La tarde del 14 de noviembre de 2018 la vida de la familia Catrillanca Marín cambió para siempre. También la de los miembros de la comunidad de Temucuicui en Ercilla. Aquella jornada, Camilo Catrillanca murió producto de un disparo efectuado por el Carlos Alarcón, funcionario de Carabineros en ese entonces.
Su caso marcó un nuevo hito en la relación entre Carabineros, el Estado de Chile y el pueblo mapuche y los chilenos. Tras la muerte del comunero vinieron una serie de hechos que evidenciaron reprochables e ilegales prácticas dentro de la policía uniformada, prácticas que, desde el Wallmapu, venían denunciando hace décadas.
Se dijo que no había imágenes, se acusaron enfrentamientos, se vinculó a Catrillanca con un robo, entre otros hechos que con el paso del tiempo se fueron descartando, demostrando así que dentro de Carabineros se intentó encubrir el crimen, en el que según imágenes conocidas posteriormente no tuvo ninguna clase de provocación, puesto que Catrillanca iba de espalda a los uniformados, desarmado, y no había cometido ningún delito por el cual se le tuviera que perseguir.
Su asesinato marcó historia. Para bien o para mal, su muerte quedó en la memoria colectiva y se convirtió en un símbolo de la violencia policial contra el pueblo mapuche. Sin embargo, hasta hoy no existe justicia ni tampoco hay responsabilidades políticas por lo ocurrido.
Al respecto, la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Verónica Figueroa Huencho, comentó que este caso tuvo una gran relevancia social dado los hechos que dejó al descubierto.
“Si bien las denuncias por el uso de la fuerza excesiva, de la militarización de la Araucanía, de los constantes allanamientos a las comunidades vienen desde hace muchas décadas, y estoy hablando desde el retorno a la democracia, por lo menos desde mediados de los 90 hasta la fecha, yo creo que el asesinato de Camilo Catrillanca evidenció no solamente que esa brutalidad existía y que muchos ponían en entredicho, sino también evidenció cómo una institución pública como Carabineros, que tiene el mandato del Estado de resguardar el orden, la seguridad del Estado, no solo actuaba con brutalidad, sino también en base a la falsificación de información”, explicó.
Por otra parte, Verónica Figueroa Huencho comentó que, si bien la muerte de Camilo Catrillanca generó remezones políticos, esto – lamentablemente – en ningún caso ha significado cambios en el trato hacia el pueblo mapuche.
“Si bien se hizo una acusación constitucional que terminó con la salida de Andrés Chadwick, lo que no ha habido es un cambio en la política que el Estado tiene con las comunidades indígenas, entonces pareciera que se quedan las decisiones en cuestiones muy simbólicas. Hay una acusación constitucional, pero eso no significa que el Ejecutivo, o el Estado a través del Ejecutivo, cambie la política de relación con los pueblos indígenas. Por el contrario, vemos que se mantiene o se aumentan los contingentes de carabineros, el presupuesto público destinado a Carabineros en la Araucanía”, señaló.
“Ha sido más el impacto para la ciudadanía, que incluso lo han tomado también como una especie de bandera o emblema en las movilizaciones post 18 de octubre, que en una clase política y, sobre todo, también en un gobierno que no ha cambiado un ápice de su política de relación con los pueblos indígenas”, complementó.
Por su parte, el abogado de la familia Catrillanca, Nelson Miranda, concordó con la gran importancia que ha tenido este caso en la sociedad, especialmente como símbolo de la injusticia que se vive en Chile.
“El asesinato por parte de agentes del Estado chileno en contra de Camilo Catrrillanca trascendió del ámbito policial y jurídico. Su imagen se transformó en un icono previo a la revuelta o estallido social en que millones de chilenos salieron a protestar por el estado de situación de este latifundio con aires de República en que vivimos”, comentó.
“Fue colgado, pintado en muros y llevado en carteles por estas personas que protestaban y lo hicieron parte de este estallido social, fue un preámbulo de gota que rebalso el vaso en el inconsciente colectivo y, por lo tanto, este símbolo que implica la imagen de Camilo es, de cierta forma, un homenaje por cuanto él desde muy pequeño estuvo involucrado tanto en las luchas por recuperación territorial y como dirigente estudiantil en el Liceo Técnico Agrícola en el que estudió”, agregó Miranda.
