Durante esta jornada se dio a conocer el dictamen N° 58 emanado de la Superintendencia de Educación que mandata la obligatoriedad del retorno presencial a las clases de todos los establecimientos educacionales del país. Una determinación que considera la multa de 1.000 UTM en caso de desacatar la norma.
“La voluntariedad del regreso presencial es para las familias y no para los establecimientos”, señaló el superintendente Cristián O´Ryan, decretando así el que todos los recintos municipales, particulares, particular subvencionados, de administración delegada o dependiente un Servicio Local de Educación Pública abran sus aulas a la presencialidad de los estudiantes de manera inmediata, dado que el dictamen rige desde su publicación.
Los motivos que esgrime el escrito hacen mención a la importancia de mejorar las experiencias educativas y superar el rezago de los y las alumnas en materia de aprendizajes, lo que se ha producido debido a un largo período con clases telemáticas. Por este motivo la legislación no contempla la educación vía remota.
“Es una obligación de los sostenedores mantener en funcionamiento los establecimientos educacionales, a pesar de existir contingencias de diversa índole, por cuanto ello permite dar cumplimiento al deber de cuidado de los párvulos y estudiantes”, especifica el dictamen.
De no cumplir con esta disposición, la multa para los establecimientos asciende a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), aproximadamente 52 millones de pesos. Asimismo la Superintendencia insta a los apoderados a realizar denuncias por medio del programa fiscalizador de apertura contemplada en el plan de retorno del ministerio.
Al respecto el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, señaló que esta es una presión sumamente indebida del Mineduc, que intenta forzar nuevamente la presencialidad enajenándose del tema de fondo -y una de las principales denuncias de la acusación constitucional contra Figueroa- que es la paupérrima condición en las que se encuentran los recintos educacionales y la absoluta inacción de la autoridad sobre este hecho, lo que imposibilita desarrollar las clases en su normalidad de manera adecuada y segura.
“Hay muchos establecimientos como lo han mostrados los mismos alcaldes y sostenedores, bastante transversalmente, que no están en condiciones de atender estudiantes y abrir sus puertas debido al abandono en el que están estos establecimientos educacionales. Entonces más que preocuparse hoy día el ministerio de andar multando a estos sostenedores para que habrán las puertas de la escuela, debiera el ministerio preocuparse de entregar los recursos para que las escuelas estén en condiciones, porque el nivel de abandono en el que están es el que ha impedido que se puedan abrir”, criticó.
Por su parte la diputada de Comunes, Camila Rojas, quién hizo la presentación de la acusación contra el secretario de Estado, declaró que esta nueva arremetida del ministerio recrudece la vulneración a las comunidades educativas interponiéndoles una sanción monetaria precisamente a quienes se han visto imposibilitados a recibir estudiantes por el desmantelamiento de los recintos.
“Las clases presenciales son irremplazables, pero evidentemente para ello se requieren condiciones dignas y de seguridad. Hay escuelas que no han abierto no por capricho, sino porque no están las condiciones necesarias, ya sea de infraestructura o de implementación para cumplir con estos mínimos. Establecer la apertura por la fuerza mediante un dictamen, y amenazar con multas de millones de pesos creo que es una nueva canallada de este gobierno con estudiantes, contra trabajadores y comunidades educativas, y en definitiva, es no hacerse cargo de la realidad precaria de cientos de escuelas del país”, señaló.
En ese sentido y consultado por el hecho sí el Mineduc ha innovado en alguna solución o medida orientada al mejoramiento de las escuelas y colegios en este último período, el presidente del Colegio de Profesores sostuvo que no se ha realizado ninguna gestión en la materia.
“Nosotros hemos viendo el tema y la verdad es que no hemos sabido si se han incorporado nuevos ingresos, de que llegaran recursos frescos o de que haya efectivamente preocupación respecto a las condiciones en las que están los establecimientos, por lo menos con los sostenedores que hemos conversado y con los antecedentes que tenemos es que no hay nueva inyección de recursos”, mencionó.
