocional, en tanto están pasando por etapas de la vida en que presentan una particular sensibilidad a las condiciones ambientales en que viven”.
Extracto fallo Corte Suprema sobre situación de Quintero y Puchuncaví.
El fallo de la Corte Suprema marcó un antecedente importante en cuanto a responsabilizar al Estado y a las empresas de la zona de quebrantar derechos fundamentales de las comunidades cercanas al cordón industrial, pero lamentablemente, tal como han comentado los expertos, esto no ha traído ningún beneficio a los vecinos para mejorar su calidad de vida. Muy por el contrario, las medidas dictaminadas no se han concretado y los episodios de contaminación han vuelto a ser recurrentes con denuncias, incluso, durante las últimas semanas por casos en las playas.
La abogada ambientalista Alejandra Donoso, una de las requirentes de los recursos de protección que terminaron en este fallo tan emblemático, dijo considerar que la información sobre los avances deja mucho que desear.
“Los esfuerzos no han existido o no han ido en la dirección correcta, porque al día de hoy todavía tenemos episodios de contaminación y de superación de las normas de referencia. El panorama es bastante desolador si es que observamos que ha pasado un año y todo sigue, si es que peor, porque ahora tenemos esta amenaza adicional sobre la salud y la vida de las personas”, expresó en relación al contexto de pandemia que se vive actualmente.
Para Donoso, las medidas adoptadas no tienen una preocupación real sobre el bienestar de los vecinos de Puchuncaví y Quintero, algo lamentable teniendo en cuenta que el Estado tiene aún más facultades para evitar un perjuicio mayor a la salud de las personas en el contexto actual.
“Hasta la fecha, a pesar de que tenemos una declaración de catástrofe y calamidad pública, atribuciones bien establecidas, específicamente al presidente de la República y a la autoridad sanitaria, para paralizar el funcionamiento de las industrias contaminantes, eso no se ha hecho. Seguimos estando a merced de las solicitudes que el Estado le hace a quienes emiten los contaminantes, en vez de tener un Estado que, efectivamente, resguarde los derechos de la población”, sentenció la experta.
Los vecinos de Quintero y Puchuncaví continúan denunciando episodios de contaminación en el sector. Créditos: Mujeres en Zonas de Sacrificio.
La abogada concluyó que las políticas públicas han sido en su totalidad deficientes y que no están enfocadas para ir en ayuda de la salud de las personas de la zona, la cual ya se ha visto fuertemente afectada.
“Yo prefiero creer que hay personas expertas detrás de la toma de decisiones tan delicadas. Me imagino, espero, que cualquier decisión que tome o haya tomado la autoridad haya sido en esa circunstancia. Sin duda hay un problema en el diseño de la toma de decisiones, no sé en qué parte de todo el proceso, pero lo cierto es que la política pública no existe o si existe no está resolviendo el problema que se supone debe resolver” dijo.
En tanto, el diputado Diego Ibáñez, quien es parte del distrito 6 de la Región de Valparaíso, que comprende toda la zona afectada, opinó en la misma línea que la abogada. El parlamentario consideró que esta noticia que fue en algún momento “alentadora” está lejos de ser efectiva para detener la contaminación del lugar.
“Hemos chocado con que, de la larga lista de tareas encomendados por la Corte Suprema, los avances son poco o nada y no existe un sentido de urgencia, tampoco un compromiso férreo por hacer de estos territorios un lugar digno para vivir. Hay que entender que las personas, en importante cantidad niños, niñas y adolescentes, tienen el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y las instituciones debiesen entender esta tarea con urgencia y con premura. La gente no puede seguir esperando”, dijo.
Desde la industria: entre el trabajo y la familia
Los que se encuentran más afectados son los vecinos y trabajadores de la zona. En los últimos meses, las alertas por episodios de contaminación han sido periódicas e, incluso, han acusado varamientos de carbón en la costa, afectando el trabajo pesquero del lugar.
El presidente del Sindicato Nº2 de Puerto Ventanas, una de los puertos graneleros más grandes de la zona central del país, Antonio Venegas, ha visto como constantemente las actividades de la empresa han sido paralizadas por estos sucesos de contaminación.
“Para estos episodios dependemos de las empresas vecinas, nosotros no tenemos la información para ir midiendo la contaminación. Así que vamos viendo si es conveniente parar o no, antes de que ocurra un episodio”, detalló.
Manifestaciones de 2018. Créditos: Fundación Terram.
Venegas explicó que los episodios de contaminación, en su mayoría, son la expulsión de dióxido de azufre que sale de la fundición de cobre, puntualmente la empresa Codelco, en su División Ventanas.
