A días de la segunda cuenta pública del presidente Gabriel Boric, el llamado es a que los derechos humanos no queden en segundo plano. Hay que recordar que en su programa de Gobierno existe un conjunto de compromisos en esta materia que fueron reforzados en la cuenta pública del año pasado. ¿Cuánto realmente se ha avanzado? ¿Se ha hecho lo suficiente para evitar retrocesos?

En la cuenta pública del año pasado valoramos algunos anuncios del presidente en materia de derechos humanos, como, por ejemplo, lo relacionado con el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas y el diseño participativo de una política de reparación respecto a las víctimas de la violencia estatal durante el estallido social. Señalamos que en varios temas faltaba avanzar, destacando especialmente la necesidad de una reforma profunda e integral a Carabineros. Esta última es una reforma que, a nuestro juicio, sigue pendiente; pues las medidas que se han ido adoptando no responden a la envergadura de lo que se requiere.

También, en su momento, reconocimos como positivo que Chile firmara el Acuerdo de Escazú y la voluntad manifestada respecto a proteger a los defensores y defensoras del medio ambiente. Sin embargo, sin una legislación sobre la materia y sin un abordaje más profundo de la situación, las vidas de estas personas siguen corriendo peligro. Es esperable que el presidente se manifieste al respecto.

A pocos días de esta nueva cuenta pública, reconocemos que ha habido algunos avances durante el último año, pero estos se desvanecen cuando vemos que muchos anuncios aún no se concretan. Por ejemplo, con respecto al Plan Nacional de Búsqueda, a la protección de los sitios de memoria y a las medidas para reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco de las protestas masivas de octubre de 2019, cuyo contenido aún no es muy claro ni tampoco cómo se llevará a cabo. 

Por ello, es fundamental señalar que los compromisos en derechos humanos se deben cumplir y que el gobierno del presidente Boric debe hacer todo lo que esté a su alcance para evitar que haya más retrocesos, como la promulgación de la Ley Nain Retamal que podría aumentar los niveles de impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y el manejo reprochable de la crisis migratoria que afecta los derechos fundamentales de personas refugiadas y migrantes. 

En definitiva, esperamos que en esta nueva cuenta pública el presidente dé a conocer con claridad cuál será la hoja de ruta que tomará su gobierno en materia de derechos humanos en los próximos tres años. Estaremos alertas a lo que dirá, en particular, sobre temas relacionados con el 50 aniversario del golpe de Estado, las violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social y la protección que se requiere para las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente. Como siempre, estaremos vigilantes.

Rodrigo Bustos
Director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.