La ex alcaldesa Virginia Reginato es hoy una de las ex autoridades más cuestionadas debido a la falta de probidad mientras ejercía como alcaldesa de la llamada Ciudad Jardín. Desde que asumiera Macarena Ripamonti como jefa comunal, se han conocido numerosas faltas durante la administración anterior, entre ellas, sobresueldos, pago de inexistentes horas extras, y costosos tratos con empresas privadas, lo que ha dejado como consecuencia un déficit de casi 20 mil millones de pesos al municipio.
Para profundizar en el tema, el periodista Claudio Medrano conversó con el concejal de Viña del Mar, Pablo González (PC), quien identificó dos grandes problemas en la era Reginato: la cantidad de años en el cargo y las familias enquistadas en el municipio.
“Debido a la cantidad de años que la administración de Virginia Reginato estuvo dirigiendo el municipio, de cierta manera se generó impunidad en torno a ella y sus cercanos. Yo digo que ellos perdieron el sentido de la realidad, y llego a pensar que creyeron que nunca saldrían del municipio, por tanto cada vez se pusieron más groseros en las formas de cómo venían realizando este tipo de actos que contravienen la probidad y hay que decirlo con todas sus letras, el principal problema que hubo acá no solo fueron las malas decisiones y la falta de dirección por parte de Reginato, sino también las familias que se enquistan en el municipio.
“La jefa de gabinete era María Angélica Maldonado y su esposo, que era director de la Casa del Deporte, y todos ellos estaban distribuidos como familias en el municipio de tal manera que el municipio se transformó en un gran negocio familiar”, explicó González.
La última denuncia hecha contra Reginato se realizó a principios de febrero, donde la actual alcaldesa de la Ciudad Jardín, Macarena Ripamonti, la acuso ante la Justicia por fraude al fisco. La razón sería el pago irregular de millonarios finiquitos para tres altos cargos de la Corporación Municipal de Viña del Mar.
Según Pablo González, los millonarios montos pagados por concepto de finiquito no correspondían, pues habrían sido renuncias voluntarias.
“Los finiquitos se pagaron por mutuo acuerdo cuando, en realidad, eran renuncias voluntarias. El caso más emblemático es el de Claudio Boisier, que siendo gerente de la Corporación deja su cargo para convertirse en administrador municipal, pero aun así hace un mutuo acuerdo -con él mismo- por un monto de 76 millones de pesos, esto pese a que en la práctica lo suyo era una renuncia voluntaria y se iba a otro cargo que es el segundo después de la propia alcaldesa”.
“Todo esto en un contexto en que hay trabajadores que, hasta el día de hoy, sus cotizaciones no han sido pagadas”, agregó.
Producto de todo lo conocido en la administración Reginato, González identificó dos grandes problemas que hoy enfrenta el municipio y que, aseguró, la actual administración está tratando de remendar.
“El primero es el déficit municipal, que se está trabajando para poder reducirlo. Lo otro es el amarre de licitaciones y contratos que dejó la licitación anterior, donde muchas veces no hay contrato porque se hacía todo a ‘lo compadre”.
Ante todo lo que se conoce de la gestión de Virginia Reginato, González expresó su deseo respecto del futuro de la ex autoridad. “Ojalá ella cumpla una pena de privación de libertad por los delitos que cometió en la medida que la Justicia logre comprobar las acusaciones que hay”.
Ahora bien, la falta de probidad en una administración municipal de Viña del Mar no es un caso único en el país, de hecho, las denuncias de nuevas gestiones respecto de las anteriores son cada vez más comunes. Para el concejal Pablo González, la raíz de este problema es la falta de fiscalización a las y los alcaldes, pues el ente que cumple esa función, el Concejo Municipal, no dispone las herramientas.
“El principal problema acá es la institucionalidad municipal, porque acá no hay gobiernos locales, lo que hay son meras administraciones municipales donde el alcalde se convierte en un gerente y, si uno quiere llegar un poco más allá, el alcalde se convierte en una especie de señor feudal, porque no hay una equidad de fuerza entre el alcalde y el concejo municipal, el alcalde siempre tiene la última palabra y los concejales se deben proveer de los mismos insumos que le municipio les proporciona para fiscalizar, lo que se vuelve bastante dificultoso sobre todo porque el alcalde no quiere ser fiscalizado, como sucedía en la época de Reginato”.
Al respecto, el concejal hizo un llamado a los convencionales constituyentes para que puedan resolver este problema y lo dejen estipulado en la futura Carta Fundamental.