Ana Piquer por expulsiones en el norte: “No es una crisis migratoria, es humanitaria”
En total, son 15 los vuelos que el Gobierno tiene programados para agilizar el proceso de expulsión de personas que ingresan a Chile por pasos no habilitados. Al respecto, la directora de Amnistía Internacional en Chile señaló que "están devolviendo a personas a un país que está en una situación muy grave, sin darles la oportunidad de evaluar su situación particular".
Eduardo Andrade
Sábado 1 de mayo 2021 10:24 hrs.
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“No son propiamente migrantes, sino personas que están buscando protección internacional”. Así se refirió la directora de Amnistía Internacional en Chile, Ana Piquer, a la expulsión de 55 ciudadanos venezolanos el pasado fin de semana en Iquique, la cual ha sido repudiada por diversas organizaciones migrantes, enfatizando en la vulneración del debido proceso.
A raíz de lo ocurrido en el país, organizaciones como la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP ingresaron diversas acciones de amparo e incluso medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales no lograron tener una resolución a tiempo.
Por tal motivo, para Piquer no sería sorpresivo que en un futuro Chile se viese enfrentado ante tribunales internacionales a raíz de estas expulsiones, sobre todo en un contexto en el cual la propia Organización de las Naciones Unidas ya ha mostrado su preocupación ante este escenario.
“Recientemente el Comité de Derechos de los Trabajadores Migrantes y la Familia de Naciones Unidas emitió recomendaciones al Estado de Chile respecto, entre otras cosas, la Ley de Migraciones, la preocupación por las expulsiones masivas y por la ausencia del respeto al principio de no devolución, que aplica a personas solicitantes de asilo. Si ya lo hicieron presente desde el Comité de Naciones Unidas, entonces efectivamente se puede estar incurriendo en una responsabilidad del Estado de Chile a nivel internacional de cara a los estándares de Derechos Humanos”, explicó la abogada.
Lo manifestado por el Comité de la ONU advierte incluso de posibles efectos discriminatorios en el llamado plan humanitario que terminó con la expulsión de ciudadanos haitianos a su país de origen en 2018, y respecto de los actuales procesos, se asegura ver con preocupación “la limitada participación de la sociedad civil, así como su ausencia en órganos consultivos y de decisión como el Consejo de Política Migratoria previsto en la nueva ley sobre migraciones”.
Esto mismo, según Ana Piquer, resulta ser negativo para la imagen del país a nivel internacional, sobre todo porque el gobierno de turno fue uno de los que encabezó una serie de acciones que denunciaban las vulneraciones de derechos humanos que se viven en Venezuela.
“En muchas ocasiones han usado como argumento informes de Amnistía Internacional para reforzar el argumento de que es un gobierno que viola Derechos Humanos. Pero por otra parte, están negándole protección a las personas venezolanas que buscan protección en Chile. Entonces, se genera una actitud contradictoria; por una parte condenar estas violaciones, pero por otro lado están devolviendo a personas a vivir en un país que está en una situación tan grave, sin darles la oportunidad de evaluar su situación particular”, criticó.
Además, la directora de Amnistía Internacional Chile instó al Gobierno a poder buscar soluciones no de espaldas a la realidad que vive actualmente la Región en materia de movimientos migratorios y refugio. En el caso de Venezuela, recordó que la crisis ha propiciando el desplazamiento de muchos de sus habitantes en diversos países de América del Sur, pero que Centroamérica también vive procesos similares de movilidad.
“Sucede en la frontera con Colombia, en Perú, en Chile, y está el drama de las personas en el triángulo norte de Centroamérica, que buscan protección a través de México para llegar a Estados Unidos. Esos son problemas que, lo ideal sería, se abordaran a nivel internacional, que no sean problemas que resuelve cada país independientemente, sino que se trabaje de manera coordinada para asegurar que se le dé la protección que necesitan estas personas y que la respuesta no sea sencillamente devolverlas a un país donde corren más riesgos, tanto en términos de su salud, de su vida, como de los derechos humanos más básicos”, puntualizó.
Finalmente, la abogada recalcó que las acciones para buscar un mejor desenlace a la crisis de refugiados de Medio Oriente en Europa, hace solo algunos años, también requirió iniciativas a nivel de todo el bloque de la Unión Europea, y enfatizó que, si bien son circunstancias distintas, en el fondo, sus protagonistas son personas en búsqueda de refugio.
