En una declaración distribuida internacionalmente, Jan Jarab, Representante de la Oficina del ACNUDH para América del Sur, expresó su preocupación por los incidentes ocurridos en Cañete el 3 de noviembre, instando a las autoridades chilenas a realizar una investigación rápida, exhaustiva, rigurosa y eficaz de los hechos de violencia y muerte ocurridos en esa zona de la región del Bío Bío, al mismo tiempo que lamentaba la muerte del comunero mapuche Jordan Llempi Machacan, de 23 años.
Afirma Jarab en el comunicado que, de acuerdo con la información recabada por su Oficina, los hechos se dieron en el marco de controles vehiculares realizados por fuerzas policiales y militares en la ruta P-72 que une Tirúa con Cañete, señalando que “la investigación debería establecer las circunstancias de los hechos que derivaron en dispartos que cobraron la vida del joven Llempi y de al menos tres personas más, incluido un menor de edad, exigiendo la plena identificación de los responsables de tales hechos de sangre.
La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH. recuerda al Estado de Chile, además, que el uso de la fuerza potencialmente letal para el mantenimiento del orden público, como el uso de armas de fuego, es una medida extrema a la que solo se debe recurrir cuando sea estrictamente necesario para proteger una vida o evitar lesiones de gravedad frente a una amenaza real e inminente. Esta obligación debería ser rigurosamente observada por todas y todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluyendo a los miembros de las Fuerzas Armadas, añade.
La declaración de la ONU expresa, asimismo, que resulta de “especial preocupación” para la Oficina el Estado de Excepción Constitucional impuesto en las provincias del Bío Bío y La Araucanía que posibilita el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, señala. En ese contexto, Jan Jarab resaltó que “los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control del orden público, dado que el entrenamiento que reciben no está dirigido a la protección y control de civiles, ni a la gestión de manifestaciones.”
Subraya el ACNUDH que en aquellas situaciones en las que, excepcionalmente y de forma temporal, se requiera de la colaboración de las fuerzas armadas en el control del orden público, los militares deberán apoyar a la autoridad civil y estar subordinados a ésta, cumpliendo con las leyes y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza aplicables a las policías, debiendo rendir cuentas si fuese necesario.
El alto funcionario de Naciones Unidas también hace ver que preocupa igualmente al organismo mundial que las autoridades chilenas justifiquen el uso de la fuerza para establecer el “orden público” sin considerar a las víctimas, así como las continuas referencias a “actos terroristas” y los intentos por criminalizar a las personas lesionadas como resultado de este empleo de la fuerza. Al respecto, Jarab recordó que “aún cuando el uso de la fuerza sea legítimo para restablecer el orden público, deberá ajustarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, rendición de cuentas, precaución y no discriminación”.
Al mismo tiempo, el comunicado condena la espiral de violencia en la zona, haciendo un llamado a las autoridades y a todos los actores involucrados en los referidos hechos a avanzar hacia instancias de diálogo y acuerdos transversales. Jarab recalcó que “la solución a la conflictividad crónica no será resultado de políticas y medidas de seguridad que favorezcan la militarización en la zona, sino del diálogo y el reconocimiento a las demandas históricas de los pueblos indígenas, en particular del pueblo mapuche.”
Finalmente, la Oficina del ACNUDH para América del Sur solidariza con las víctimas y sus familiares y reitera su más plena disposición para cooperar con el Estado de Chile y actores políticos y sociales, en la búsqueda de soluciones constructivas que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.
(Imagen: Referencial)
En una declaración distribuida internacionalmente, Jan Jarab, Representante de la Oficina del ACNUDH para América del Sur, expresó su preocupación por los incidentes ocurridos en Cañete el 3 de noviembre, instando a las autoridades chilenas a realizar una investigación rápida, exhaustiva, rigurosa y eficaz de los hechos de violencia y muerte ocurridos en esa zona de la región del Bío Bío, al mismo tiempo que lamentaba la muerte del comunero mapuche Jordan Llempi Machacan, de 23 años.
Afirma Jarab en el comunicado que, de acuerdo con la información recabada por su Oficina, los hechos se dieron en el marco de controles vehiculares realizados por fuerzas policiales y militares en la ruta P-72 que une Tirúa con Cañete, señalando que “la investigación debería establecer las circunstancias de los hechos que derivaron en dispartos que cobraron la vida del joven Llempi y de al menos tres personas más, incluido un menor de edad, exigiendo la plena identificación de los responsables de tales hechos de sangre.
La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH. recuerda al Estado de Chile, además, que el uso de la fuerza potencialmente letal para el mantenimiento del orden público, como el uso de armas de fuego, es una medida extrema a la que solo se debe recurrir cuando sea estrictamente necesario para proteger una vida o evitar lesiones de gravedad frente a una amenaza real e inminente. Esta obligación debería ser rigurosamente observada por todas y todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluyendo a los miembros de las Fuerzas Armadas, añade.
La declaración de la ONU expresa, asimismo, que resulta de “especial preocupación” para la Oficina el Estado de Excepción Constitucional impuesto en las provincias del Bío Bío y La Araucanía que posibilita el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, señala. En ese contexto, Jan Jarab resaltó que “los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control del orden público, dado que el entrenamiento que reciben no está dirigido a la protección y control de civiles, ni a la gestión de manifestaciones.”
