El comunicador social, experto en marketing en comunicación política e integrante de la Unión de Periodistas de Ecuador, Paul Almeyda, afirmó que la demandas del pueblo ecuatoriano movilizado hace 19 días en el país, difícilmente puedan ser respondidas por el Presidente Guillermo Lasso, dado el carácter neoliberal de su gobierno aunque cedió a las presiones y este jueves retomará el diálogo.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Almeyda indicó que las movilizaciones comenzaron con el levantamiento de las organizaciones indígenas, pero se ha plegado todo el movimientos social y político con el objetivo de frenar el intento de privatizar empresas públicas como el Banco del Pacífico, la Corporación Nacional de Telefonía y también detener la expansión de las concesiones mineras que afectan a territorios y nacionalidades indígenas y que ponen en riesgo zonas de captación y de reservas hídricas.
El dirigente afirmó que también exigen que se vuelvan a asignar los presupuestos para las universidades estatales, disminuidos en los últimos tres años y se declare en emergencia el sector de la salud, que está desabastecido y la población tiene que comprar hasta las jeringas en el sector privado.
A todo eso se suma el aumento de los combustibles que ha sufrido un incremento en más de un 100 por ciento, lo que ha generado una cadena de inflación en los productos de primera necesidad y la cesantía que ha subido a niveles históricos agudizado con la pandemia.
“El gobierno dice que no hay recursos y hemos vendido el petróleo al doble de lo que estaba presupuestado. Actualmente tenemos una reserva en el extranjero de 8 mil millones de dólares considerando que nuestro presupuesto nacional es de 32 mil millones de dólares y tenemos 8 mil millones guardados, como una de las formas de garantía del Fondo Monetario Internacional y que no pueden ser invertidos en el Ecuador por el compromiso que hay con el FMI que no nos permite usar esa plata”, indicó el dirigente social.
Indicó que además el gobierno ha planteado la firma de 50 tratados de libre comercio que afecta directamente a los productores nacionales que no podrán competir en el mercado local.
Frente a esta situación el gobierno ha respondido con absoluta violencia, con 10 fallecidos y 12 desaparecidos, indicó el dirigente, quien precisó que el paro se mantiene en 20 provincias de las 24 que integran el país.
Paul Almeyda indicó que el movimiento indígena ha priorizado algunos puntos para llegar a un acuerdo como el tema de los combustibles.
Sin embargo, el dirigente afirmó que es difícil que se llegue a un acuerdo dado el carácter neoliberal del gobierno de Guillermo Lasso, que enfrentó una acusación constitucional que buscaba destituirlo, pero que no prosperó porque se reunieron solo 80 votos de los 92 que se necesitaban para destituirlo.
“La posibilidad de un diálogo que sustente todas las demandas es imposible, no va a suceder. Se puede negociar el fin de este tipo de movilizaciones, pero desde el campo popular se está convocando a un comité permanente de paro y movilización en contra de la política neoliberal de Guillermo Lasso”, indicó Almeyda.
Puntualizó que los sectores progresistas, están frente a “la obligación histórica de establecer acuerdos para defender al país y la Constitución que tenemos, que es una Constitución progresista, una Constitución de derechos y justamente por no ser una Constitución neoliberal no le permite al gobierno de Lasso establecer todo el plan que ha pretendido en materia política y económica”.
Imagen de portada: RFI
El comunicador social, experto en marketing en comunicación política e integrante de la Unión de Periodistas de Ecuador, Paul Almeyda, afirmó que la demandas del pueblo ecuatoriano movilizado hace 19 días en el país, difícilmente puedan ser respondidas por el Presidente Guillermo Lasso, dado el carácter neoliberal de su gobierno aunque cedió a las presiones y este jueves retomará el diálogo.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Almeyda indicó que las movilizaciones comenzaron con el levantamiento de las organizaciones indígenas, pero se ha plegado todo el movimientos social y político con el objetivo de frenar el intento de privatizar empresas públicas como el Banco del Pacífico, la Corporación Nacional de Telefonía y también detener la expansión de las concesiones mineras que afectan a territorios y nacionalidades indígenas y que ponen en riesgo zonas de captación y de reservas hídricas.
El dirigente afirmó que también exigen que se vuelvan a asignar los presupuestos para las universidades estatales, disminuidos en los últimos tres años y se declare en emergencia el sector de la salud, que está desabastecido y la población tiene que comprar hasta las jeringas en el sector privado.
A todo eso se suma el aumento de los combustibles que ha sufrido un incremento en más de un 100 por ciento, lo que ha generado una cadena de inflación en los productos de primera necesidad y la cesantía que ha subido a niveles históricos agudizado con la pandemia.
“El gobierno dice que no hay recursos y hemos vendido el petróleo al doble de lo que estaba presupuestado. Actualmente tenemos una reserva en el extranjero de 8 mil millones de dólares considerando que nuestro presupuesto nacional es de 32 mil millones de dólares y tenemos 8 mil millones guardados, como una de las formas de garantía del Fondo Monetario Internacional y que no pueden ser invertidos en el Ecuador por el compromiso que hay con el FMI que no nos permite usar esa plata”, indicó el dirigente social.
