Luego protagonizar una serie de polémicas por sus declaraciones, el Gobierno, a través de la Delegación Presidencial de Los Lagos, presentó una querella contra el empresario osornino y ex militante del partido Amplitud, Pedro Pool, por el delito de amenazas.
Con motivo del plebiscito del 4 de septiembre, Pool ha proferido una serie de dichos en las que, en caso de ganar el Apruebo, organizará grupos de resistencia y “fusilaría” a ex convencionales, mencionando entre ellos a Jaime Bassa y a Fernando Atria.
Pese a mantener una investigación abierta en la Fiscalía de Osorno por este último motivo, el empresario lejos de terminar con la controversia volvió a insistir en sus dichos en un programa de streaming.
Según expresó “nos vamos a vengar de todos, nos vamos a vengar de todos los zurdos que nos quemaron las 17 estaciones del Metro. Nos vamos a vengar de la primera línea, nos vamos a vengar de los comunistas y socialistas, nos vamos a vengar de los fraude amplistas (sic), nos vamos a vengar de los acomódate cristiano (sic)”.
De acuerdo a la Delegación Presidencial, las palabras del empresario “son una clara amenaza en contra de las personas claramente determinables, tanto por ser parte de un conglomerado político, como lo es el Partido Comunista, como por pertenecer al órgano instituido para la redacción de la Constitución”.
Por lo que en el detalle de la querella solicitaron que se despache a la Brigada de Investigaciones Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones una orden amplia de investigar a fin de recabar “todos los antecedentes que permitan acreditar la efectividad de la comisión de delitos aquí imputados, y que se instruya investigar las posibles acciones concretas que podría estar planificando el querellado”.
También pidió que se oficie a los medios digitales “Vulcan Militar” y “Las indomables” para que remitan una copia íntegra “de todo registro audiovisual que mantengan donde haya participado el querellado” y “una nómina que contenga la individualización de las personas que participaron en la elaboración y producción de las entrevistas del querellado, señalando sus nombres completos y datos de contacto”.
Junto con lo anterior, solicitó al Ministerio Público “que ubique y cite a declarar, en calidad de testigos, a las personas individualizadas en dicha nómina”.
Finalmente, señaló que, una vez recabados los antecedentes, se oficie al Laboratorio de Criminalística de la PDI (LACRIM) para que realice una pericia de todos los registros audiovisuales que sean remitidos al Ministerio Público, con el fin de que certifique que los dichos corresponden efectivamente a Pedro Pool y que “transcriba e identifique otras declaraciones del querellado que sean constitutivas del ilícito que se imputa, como de cualquier otro que pueda configurarse a su respecto”.
Luego protagonizar una serie de polémicas por sus declaraciones, el Gobierno, a través de la Delegación Presidencial de Los Lagos, presentó una querella contra el empresario osornino y ex militante del partido Amplitud, Pedro Pool, por el delito de amenazas.
Con motivo del plebiscito del 4 de septiembre, Pool ha proferido una serie de dichos en las que, en caso de ganar el Apruebo, organizará grupos de resistencia y “fusilaría” a ex convencionales, mencionando entre ellos a Jaime Bassa y a Fernando Atria.
Pese a mantener una investigación abierta en la Fiscalía de Osorno por este último motivo, el empresario lejos de terminar con la controversia volvió a insistir en sus dichos en un programa de streaming.
Según expresó “nos vamos a vengar de todos, nos vamos a vengar de todos los zurdos que nos quemaron las 17 estaciones del Metro. Nos vamos a vengar de la primera línea, nos vamos a vengar de los comunistas y socialistas, nos vamos a vengar de los fraude amplistas (sic), nos vamos a vengar de los acomódate cristiano (sic)”.
De acuerdo a la Delegación Presidencial, las palabras del empresario “son una clara amenaza en contra de las personas claramente determinables, tanto por ser parte de un conglomerado político, como lo es el Partido Comunista, como por pertenecer al órgano instituido para la redacción de la Constitución”.