Subraya el ACNUDH que en aquellas situaciones en las que, excepcionalmente y de forma temporal, se requiera de la colaboración de las fuerzas armadas en el control del orden público, los militares deberán apoyar a la autoridad civil y estar subordinados a ésta, cumpliendo con las leyes y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza aplicables a las policías, debiendo rendir cuentas si fuese necesario.
El alto funcionario de Naciones Unidas también hace ver que preocupa igualmente al organismo mundial que las autoridades chilenas justifiquen el uso de la fuerza para establecer el “orden público” sin considerar a las víctimas, así como las continuas referencias a “actos terroristas” y los intentos por criminalizar a las personas lesionadas como resultado de este empleo de la fuerza. Al respecto, Jarab recordó que “aún cuando el uso de la fuerza sea legítimo para restablecer el orden público, deberá ajustarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, rendición de cuentas, precaución y no discriminación”.
Al mismo tiempo, el comunicado condena la espiral de violencia en la zona, haciendo un llamado a las autoridades y a todos los actores involucrados en los referidos hechos a avanzar hacia instancias de diálogo y acuerdos transversales. Jarab recalcó que “la solución a la conflictividad crónica no será resultado de políticas y medidas de seguridad que favorezcan la militarización en la zona, sino del diálogo y el reconocimiento a las demandas históricas de los pueblos indígenas, en particular del pueblo mapuche.”
Finalmente, la Oficina del ACNUDH para América del Sur solidariza con las víctimas y sus familiares y reitera su más plena disposición para cooperar con el Estado de Chile y actores políticos y sociales, en la búsqueda de soluciones constructivas que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.
(Imagen: Referencial)
En una declaración distribuida internacionalmente, Jan Jarab, Representante de la Oficina del ACNUDH para América del Sur, expresó su preocupación por los incidentes ocurridos en Cañete el 3 de noviembre, instando a las autoridades chilenas a realizar una investigación rápida, exhaustiva, rigurosa y eficaz de los hechos de violencia y muerte ocurridos en esa zona de la región del Bío Bío, al mismo tiempo que lamentaba la muerte del comunero mapuche Jordan Llempi Machacan, de 23 años.
Afirma Jarab en el comunicado que, de acuerdo con la información recabada por su Oficina, los hechos se dieron en el marco de controles vehiculares realizados por fuerzas policiales y militares en la ruta P-72 que une Tirúa con Cañete, señalando que “la investigación debería establecer las circunstancias de los hechos que derivaron en dispartos que cobraron la vida del joven Llempi y de al menos tres personas más, incluido un menor de edad, exigiendo la plena identificación de los responsables de tales hechos de sangre.
La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH. recuerda al Estado de Chile, además, que el uso de la fuerza potencialmente letal para el mantenimiento del orden público, como el uso de armas de fuego, es una medida extrema a la que solo se debe recurrir cuando sea estrictamente necesario para proteger una vida o evitar lesiones de gravedad frente a una amenaza real e inminente. Esta obligación debería ser rigurosamente observada por todas y todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluyendo a los miembros de las Fuerzas Armadas, añade.
La declaración de la ONU expresa, asimismo, que resulta de “especial preocupación” para la Oficina el Estado de Excepción Constitucional impuesto en las provincias del Bío Bío y La Araucanía que posibilita el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, señala. En ese contexto, Jan Jarab resaltó que “los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control del orden público, dado que el entrenamiento que reciben no está dirigido a la protección y control de civiles, ni a la gestión de manifestaciones.”
Subraya el ACNUDH que en aquellas situaciones en las que, excepcionalmente y de forma temporal, se requiera de la colaboración de las fuerzas armadas en el control del orden público, los militares deberán apoyar a la autoridad civil y estar subordinados a ésta, cumpliendo con las leyes y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza aplicables a las policías, debiendo rendir cuentas si fuese necesario.
El alto funcionario de Naciones Unidas también hace ver que preocupa igualmente al organismo mundial que las autoridades chilenas justifiquen el uso de la fuerza para establecer el “orden público” sin considerar a las víctimas, así como las continuas referencias a “actos terroristas” y los intentos por criminalizar a las personas lesionadas como resultado de este empleo de la fuerza. Al respecto, Jarab recordó que “aún cuando el uso de la fuerza sea legítimo para restablecer el orden público, deberá ajustarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, rendición de cuentas, precaución y no discriminación”.
Al mismo tiempo, el comunicado condena la espiral de violencia en la zona, haciendo un llamado a las autoridades y a todos los actores involucrados en los referidos hechos a avanzar hacia instancias de diálogo y acuerdos transversales. Jarab recalcó que “la solución a la conflictividad crónica no será resultado de políticas y medidas de seguridad que favorezcan la militarización en la zona, sino del diálogo y el reconocimiento a las demandas históricas de los pueblos indígenas, en particular del pueblo mapuche.”
Finalmente, la Oficina del ACNUDH para América del Sur solidariza con las víctimas y sus familiares y reitera su más plena disposición para cooperar con el Estado de Chile y actores políticos y sociales, en la búsqueda de soluciones constructivas que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.
(Imagen: Referencial)
En los últimos días y a petición del ministro del Interior, se han desarrollado patrullajes mixtos entre personal de Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ejército para evitara tentados en La Araucanía. Foto: Agencia UNO. 