Indicó que además el gobierno ha planteado la firma de 50 tratados de libre comercio que afecta directamente a los productores nacionales que no podrán competir en el mercado local.
Frente a esta situación el gobierno ha respondido con absoluta violencia, con 10 fallecidos y 12 desaparecidos, indicó el dirigente, quien precisó que el paro se mantiene en 20 provincias de las 24 que integran el país.
Paul Almeyda indicó que el movimiento indígena ha priorizado algunos puntos para llegar a un acuerdo como el tema de los combustibles.
Sin embargo, el dirigente afirmó que es difícil que se llegue a un acuerdo dado el carácter neoliberal del gobierno de Guillermo Lasso, que enfrentó una acusación constitucional que buscaba destituirlo, pero que no prosperó porque se reunieron solo 80 votos de los 92 que se necesitaban para destituirlo.
“La posibilidad de un diálogo que sustente todas las demandas es imposible, no va a suceder. Se puede negociar el fin de este tipo de movilizaciones, pero desde el campo popular se está convocando a un comité permanente de paro y movilización en contra de la política neoliberal de Guillermo Lasso”, indicó Almeyda.
Puntualizó que los sectores progresistas, están frente a “la obligación histórica de establecer acuerdos para defender al país y la Constitución que tenemos, que es una Constitución progresista, una Constitución de derechos y justamente por no ser una Constitución neoliberal no le permite al gobierno de Lasso establecer todo el plan que ha pretendido en materia política y económica”.
Imagen de portada: RFI
El comunicador social, experto en marketing en comunicación política e integrante de la Unión de Periodistas de Ecuador, Paul Almeyda, afirmó que la demandas del pueblo ecuatoriano movilizado hace 19 días en el país, difícilmente puedan ser respondidas por el Presidente Guillermo Lasso, dado el carácter neoliberal de su gobierno aunque cedió a las presiones y este jueves retomará el diálogo.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Almeyda indicó que las movilizaciones comenzaron con el levantamiento de las organizaciones indígenas, pero se ha plegado todo el movimientos social y político con el objetivo de frenar el intento de privatizar empresas públicas como el Banco del Pacífico, la Corporación Nacional de Telefonía y también detener la expansión de las concesiones mineras que afectan a territorios y nacionalidades indígenas y que ponen en riesgo zonas de captación y de reservas hídricas.
El dirigente afirmó que también exigen que se vuelvan a asignar los presupuestos para las universidades estatales, disminuidos en los últimos tres años y se declare en emergencia el sector de la salud, que está desabastecido y la población tiene que comprar hasta las jeringas en el sector privado.
A todo eso se suma el aumento de los combustibles que ha sufrido un incremento en más de un 100 por ciento, lo que ha generado una cadena de inflación en los productos de primera necesidad y la cesantía que ha subido a niveles históricos agudizado con la pandemia.
“El gobierno dice que no hay recursos y hemos vendido el petróleo al doble de lo que estaba presupuestado. Actualmente tenemos una reserva en el extranjero de 8 mil millones de dólares considerando que nuestro presupuesto nacional es de 32 mil millones de dólares y tenemos 8 mil millones guardados, como una de las formas de garantía del Fondo Monetario Internacional y que no pueden ser invertidos en el Ecuador por el compromiso que hay con el FMI que no nos permite usar esa plata”, indicó el dirigente social.
Indicó que además el gobierno ha planteado la firma de 50 tratados de libre comercio que afecta directamente a los productores nacionales que no podrán competir en el mercado local.
Frente a esta situación el gobierno ha respondido con absoluta violencia, con 10 fallecidos y 12 desaparecidos, indicó el dirigente, quien precisó que el paro se mantiene en 20 provincias de las 24 que integran el país.
Paul Almeyda indicó que el movimiento indígena ha priorizado algunos puntos para llegar a un acuerdo como el tema de los combustibles.
Sin embargo, el dirigente afirmó que es difícil que se llegue a un acuerdo dado el carácter neoliberal del gobierno de Guillermo Lasso, que enfrentó una acusación constitucional que buscaba destituirlo, pero que no prosperó porque se reunieron solo 80 votos de los 92 que se necesitaban para destituirlo.
“La posibilidad de un diálogo que sustente todas las demandas es imposible, no va a suceder. Se puede negociar el fin de este tipo de movilizaciones, pero desde el campo popular se está convocando a un comité permanente de paro y movilización en contra de la política neoliberal de Guillermo Lasso”, indicó Almeyda.
Puntualizó que los sectores progresistas, están frente a “la obligación histórica de establecer acuerdos para defender al país y la Constitución que tenemos, que es una Constitución progresista, una Constitución de derechos y justamente por no ser una Constitución neoliberal no le permite al gobierno de Lasso establecer todo el plan que ha pretendido en materia política y económica”.
Imagen de portada: RFI