Durante esta jornada se dio a conocer el dictamen N° 58 emanado de la Superintendencia de Educación que mandata la obligatoriedad del retorno presencial a las clases de todos los establecimientos educacionales del país. Una determinación que considera la multa de 1.000 UTM en caso de desacatar la norma.
“La voluntariedad del regreso presencial es para las familias y no para los establecimientos”, señaló el superintendente Cristián O´Ryan, decretando así el que todos los recintos municipales, particulares, particular subvencionados, de administración delegada o dependiente un Servicio Local de Educación Pública abran sus aulas a la presencialidad de los estudiantes de manera inmediata, dado que el dictamen rige desde su publicación.
Los motivos que esgrime el escrito hacen mención a la importancia de mejorar las experiencias educativas y superar el rezago de los y las alumnas en materia de aprendizajes, lo que se ha producido debido a un largo período con clases telemáticas. Por este motivo la legislación no contempla la educación vía remota.
“Es una obligación de los sostenedores mantener en funcionamiento los establecimientos educacionales, a pesar de existir contingencias de diversa índole, por cuanto ello permite dar cumplimiento al deber de cuidado de los párvulos y estudiantes”, especifica el dictamen.
De no cumplir con esta disposición, la multa para los establecimientos asciende a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), aproximadamente 52 millones de pesos. Asimismo la Superintendencia insta a los apoderados a realizar denuncias por medio del programa fiscalizador de apertura contemplada en el plan de retorno del ministerio.
Al respecto el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, señaló que esta es una presión sumamente indebida del Mineduc, que intenta forzar nuevamente la presencialidad enajenándose del tema de fondo -y una de las principales denuncias de la acusación constitucional contra Figueroa- que es la paupérrima condición en las que se encuentran los recintos educacionales y la absoluta inacción de la autoridad sobre este hecho, lo que imposibilita desarrollar las clases en su normalidad de manera adecuada y segura.
“Hay muchos establecimientos como lo han mostrados los mismos alcaldes y sostenedores, bastante transversalmente, que no están en condiciones de atender estudiantes y abrir sus puertas debido al abandono en el que están estos establecimientos educacionales. Entonces más que preocuparse hoy día el ministerio de andar multando a estos sostenedores para que habrán las puertas de la escuela, debiera el ministerio preocuparse de entregar los recursos para que las escuelas estén en condiciones, porque el nivel de abandono en el que están es el que ha impedido que se puedan abrir”, criticó.
Por su parte la diputada de Comunes, Camila Rojas, quién hizo la presentación de la acusación contra el secretario de Estado, declaró que esta nueva arremetida del ministerio recrudece la vulneración a las comunidades educativas interponiéndoles una sanción monetaria precisamente a quienes se han visto imposibilitados a recibir estudiantes por el desmantelamiento de los recintos.
“Las clases presenciales son irremplazables, pero evidentemente para ello se requieren condiciones dignas y de seguridad. Hay escuelas que no han abierto no por capricho, sino porque no están las condiciones necesarias, ya sea de infraestructura o de implementación para cumplir con estos mínimos. Establecer la apertura por la fuerza mediante un dictamen, y amenazar con multas de millones de pesos creo que es una nueva canallada de este gobierno con estudiantes, contra trabajadores y comunidades educativas, y en definitiva, es no hacerse cargo de la realidad precaria de cientos de escuelas del país”, señaló.
En ese sentido y consultado por el hecho sí el Mineduc ha innovado en alguna solución o medida orientada al mejoramiento de las escuelas y colegios en este último período, el presidente del Colegio de Profesores sostuvo que no se ha realizado ninguna gestión en la materia.
“Nosotros hemos viendo el tema y la verdad es que no hemos sabido si se han incorporado nuevos ingresos, de que llegaran recursos frescos o de que haya efectivamente preocupación respecto a las condiciones en las que están los establecimientos, por lo menos con los sostenedores que hemos conversado y con los antecedentes que tenemos es que no hay nueva inyección de recursos”, mencionó.
