Lejos de acabar está la polémica respecto del gas licuado, luego que diversos alcaldes hicieran gestiones ante la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) para distribuir entre los vecinos gas “a un precio justo”. Una solicitud en la que la estatal estuvo dispuesta a estudiarla, pero que finalmente recibió un portazo por parte de Contraloría, tras un dictamen que determinó que la medida era “inconstitucional”.

Frente a este panorama, parlamentarios de oposición ingresaron una serie de proyectos para viabilizar esta posibilidad, a solo días de que la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados revelara en un informe la existencia de una falta de competitividad y una posible colusión en torno a la comercialización del gas.

Por esta razón la instancia solicitó a la Fiscalía Nacional Económica que presente “cuanto antes y sin dilación” un requerimiento al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de la Democracia Cristiana y presidente de la comisión investigadora, Miguel Ángel Calisto, abordó esta problemática y se refirió a la primera señal que alertó de esta alza en el precio del gas el año pasado.

En esa línea, el parlamentario comentó que después “presentamos un requerimiento a la Fiscalía Nacional Económica por parte de la Democracia Cristiana y posteriormente lo hizo el PPD, con la finalidad de solicitar que la FNE se pronuncie respecto de una eventual colusión del precio del gas, tomando en cuenta que es un mercado que está altamente concentrado”.

“La Fiscalía emitió un informe, ya por todos conocido, y también nosotros hoy hicimos lo mismo en nuestra comisión investigadora, que justamente nace a raíz de esta denuncia que realizamos porque dijimos también desde el Congreso que no solamente se puede esperar el informe de la Fiscalía Nacional Económica, sino que acá el mundo político también tiene mucho que decir y hacer respecto de un tema que es de primera necesidad”, aseveró.

Asimismo, planteó que uno de los puntos relevantes y que la Fiscalía resolvió fue “una baja intensidad competitiva en la industria del gas”, agregando que esto se debe principalmente “por los pocos distribuidores mayoristas que existen. Abastible, Lipigas y Gasco y, además, porque son los tres distribuidores mayoristas que están presentes en todo el país, ofrecen los mismos productos, los tres tienen participación de mercado parecidas o más bien simétricas en todas las comunas y controlan toda la cadena de distribución”.

“Incluso hasta hace muy poco y eso, yo diría una de las cosas más vergonzosas que he visto, controlaban toda la cadena porque eran dueños de las empresas que importan gas, es decir, ellos eran dueños de los principales terminales de gas en Chile. Me refiero a Gasmar, que es propiedad de Gasco y Abastible; Oxiquim y Hualpén, propiedad de Gasmar y Abastible y, por ende, estas tres empresas controlan prácticamente la cadena completa”, detalló el parlamentario.

También el diputado Miguel Ángel Calisto comentó que en la comisión “encontramos antecedentes que nos permiten señalar que estas tres principales empresas de gas generaron una situación contradictoria el año 2014” e hizo un mea culpa respecto de la labor del Congreso en ese entonces porque “no investigaron absolutamente las denuncias que se realizaron. Ese año el precio del crudo en el mundo bajó considerablemente; sin embargo, en Chile los combustibles iban subiendo como espuma los valores. Entonces, nosotros también concluimos muy similar a lo que la Fiscalía Nacional Económica ha señalado que acá hay un cálculo donde se puede determinar un sobreprecio cobrado a los chilenos de 181 millones de dólares en exceso en gas licuado que consume el país”.

En ese sentido, el legislador cuestionó a estas empresas, acusándolas de cometer una “inmoralidad”, especialmente en medio de la pandemia.

Calisto explicó a modo de ejemplo que “un cilindro que antes costaba 16, 17 mil pesos en la zona central hoy día está en 26, 27 mil pesos hasta 30 mil y en las zonas extremas, que yo represento, estamos hablando que el cilindro de 15 (kilos) está llegando a los 40 mil pesos en sectores como Isla Huichas, Melinca, los sectores más aislados del país”.

En cuanto a las posibilidades de avanzar en medidas que permitan a los usuarios acceder a un precio justo en el gas licuado, en diputado DC se refirió a las expectativas que se tienen al interior de la comisión investigadora respecto del pronunciamiento del segundo informe de la Fiscalía Nacional Económica, en la que esperan que se determine la colusión entre estas empresas distribuidoras.

No obstante, si bien defendió la iniciativa de los municipios para participar en el mercado del gas, consideró que no resuelve el problema de fondo, puesto que a su juicio “la solución definitiva es el rol del Estado”.

“Por eso estamos esperando la propuesta que también va a hacer el Gobierno la próxima semana. Durante estos días ha señalado que va a hacer llegar una propuesta, espero que así sea porque de lo contrario el Gobierno se va a hacer cómplice de una red de abuso que es evidente y que la Fiscalía Nacional Económica podría corroborar en las próximas semanas”, expresó.

En particular, Calisto planteó como esencial la generación de una banda de precios, tal y como ocurre con las empresas de electricidad y de agua potable; la eliminación de la exclusividad de los cilindros y generar una especie de “portabilidad” y regular que las empresas mayoristas no participen de la venta directa, adelantando la presentación de un proyecto de ley transversal por parte de la comisión que reúna todos estos puntos dentro de los próximos días.