Más de 700 trabajadores de los supermercados Líder Walmart fueron despedidos durante el mes de marzo en el marco de la decisión unilateral de la empresa de reconvertir los contratos de los empleados hacia la multifuncionalidad, situación que ha sido declarada ilegal por los tribunales de justicia.
Un escenario que se podría repetir durante el mes de abril, ya que muchos trabajadores y trabajadoras aún no firman los nuevos contratos que está imponiendo la transnacional, bajo amenaza de despidos.
La presidenta del Sindicato Interempresa Líder (SIL), Katherine Vega, afirmó que la demanda que interpusieron el año pasado contra Walmart fue acogida favorablemente por los tribunales de justicia que declararon ilegal la medida de la empresa, decisión que también ha adoptado la Dirección del Trabajo al declarar ilegal el cargo de multifuncionalidad, ante las distintas denuncias formuladas.
En conversación con nuestro medio, Vega afirmó que “rechazamos con fuerza la decisión de la empresa de dejar a más de 700 familias sin el sustento, más aún cuando en el país la cesantía está sobre los dos dígitos. La verdad es que atemoriza a los trabajadores, no solo las desvinculaciones, sino la forma cómo fueron hechas, bajo presión, les dieron media hora para pensar si querían pasar a polifunción o irse de la empresa. Muchos optaron por esto último, debido al estrés emocional y a las formas que está adoptando Walmart en sus distintos formatos”.
Vega agregó que esta modalidad, incluye el término de la jornada de 45 horas semanales para pasar a 30 horas lo que genera “mayor vulnerabilidad laboral”.
Con este sistema de trabajo, la empresa obliga a sus empleados a realizar distintas labores. Por ejemplo, hasta hace algunos años quienes eran contratados como panaderos, su labor era solo en panadería. Hoy, además de ser panadero, puede ser carnicero, reponedor y cajero, considerando que hace dos años Walmart despidió a la mayoría de las cajeras que tenían comisiones, que era una de las labores mejor remuneradas, y fue reemplazada por otros trabajadores o trabajadoras que cumplen multifunciones.
La dirigenta aseguró que la empresa no ofrece otra alternativa más que el contrato de multifuncionalidad y seduce con un bono de 500 mil pesos, por única vez, pero siempre tiene estar a disposición de lo que Walmart requiera.
“Con este nuevo anexo de contrato de polifunción, la gente pierde sus derechos adquiridos y se ve obligado, debido a la necesidad, a obedecer a lo que la empresa impone. Quiero agregar que esto no fue conversado con las organizaciones sindicales. Nosotros dentro de la ramal del comercio, hicimos hincapié en que no existe diálogo entre la empresa y las organizaciones sindicales por ello, rechazamos tajantemente todos estos procedimientos que están realizando”, precisó la dirigenta.
Vega agregó que el 15 de mayo comienza una nueva negociación colectiva que involucra a más de 11 mil trabajadores. Éste es el sindicato más grande del país en el sector comercio, y además de la defensa del empleo y las demandas salariales, también “estamos exigiendo que la ministra (Jeannette) Jara se pronuncie al respeto, ya que las inspecciones del trabajo provinciales han declarado el cargo de multifunción como ilegal, pero ella aún no se pronuncia. Queremos ver la relevancia de lo que diga la Ministra porque tenemos que cuidar los puestos de trabajo de las personas, para que esto no se vea como una orden en negro”.
Actualmente existen varias sentencias de los tribunales de justicia del país donde se establece que los contrato de trabajador polifuncional infringen el Código del Trabajo porque la normativa establece que no puede haber relaciones contractuales donde no se especifiquen las labores de las y los trabajadores.
El año 2022, el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en un fallo en primera instancia, declaró que eran ilegales los contratos de multifunción y dio un plazo de 30 días a la compañía para que los modifique, situación que no ha ocurrido.
También la Dirección del Trabajo, en un dictamen de mayo de 2022, declara ilegales los contratos de operador de tienda, básicamente porque no da certeza en las funciones y acuerdo de las partes sobre las que se van a realizar.
Dado este escenario de incertidumbre, los más de 11 mil trabajadoras y trabajadores afiliados al SIL se preparan para una nueva negociación colectiva, en un momento en que la cesantía no da tregua y en donde la situación económica del país. Adicionalmente, sólo el 13 por ciento de las y los trabajadores negocian colectivamente.
Este vienes, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y la Alianza de Trabajadores del Comercio, ATCOMER, se reunieron con el subsecretario del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo y el Director del Trabajo, Pablo Zenteno, para abordar los despidos masivos, la precariedad laboral, la “deficiente fiscalización de la Inspección del Trabajo y preocupación por el derecho a manifestarse -promulgada la ley Nain-Retamal”, según expresaron en un comunicado.
Karen Gonzalez, encargada de la Ramal del Comercio de la CUT, junto a una docena de dirigentes sindicales del sector, manifestó su preocupación por los miles de despidos que en estos momentos se estarían concretando en virtud de la flexibilidad laboral y la polifuncionalidad; ambos aspectos agravados -desde la perspectiva de los trabajadores del retail- por la Ley de las 40 horas.
“En este momento, se está despidiendo a cientos de trabajadores en una oficina, mientras en la oficina del lado, se está contratando gente por horas o por el día, extremando la precariedad laboral al máximo, dejando a la gente sin protección laboral, obligados a tener que tener más de un trabajo para subsistir, soportando contratos abusivos por necesidad“, denunció la dirigenta de Walmart.
En el encuentro, donde participaron dirigentes sindicales nacionales de Sitel, Cencosud, Walmart, la Federación Nacional del Comercio y Entidades Bancarias, Banco BCI, Lider, Paris y la Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias, se exigió mayor compromiso del Gobierno a fiscalizar el cumplimiento de las normas y los derechos laborales.
“Las empresas incumplen la normativa vigente y no les importa, porque no son fiscalizadas o las sanciones son tan suaves que les sale más barato pagar y seguir incumpliendo. Necesitamos un gobierno presente y eficiente en estas materias”, destacó Mauricio Acevedo, vocero de Atcomer y Fenatrafar.
Foto: Agencia ATON