Los Oficiales Técnicos de la Universidad de Chile, rigurosamente seleccionados y capacitados, están listos para asumir un papel esencial como jueces en los Juegos Panamericanos que comenzarán el próximo 20 de octubre.
En conversación con RadioAnálisis, el convencional valoró también la creación de la Defensoría del Pueblo que pasó al borrador de la nueva Carta Fundamental.
El organismo se encargará del gobierno y la administración del Sistema Nacional de Justicia y tendrá atribuciones como el nombramiento del Fiscal Nacional, de los Fiscales Regionales, del Defensor Penal Público, Defensores Regionales, Notarios, Conservadores, Jueces y Juezas, integrantes del Consejo de Defensa de Estado, entre otros órganos vinculados a la administración de la justicia.
La medida se sostendrá hasta que se pueda esclarecer la implicancia de cinco ministros de la Corte Suprema quienes, en abril pasado, resolvieron expulsar a los tres jueces de Rancagua sin esperar el resultado del sumario.
El abogado constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile criticó el anuncio del Gobierno de que estudiará realizar modificaciones al sistema actual de designación, evaluación y control de jueces y fiscales. “Cuando usted necesita un acuerdo de todos, ese alguien a quien le conviene como funciona el status quo, se niega”, señaló Atria.
Este miércoles, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en conjunto con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), y representantes de diversas organizaciones sociales, hicieron un llamado a los diputados para aprobar en Sala dicha acusación. Según la comisión ad-hoc el libelo sería votado este jueves.
El ministro de Justicia, Salvador Heresi,, dimitió la tarde de este viernes, tres horas después de que un medio local divulgara el audio de una conversación suya con el juez del Supremo César Hinostroza, uno de los principales protagonistas del escándalo en el sistema de justicia que han sido revelados por la prensa peruana.
Los juristas calificaron las palabras del ministro de justicia como delicadas, y lo conminaron a aclarar como él sabe la tendencia política de cada juez.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) fue facultado por la Contraloría General de la República a entregar antecedentes a los jueces que investigan casos de violaciones a los derechos humanos, levantando el secreto que por ley se establece a la denominada Comisión Valech II, debido a que esta segunda instancia recogió testimonios de casos de Detenidos Desaparecidos (DD.DD.) y de Ejecutados Políticos, ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y marzo de 1990.
La Defensoría Penal Pública organizó una panel para observar la influencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico nacional. Los participantes del encuentro se acercaron a varias conclusiones, la necesidad de integración jurídica al nivel de la macrozona y también que los Estados hagan parte, en una integración más profunda, los criterios que se aplican en el sistema interamericano, de acuerdo a las convenciones internacionales.
A más de tres años del incendio de la Cárcel de San Miguel, que produjo la muerte de 81 reos y 13 heridos, se realizó el procedimiento de constatación de pruebas que establecen las circunstancias en las que se produjo esta tragedia. Esto, en el marco del juicio oral que se inició en abril de 2013 y que mantiene en espera a los familiares de las víctimas.
La moción, presentada por el Diputado Burgos (DC), busca respetar la libertad de culto y suma la “promesa” al actual juramento de jueces y auxiliares de la Justicia.