Durante esta jornada se dio a conocer el dictamen N° 58 emanado de la Superintendencia de Educación que mandata la obligatoriedad del retorno presencial a las clases de todos los establecimientos educacionales del país. Una determinación que considera la multa de 1.000 UTM en caso de desacatar la norma.
“La voluntariedad del regreso presencial es para las familias y no para los establecimientos”, señaló el superintendente Cristián O´Ryan, decretando así el que todos los recintos municipales, particulares, particular subvencionados, de administración delegada o dependiente un Servicio Local de Educación Pública abran sus aulas a la presencialidad de los estudiantes de manera inmediata, dado que el dictamen rige desde su publicación.
Los motivos que esgrime el escrito hacen mención a la importancia de mejorar las experiencias educativas y superar el rezago de los y las alumnas en materia de aprendizajes, lo que se ha producido debido a un largo período con clases telemáticas. Por este motivo la legislación no contempla la educación vía remota.
“Es una obligación de los sostenedores mantener en funcionamiento los establecimientos educacionales, a pesar de existir contingencias de diversa índole, por cuanto ello permite dar cumplimiento al deber de cuidado de los párvulos y estudiantes”, especifica el dictamen.
De no cumplir con esta disposición, la multa para los establecimientos asciende a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), aproximadamente 52 millones de pesos. Asimismo la Superintendencia insta a los apoderados a realizar denuncias por medio del programa fiscalizador de apertura contemplada en el plan de retorno del ministerio.
Al respecto el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, señaló que esta es una presión sumamente indebida del Mineduc, que intenta forzar nuevamente la presencialidad enajenándose del tema de fondo -y una de las principales denuncias de la acusación constitucional contra Figueroa- que es la paupérrima condición en las que se encuentran los recintos educacionales y la absoluta inacción de la autoridad sobre este hecho, lo que imposibilita desarrollar las clases en su normalidad de manera adecuada y segura.
“Hay muchos establecimientos como lo han mostrados los mismos alcaldes y sostenedores, bastante transversalmente, que no están en condiciones de atender estudiantes y abrir sus puertas debido al abandono en el que están estos establecimientos educacionales. Entonces más que preocuparse hoy día el ministerio de andar multando a estos sostenedores para que habrán las puertas de la escuela, debiera el ministerio preocuparse de entregar los recursos para que las escuelas estén en condiciones, porque el nivel de abandono en el que están es el que ha impedido que se puedan abrir”, criticó.
Por su parte la diputada de Comunes, Camila Rojas, quién hizo la presentación de la acusación contra el secretario de Estado, declaró que esta nueva arremetida del ministerio recrudece la vulneración a las comunidades educativas interponiéndoles una sanción monetaria precisamente a quienes se han visto imposibilitados a recibir estudiantes por el desmantelamiento de los recintos.
“Las clases presenciales son irremplazables, pero evidentemente para ello se requieren condiciones dignas y de seguridad. Hay escuelas que no han abierto no por capricho, sino porque no están las condiciones necesarias, ya sea de infraestructura o de implementación para cumplir con estos mínimos. Establecer la apertura por la fuerza mediante un dictamen, y amenazar con multas de millones de pesos creo que es una nueva canallada de este gobierno con estudiantes, contra trabajadores y comunidades educativas, y en definitiva, es no hacerse cargo de la realidad precaria de cientos de escuelas del país”, señaló.
En ese sentido y consultado por el hecho sí el Mineduc ha innovado en alguna solución o medida orientada al mejoramiento de las escuelas y colegios en este último período, el presidente del Colegio de Profesores sostuvo que no se ha realizado ninguna gestión en la materia.
“Nosotros hemos viendo el tema y la verdad es que no hemos sabido si se han incorporado nuevos ingresos, de que llegaran recursos frescos o de que haya efectivamente preocupación respecto a las condiciones en las que están los establecimientos, por lo menos con los sostenedores que hemos conversado y con los antecedentes que tenemos es que no hay nueva inyección de recursos”, mencionó.
