Durante la tarde se conoció la muerte de un comunero mapuche en la localidad de Carahue, por acción de Carabineros. Y hace pocos minutos se ha confirmado que el fallecido es Ernesto Llaitul, de 26 años, hijo del lider de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul. El joven era estudiante de Sociología de la Universidad de Concepción y había sido implicado en el Caso Huracán, operativo investigativo policial iniciado por Carabineros de Chile bajo el amparo de la Ley de Inteligencia durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y que terminó siendo develado como un montaje.
Los hechos ocurrieron en el sector de Casa Piedra, en la ruta que une Tranapuente con Carahue. Carabineros informó que sus efectivos habrían disparado contra un grupo de comuneros que ejecutaba un sabotaje contra maquinarias forestal en un fundo explotado por Mininco. Producto de la arremetida policial, murió Ernesto Llaitul.
La información sobre la identidad del fallecido, que circuló profusamente por redes sociales, fue finalmente confirmada por la Fiscalía y por el werken de la Alianza Territorial Mapuche, Mijael Carbone Queipul, quien señaló que en un video subido a redes sociales que “nos acabamos de enterar de la lamentable caída de nuestro hermano en combate, Ernesto Llaitul, hijo de Héctor Llaitul. Por ello queremos hacer un llamado hoy día a repudiar la presencia forestal en nuestros territorios, a hacer un acto de humanidad, de lealtad con el movimiento mapuche y con nuestro hermano hoy día abatido”.
El dirigente mapuche agregó que “queremos hacer un llamado amplio a todos los territorios a hacer un acto de repudio de la presencia forestal en nuestro territorio y también del aparataje bélico que tiene el Estado chileno en nuestros territorios”.
Consultada por Radio y Diario Universidad de Chile, la presidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncón, condenó el asesinato a manos de un efectivo policial.
La representante señaló que “lo que veo y lo que todo Chile espera es que no se siga matando a los jóvenes, que no continúe este asunto de matar a las personas que reivindican derechos”.
Si bien indicó que desconocía el detalle de los hechos, Loncon recordó que en la instancia que dirige “ayer sacamos una declaración contra la militarización del Wallmapu, firmada por mayoría de votos de los convencionales constituyentes. Y una de las razones de esta declaración es justamente solicitar que exista un ambiente que nos permita construir lo que estamos mandatados de manera que permita hacerlo. Pero si vamos a tener la represión de la policía y se va a continuar en esta lógica, no se están dando las garantías para que la discusión y el debate se instale”.
Loncon recordó que “los derechos de las naciones originarias aún no están instalados y las organizaciones que las demandan no pueden ser perseguidas. Hay que investigar. No conozco completamente la información, pero en primera instancia lo que nos corresponde a todo Chile es condenar la muerte por balas de Carabineros”.
Junto con lamentar que siempre se trate de jóvenes las víctimas en estos hechos, la presidenta de la Convención indicó que “debemos condenar la muerte de los luchadores, condenar porque son jóvenes y nos necesitamos vivos”.
Por su parte, junto con solidarizar con la familia de Ernesto Llaitul, la convencional constituyente por el distrito 7, Camila Zárate, indicó que “este ambiente de impunidad y prisión política con la revuelta social, así como este ambiente de militarización del Wallmapu, no permite que existan garantías democráticas para poder desarrollar de buena manera el trabajo que se nos ha encomendado de redactar una nueva constitución. Por lo mismo es que el día de ayer con una amplia mayoría, aprobamos una declaración que instruye al poder constituido a dos cosas. En primer lugar, al Poder Legislativo llevar adelante la Ley de Indulto y, por otro, al Poder Ejecutivo la desmilitarización del Wallmpu”.
Zárate subrayó que “la lucha del pueblo nación mapuche por sacar a las forestales de los territorios es una reivindicación que responde a sus derechos colectivos, a sus derechos políticos, a su autonomía y a sus derechos sociales, es parte de la reparación histórica que nos debemos como país”.