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Año XIV, 27 de junio de 2022

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Constituyentes ingresan iniciativa que crea el Consejo Supremo de Justicia en la Nueva Constitución

El organismo se encargará del gobierno y la administración del Sistema Nacional de Justicia y tendrá atribuciones como el nombramiento del Fiscal Nacional, de los Fiscales Regionales, del Defensor Penal Público, Defensores Regionales, Notarios, Conservadores, Jueces y Juezas, integrantes del Consejo de Defensa de Estado, entre otros órganos vinculados a la administración de la justicia.

Diario Uchile

  Viernes 31 de diciembre 2021 12:30 hrs. 
comision convencion

Este viernes, 16 convencionales integrantes del colectivo Independientes por una Nueva Constitución, Movimientos Sociales Constituyentes, Chile Digno, Pueblo Constituyente y representantes de los Pueblos Originarios, patrocinaron la iniciativa que crea el Consejo Supremo de Justicia en la Nueva Constitución, presentada por constituyentes miembros de la comisión de Sistemas de Justicia.

La propuesta lo define como un organismo “autónomo, independiente, colegiado, técnico, paritario y plurinacional, que se encargará del gobierno y la administración del Sistema Nacional de Justicia y sus órganos”.

Entre sus funciones se establece la “selección, nombramiento, destino, traslado, perfeccionamiento, profesionalización y promoción de juezas y jueces de todos los Tribunales de Justicia, del Fiscal Nacional y Fiscales Regionales del Ministerio Público, del Defensor Penal Público Nacional y Defensores Penales Públicos Regionales, así como del nombramiento de los demás cargos que la Constitución o la ley establezcan”.

En cuanto a su composición e integración se determina que “el Consejo Supremo de Justicia está compuesto por veintiún integrantes, quienes durarán en sus cargos por un periodo de seis años, sin reelección, y tomarán sus decisiones mediante acuerdos adoptados por la mayoría de sus miembros en ejercicio”.

El abogado constituyente independiente por la Región de Magallanes y Antártica Chilena, Mauricio Daza, afirmó que entre las características de este organismo se destaca que “se haga cargo de la gestión financiera y del control disciplinario de lo que se conoce actualmente como Poder Judicial, de manera tal de garantizar que los jueces solo se dediquen a aquello que corresponde a su función que es conocer y fallar casos”.

Asimismo, agregó que “lo que pretendemos es llevar esta justicia que está estancada en muchos sentidos en las lógicas del siglo XIX, a una visión propia del siglo XXI ocupando como ejemplo las mejores experiencias a nivel internacional. Para evitar la politización de esta institución, como se ha observado en otros países, contemplamos una integración con representación de órganos elegidos por la ciudadanía además de organizaciones de la sociedad civil, pero también de los diversos órganos y estamentos que intervienen en la administración de justicia, a partir de mecanismos transparentes que garanticen paridad, descentralización y plurinacionalidad”.

La constituyente por el distrito 23, Manuela Royo, destacó que “por primera vez se establece la existencia de un órgano de justicia de carácter paritario donde la mitad de sus integrantes por lo menos deben ser mujeres y, además, tiene la función de cerciorarse de la integración en paridad al interior de los tribunales y del sistema judicial, como así también de la aplicación del enfoque de género que para nosotras es histórico”.

Por su parte, el constituyente del distrito 2 y miembro del colectivo Chile Digno, Hugo Gutiérrez, afirmó que “hay que fortalecer la actividad jurisdiccional para asegurar el acceso a la justicia” y, en ese sentido, sostuvo que el Consejo Supremo de Justicia será un “órgano autónomo, colegiado, compuesto por jueces, fiscales, defensores, funcionarios y sociedad civil, en integración paritaria con reconocimiento territorial y democrático que se aboque a labores administrativas como nombramiento de jueces, fiscales, defensores y otras autoridades, y también ejerza las facultades disciplinarias. No más estructura piramidal, jerárquica, autoritaria y abusiva. Esa vigilancia ministerial de los tribunales superiores atenta contra la independencia de jueces y juezas, y debe ser superado ahora”.