“Es la chimenea más grande que hay. Los avances que ha habido son de plantas de control y monitoreo, como lo que hizo el Ministerio de Medio Ambiente para controlar la calidad del aire. Pero esto se termina naturalizando y pasa a ser como la vida normal de las personas, la gente se acostumbra”, señaló
El portal que hace alusión el sindicalista es uno estrenado en abril de este año como parte del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), cuyo fin es informar sobre la calidad del aire y los avances en esta materia en la comunidad. En dicho registro se puede apreciar que en 2019 existieron 21 alertas ambientales durante el año, menos que el 2018 en que se registraron 49.
El trabajador de Codelco Ventanas y parte de su sindicato, Carlos Castro, fue enfático en señalar que sí ha habido medidas para paliar la contaminación: “Nosotros tenemos que cumplir con cierta normativa hoy día que tiene que ver con los peak y eso ha sido bastante problema, porque hoy no están las condiciones para poder trabajar esa situación”.
Castro señaló que la empresa ha tenido una importante baja productiva en pos del bienestar de la comunidad, de una capacidad operacional de 430 mil toneladas de fusión redujeron a cerca de 350 mil toneladas.
Manifestaciones de 2018. Créditos: Fundación Terram.
“Nosotros antes teníamos una normativa que era sobre los 500 mil, por lo tanto, la alarma se generaba sobre eso. La alarma, producto de lo que se dictaminó en la corte, es sobre 350 mil. Puedes ver que tenemos peak en las muestras de aire por falta de ventilación y que se concentra, por más de media hora o una hora, por lo tanto, ahí es netamente meteorológico”, detalló.
Ante esta explicación, Antonio Venegas no considera que sea una respuesta suficiente cuando se está perjudicando la vida y la salud de las personas del lugar.
“El sentido de echarle la culpa a las condiciones climática es como decir ‘oye, yo contamino, pero no tengo la culpa de que no haya viento y no se ventile’. Al final, lo que se debería hacer es reducir las emisiones y no estar esperando a que haya o no viento para emitir más o menos contaminación”, contraargumentó.
Lo cierto es que ambos trabajadores son vecinos de la zona y la preocupación por sus familias y vecinos se exalta cuando hay hoy un virus en el que el principal síntoma es afectar las vías respiratorias de las personas. Las medidas, para ambos, no han sido las más acertadas.
“Es un tema de preocupación, somos trabajadores y vecinos del sector, no somos ajenos. Las medidas que tomamos son para nuestra gente, tenemos que ver cómo nos afecta y de qué manera podemos aportar y mitigar en eso. Claro que no es suficiente, uno es parte de la comunidad. Nuestra mirada minera debe ir cambiando”, comentó Carlos Castro.
Por su parte, Venegas lamentó que, a pesar de lo recurrentes que pueden ser los episodios de contaminación, la preocupación mediática por su situación es breve y fugaz, y al final del día su gente vuelve a ser olvidada.
Consultados por el avance de las medidas, información que también fue requerida por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para conocer la situación actual, desde la Seremi de Medio Ambiente de Valparaíso indicaron a Radio Universidad de Chile que hay diversas iniciativas que se han puesto en marcha para el bienestar tanto de los habitantes de la zona como del medio ambiente.
“Hemos desarrollado acciones concretas e inéditas en el territorio en todos sus componentes; aire, agua y suelo, como: la toma de muestras por parte del Instituto Noruego de Investigación del Aire (NILU) para obtener la huella digital de los contaminantes COV`s (compuestos orgánicos volátiles) de las tres comunas, y el desarrollo del Estudio de Cuantificación de COVS, con énfasis en BTX, a cargo de Centro de Investigación Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC)”, indicó la Seremi Victoria Gazmuri.
“Elaboramos y pusimos en marcha el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica con el que las empresas de la zona tuvieron que congelar sus emisiones. Como parte de éste, contamos con una Gestión de Episodios Críticos (GEC), lo que incorpora restricciones adicionales a las empresas en los planes operacionales, lo que ha permitido prevenir y controlar episodios de contaminación que pudieran causar problemas a la salud de la población. Hemos implementado una página web https://airecqp.mma.gob.cl/ con información en línea sobre la calidad del aire”, agregó.
Además, la autoridad comentó que han trabajado en conjunto a instituciones como la Armada de Chile y la Universidad de Valparaíso para avanzar en proyectos que ayuden a mejorar la situación ambiental en esta zona.
“Como Ministerio del Medio Ambiente nos encontramos desarrollando un intenso trabajo en el territorio que seguiremos liderando a fin de resguardar la calidad de vida de la población y el medio ambiente”, agregó la seremi.
Ante todas las dificultades que han rodeado la implementación de las medidas dictadas hace un año, si bien la autoridad destaca sus avances, en la práctica los habitantes de Quintero y Puchuncaví acusan que no han visto grandes cambios, y que las iniciativas vinculadas con el Plan de Descontaminación no han sido suficientes para avanzar en el fin de un sacrificio que lleva décadas dificultando su diario de vivir.