“De ahí se podrían sacar lecciones porque aquí también estamos hablando de una crisis que no es de personas, y eso es lo que tratamos de transmitir desde Amnistía Internacional. Que ésta no es una crisis migratoria, es humanitaria. No están buscando oportunidades de trabajo, están buscando protección, huyendo de un gobierno que no les da protección en materia de Derechos Humanos”, sentenció.
“No son propiamente migrantes, sino personas que están buscando protección internacional”. Así se refirió la directora de Amnistía Internacional en Chile, Ana Piquer, a la expulsión de 55 ciudadanos venezolanos el pasado fin de semana en Iquique, la cual ha sido repudiada por diversas organizaciones migrantes, enfatizando en la vulneración del debido proceso.
A raíz de lo ocurrido en el país, organizaciones como la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP ingresaron diversas acciones de amparo e incluso medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales no lograron tener una resolución a tiempo.
Por tal motivo, para Piquer no sería sorpresivo que en un futuro Chile se viese enfrentado ante tribunales internacionales a raíz de estas expulsiones, sobre todo en un contexto en el cual la propia Organización de las Naciones Unidas ya ha mostrado su preocupación ante este escenario.
“Recientemente el Comité de Derechos de los Trabajadores Migrantes y la Familia de Naciones Unidas emitió recomendaciones al Estado de Chile respecto, entre otras cosas, la Ley de Migraciones, la preocupación por las expulsiones masivas y por la ausencia del respeto al principio de no devolución, que aplica a personas solicitantes de asilo. Si ya lo hicieron presente desde el Comité de Naciones Unidas, entonces efectivamente se puede estar incurriendo en una responsabilidad del Estado de Chile a nivel internacional de cara a los estándares de Derechos Humanos”, explicó la abogada.
Lo manifestado por el Comité de la ONU advierte incluso de posibles efectos discriminatorios en el llamado plan humanitario que terminó con la expulsión de ciudadanos haitianos a su país de origen en 2018, y respecto de los actuales procesos, se asegura ver con preocupación “la limitada participación de la sociedad civil, así como su ausencia en órganos consultivos y de decisión como el Consejo de Política Migratoria previsto en la nueva ley sobre migraciones”.
Esto mismo, según Ana Piquer, resulta ser negativo para la imagen del país a nivel internacional, sobre todo porque el gobierno de turno fue uno de los que encabezó una serie de acciones que denunciaban las vulneraciones de derechos humanos que se viven en Venezuela.
“En muchas ocasiones han usado como argumento informes de Amnistía Internacional para reforzar el argumento de que es un gobierno que viola Derechos Humanos. Pero por otra parte, están negándole protección a las personas venezolanas que buscan protección en Chile. Entonces, se genera una actitud contradictoria; por una parte condenar estas violaciones, pero por otro lado están devolviendo a personas a vivir en un país que está en una situación tan grave, sin darles la oportunidad de evaluar su situación particular”, criticó.
Además, la directora de Amnistía Internacional Chile instó al Gobierno a poder buscar soluciones no de espaldas a la realidad que vive actualmente la Región en materia de movimientos migratorios y refugio. En el caso de Venezuela, recordó que la crisis ha propiciando el desplazamiento de muchos de sus habitantes en diversos países de América del Sur, pero que Centroamérica también vive procesos similares de movilidad.
“Sucede en la frontera con Colombia, en Perú, en Chile, y está el drama de las personas en el triángulo norte de Centroamérica, que buscan protección a través de México para llegar a Estados Unidos. Esos son problemas que, lo ideal sería, se abordaran a nivel internacional, que no sean problemas que resuelve cada país independientemente, sino que se trabaje de manera coordinada para asegurar que se le dé la protección que necesitan estas personas y que la respuesta no sea sencillamente devolverlas a un país donde corren más riesgos, tanto en términos de su salud, de su vida, como de los derechos humanos más básicos”, puntualizó.
Finalmente, la abogada recalcó que las acciones para buscar un mejor desenlace a la crisis de refugiados de Medio Oriente en Europa, hace solo algunos años, también requirió iniciativas a nivel de todo el bloque de la Unión Europea, y enfatizó que, si bien son circunstancias distintas, en el fondo, sus protagonistas son personas en búsqueda de refugio.
“De ahí se podrían sacar lecciones porque aquí también estamos hablando de una crisis que no es de personas, y eso es lo que tratamos de transmitir desde Amnistía Internacional. Que ésta no es una crisis migratoria, es humanitaria. No están buscando oportunidades de trabajo, están buscando protección, huyendo de un gobierno que no les da protección en materia de Derechos Humanos”, sentenció.