Por lo que en el detalle de la querella solicitaron que se despache a la Brigada de Investigaciones Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones una orden amplia de investigar a fin de recabar “todos los antecedentes que permitan acreditar la efectividad de la comisión de delitos aquí imputados, y que se instruya investigar las posibles acciones concretas que podría estar planificando el querellado”.
También pidió que se oficie a los medios digitales “Vulcan Militar” y “Las indomables” para que remitan una copia íntegra “de todo registro audiovisual que mantengan donde haya participado el querellado” y “una nómina que contenga la individualización de las personas que participaron en la elaboración y producción de las entrevistas del querellado, señalando sus nombres completos y datos de contacto”.
Junto con lo anterior, solicitó al Ministerio Público “que ubique y cite a declarar, en calidad de testigos, a las personas individualizadas en dicha nómina”.
Finalmente, señaló que, una vez recabados los antecedentes, se oficie al Laboratorio de Criminalística de la PDI (LACRIM) para que realice una pericia de todos los registros audiovisuales que sean remitidos al Ministerio Público, con el fin de que certifique que los dichos corresponden efectivamente a Pedro Pool y que “transcriba e identifique otras declaraciones del querellado que sean constitutivas del ilícito que se imputa, como de cualquier otro que pueda configurarse a su respecto”.
Luego protagonizar una serie de polémicas por sus declaraciones, el Gobierno, a través de la Delegación Presidencial de Los Lagos, presentó una querella contra el empresario osornino y ex militante del partido Amplitud, Pedro Pool, por el delito de amenazas.
Con motivo del plebiscito del 4 de septiembre, Pool ha proferido una serie de dichos en las que, en caso de ganar el Apruebo, organizará grupos de resistencia y “fusilaría” a ex convencionales, mencionando entre ellos a Jaime Bassa y a Fernando Atria.
Pese a mantener una investigación abierta en la Fiscalía de Osorno por este último motivo, el empresario lejos de terminar con la controversia volvió a insistir en sus dichos en un programa de streaming.
Según expresó “nos vamos a vengar de todos, nos vamos a vengar de todos los zurdos que nos quemaron las 17 estaciones del Metro. Nos vamos a vengar de la primera línea, nos vamos a vengar de los comunistas y socialistas, nos vamos a vengar de los fraude amplistas (sic), nos vamos a vengar de los acomódate cristiano (sic)”.
De acuerdo a la Delegación Presidencial, las palabras del empresario “son una clara amenaza en contra de las personas claramente determinables, tanto por ser parte de un conglomerado político, como lo es el Partido Comunista, como por pertenecer al órgano instituido para la redacción de la Constitución”.
Por lo que en el detalle de la querella solicitaron que se despache a la Brigada de Investigaciones Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones una orden amplia de investigar a fin de recabar “todos los antecedentes que permitan acreditar la efectividad de la comisión de delitos aquí imputados, y que se instruya investigar las posibles acciones concretas que podría estar planificando el querellado”.
También pidió que se oficie a los medios digitales “Vulcan Militar” y “Las indomables” para que remitan una copia íntegra “de todo registro audiovisual que mantengan donde haya participado el querellado” y “una nómina que contenga la individualización de las personas que participaron en la elaboración y producción de las entrevistas del querellado, señalando sus nombres completos y datos de contacto”.
Junto con lo anterior, solicitó al Ministerio Público “que ubique y cite a declarar, en calidad de testigos, a las personas individualizadas en dicha nómina”.
Finalmente, señaló que, una vez recabados los antecedentes, se oficie al Laboratorio de Criminalística de la PDI (LACRIM) para que realice una pericia de todos los registros audiovisuales que sean remitidos al Ministerio Público, con el fin de que certifique que los dichos corresponden efectivamente a Pedro Pool y que “transcriba e identifique otras declaraciones del querellado que sean constitutivas del ilícito que se imputa, como de cualquier otro que pueda configurarse a su respecto”.