Por otra parte, el abogado destacó cómo lo vivido por el pueblo mapuche durante décadas es visto diferente por la sociedad, dado que existe mayor comprensión y visibilidad de la represión que a través de las instituciones del Estado.
“La violencia con que el Estado chileno ha reprimido las justas reclamaciones, reivindicaciones del pueblo mapuche encuentran su correlato en el último año en que muchos han muerto, centenares han sufrido daños oculares y pareciera que a la élite gobernante, representantes y servidores de los dueños reales del poder y la riqueza de este país, no le importa”, indicó.
Una justicia lenta y dudosa
Aunque el caso de Camilo Catrillanca ha generado una amplia empatía social y el aniversario de su muerte convoca una serie de actividades para recordarlo, ese apoyo no se ha reflejado en resultados judiciales.
El juicio oral – luego de diversos retrasos – se inició el pasado 27 de octubre en modalidad semipresencial dada la situación por COVID-19. Desde entonces el proceso se ha dado de manera hermética, sin transmisiones a través del Poder Judicial ni tampoco acceso a la prensa.
El abogado Nelson Miranda expresó que, efectivamente, como ya lo ha comunicado la familia Catrillanca, hay “poca expectativa por cuanto es absolutamente obvio que hay una desigualdad ante la ley en este país”.
Durante las últimas semanas diversos casos se han hecho mediáticos respecto de cómo la ley y las instituciones se comportan de forma desigual, muestra de ello fue el “perdonazo” a Penta y la millonaria rebaja a Julio Ponce Lerou. Otro ejemplo de clara desigualdad se puede mencionar en torno a las prisiones preventivas, dado que cientos de jóvenes llevan un año recluidos, acusados de desórdenes públicos, mientras que en el caso Catrillanca los cuatro miembros de la patrulla – incluso el autor del disparo – están con arresto domiciliario.
En lo que refiere a lo que sigue en la búsqueda de justicia, según explicó Nelson Miranda, a pesar de que el panorama es complejo insistirán hasta el final en condenas por homicidio calificado y no simple como se pretende.
“Esperemos que en un mes más salga un fallo que esperemos sea condenatorio y ejemplar, pero solamente va a ser contra los autores materiales. No olvidemos que este Comando Jungla lo vino a inaugurar con bastante presencia de la prensa y apoyos el mismo presidente Piñera junto con el entonces ministro Chadwick en Temuco, donde anunciaron que esta gente venía de programas de entrenamiento contra guerrilleros desde Colombia. Por lo tanto, en la práctica dieron otro aval para justificar los atropellos que venían sucediendo y que tuvieron su punto culmine con el asesinato de Camilo Catrillanca”, comentó.
A ello agregó que “tenemos confianza siempre, por algo estamos en el juicio de que se den las penas ejemplares que nosotros solicitamos al menos en esta patrulla que actuó concertada, al unísono, con un alto nivel de preparación, tal cual ha quedado demostrado durante el juicio, tanto por los peritajes como por los testimonios de carabineros del mismo Gope, en que no hay ninguna posibilidad razonable de pensar que esto se dio por accidente o la tesis absurda y ridícula del rebote”.
Por otra parte, un punto que quedará pendiente es la responsabilidad política y de mando que existió en este caso y que hasta ahora no busca ser establecida por la Justicia. Hermes Soto, el ex intendente de La Araucanía Luis Mayol y Andrés Chadwick son parte de las personas que en diversas ocasiones la familia ha asegurado deben responder por lo que sucedió, especialmente en lo que refiere al encubrimiento.
“Suponemos que en algún momento se podrá seguir adelante con la investigación para toda la responsabilidad política y en términos judiciales los cargos de encubrimiento y complicidad que se dieron en las primeras 24 – 48 horas después del asesinato de Camilo Catrillanca. Todavía falta que declare la alta institucionalidad, el ex ministro Chadwick y esperemos, ingenuamente tal vez, que alguno de ellos diga la verdad con respecto de lo que ocurrió en esas primeras horas”, finalizó el abogado.