“No son propiamente migrantes, sino personas que están buscando protección internacional”. Así se refirió la directora de Amnistía Internacional en Chile, Ana Piquer, a la expulsión de 55 ciudadanos venezolanos el pasado fin de semana en Iquique, la cual ha sido repudiada por diversas organizaciones migrantes, enfatizando en la vulneración del debido proceso.
A raíz de lo ocurrido en el país, organizaciones como la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP ingresaron diversas acciones de amparo e incluso medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales no lograron tener una resolución a tiempo.
Por tal motivo, para Piquer no sería sorpresivo que en un futuro Chile se viese enfrentado ante tribunales internacionales a raíz de estas expulsiones, sobre todo en un contexto en el cual la propia Organización de las Naciones Unidas ya ha mostrado su preocupación ante este escenario.
“Recientemente el Comité de Derechos de los Trabajadores Migrantes y la Familia de Naciones Unidas emitió recomendaciones al Estado de Chile respecto, entre otras cosas, la Ley de Migraciones, la preocupación por las expulsiones masivas y por la ausencia del respeto al principio de no devolución, que aplica a personas solicitantes de asilo. Si ya lo hicieron presente desde el Comité de Naciones Unidas, entonces efectivamente se puede estar incurriendo en una responsabilidad del Estado de Chile a nivel internacional de cara a los estándares de Derechos Humanos”, explicó la abogada.
Lo manifestado por el Comité de la ONU advierte incluso de posibles efectos discriminatorios en el llamado plan humanitario que terminó con la expulsión de ciudadanos haitianos a su país de origen en 2018, y respecto de los actuales procesos, se asegura ver con preocupación “la limitada participación de la sociedad civil, así como su ausencia en órganos consultivos y de decisión como el Consejo de Política Migratoria previsto en la nueva ley sobre migraciones”.
Esto mismo, según Ana Piquer, resulta ser negativo para la imagen del país a nivel internacional, sobre todo porque el gobierno de turno fue uno de los que encabezó una serie de acciones que denunciaban las vulneraciones de derechos humanos que se viven en Venezuela.
“En muchas ocasiones han usado como argumento informes de Amnistía Internacional para reforzar el argumento de que es un gobierno que viola Derechos Humanos. Pero por otra parte, están negándole protección a las personas venezolanas que buscan protección en Chile. Entonces, se genera una actitud contradictoria; por una parte condenar estas violaciones, pero por otro lado están devolviendo a personas a vivir en un país que está en una situación tan grave, sin darles la oportunidad de evaluar su situación particular”, criticó.
Además, la directora de Amnistía Internacional Chile instó al Gobierno a poder buscar soluciones no de espaldas a la realidad que vive actualmente la Región en materia de movimientos migratorios y refugio. En el caso de Venezuela, recordó que la crisis ha propiciando el desplazamiento de muchos de sus habitantes en diversos países de América del Sur, pero que Centroamérica también vive procesos similares de movilidad.
“Sucede en la frontera con Colombia, en Perú, en Chile, y está el drama de las personas en el triángulo norte de Centroamérica, que buscan protección a través de México para llegar a Estados Unidos. Esos son problemas que, lo ideal sería, se abordaran a nivel internacional, que no sean problemas que resuelve cada país independientemente, sino que se trabaje de manera coordinada para asegurar que se le dé la protección que necesitan estas personas y que la respuesta no sea sencillamente devolverlas a un país donde corren más riesgos, tanto en términos de su salud, de su vida, como de los derechos humanos más básicos”, puntualizó.
Finalmente, la abogada recalcó que las acciones para buscar un mejor desenlace a la crisis de refugiados de Medio Oriente en Europa, hace solo algunos años, también requirió iniciativas a nivel de todo el bloque de la Unión Europea, y enfatizó que, si bien son circunstancias distintas, en el fondo, sus protagonistas son personas en búsqueda de refugio.
“De ahí se podrían sacar lecciones porque aquí también estamos hablando de una crisis que no es de personas, y eso es lo que tratamos de transmitir desde Amnistía Internacional. Que ésta no es una crisis migratoria, es humanitaria. No están buscando oportunidades de trabajo, están buscando protección, huyendo de un gobierno que no les da protección en materia de Derechos Humanos”, sentenció.
