Lo primero que hizo Matías Rojas fue salir de su casa y dar una vuelta por la plaza, después de más de dos años de preocupación, penas y angustias. Así lo relata Elsa Marambio, madre de uno de los tres jóvenes acusados de elaborar y lanzar las molotov contra el Hotel Principado de Asturias ocurrido en noviembre de 2019 en el contexto del estallido social. Un caso emblemático que el martes tuvo su epílogo con la absolución de dos de los imputados.
En resolución unánime, el Tercer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago integrado por las magistradas Marcela Sandoval, en su calidad de presidenta, Claudia Santos y Mariela Jorquera, absolvió a Benjamín Espinoza Gatica y Matías Rojas Marambio, por considerar deficientes los testimonios y pruebas rendidas en el proceso.
En el caso del estudiante de Pedagogía en Música, Jesús Zenteno, el juicio quedó agendado para el 2 de agosto próximo.
“Ahora podemos dormir tranquilos”, cuenta la madre de Matías, quien está convencida que se “trató de un montaje” y que “sin ser abogada, uno se daba cuenta de lo que pasaba. Entonces sí creo que fue una persecución política, con el Estado que siempre estuvo presionando para que siguieran presos y no lo hacen con cualquier persona”
Además, criticó el papel de los grandes medios de comunicación que los mostraban como delincuentes. “Pedimos que no mostraran sus caras en la televisión, pero no les interesó y los mostraban por todos lados. Mi hijo en la cárcel estaba muy preocupado porque los veían como delincuentes. Le dije que no importaba, que me iba a encargar de demostrar que no era delincuente y que era inocente”, señala Elsa Marambio.
Para el abogado de la Defensoría Popular, Lorenzo Morales, las pruebas que se presentaron contra los jóvenes eran inconsistentes y no cumplían con los estándares que establecía la ley.
El profesional indicó que esta es una señal para el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y al Consejo de Defensa del Estado sobre la inconsistencia de pruebas policiales que presentaron que eran un video de 20 segundos y fotos que no tenían autenticidad en relación a la fecha y el lugar.
Precisó que se trató de “una persecución política muy difícil de entender, en un juicio monitoreado por la Dirección de Inteligencia de Carabineros. Un alto oficial de esta unidad recolectó todas las pruebas, informadas a su superior, se comunicaba ilegalmente con distintas personas (con el testigo David Gaete Beltrán, teniente de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros, acusado como jefe de un equipo “Intra Marchas”) e iba compartiendo pruebas que no podía un tribunal de la República considerar. Eran pruebas segmentadas que no daban a conocer el total de aquello”. Es decir, explicó, cuando hablaban de confección de una “bomba” no existía ninguna prueba que diera cuenta de ello.
“Aquí se trató de engañar al tribunal. La gente del Hotel Principado dijo que no tenían ninguna imagen y que cuando llegaron al sitio del suceso, el equipo (máster del sistema de vigilancia, DVR) donde quedan alojadas las imágenes, se estaba quemando” señaló Morales. Sin embargo, el profesional afirmó que sí existían las imágenes y nunca las presentaron ante el tribunal ni a la fiscalía, porque las emplearon para cobrar los seguros pertinentes.
Agregó que nadie puede entender que un hotel con un patrimonio cuantioso no haya tenido las imágenes que normalmente quedan almacenadas en una nube. Por eso se desestimaron las pruebas y porque los peritajes fueron de muy mala calidad, precisó.
“En algún minuto vamos a mostrar todo este set de imágenes y de las pericias que supuestamente nos inculpaban y esa era la fuerza que daba en su momento el fiscal regional Manuel Guerra y su equipo de trabajo para inculparnos por la prensa oficial. La satisfacción nuestra es que con gran especialización y técnica pudimos sacar este juicio adelante” expresó el abogado defensor.
Esto tiene que ver con el derecho y cómo se comprueban las acciones en un tribunal imparcial agregó Morales. “Siempre se comprueba con la prueba pericial y ésta contradecía la versión de Carabineros. Entonces aquí no quedaba otra forma de absolver y sobre todo, lo que dijo la Corte Suprema en noviembre del año pasado, donde declaró que la prueba era ilegal e iba contra la ley y que reiteradamente este tipo de pruebas no las puede aceptar. Esto es un orgullo porque la jurisdicción se tiene que cuidar, el Estado de Derecho se tiene que cuidar ante salidas y formas de investigar que fueron increíbles. Para bien o para mal, la investigación siempre la tiene que llevar el Ministerio Público, sea como sea. Aquí los que llevaron el monitoreo, fueron los carabineros”, puntualizó Morales.
En este juicio, el Consejo de Defensa del Estado fue condenado en costas de forma cuantiosa. En el caso de Jesús Zenteno, continúa el proceso por una “cuestión técnica que cuestionamos, pero esperamos la misma resolución porque son las mismas pruebas y los mismos actores”, informó el abogado. Además, ante la “prisión política injusta” van a tener que ir a tribunales internacionales para que se valide esa posición y que el Estado los pueda resarcir y reparar, concluyó el abogado Morales.