Formalización a exalcalde Torrealba: Fiscalía le imputa 29 delitos por fraude al Fisco
El persecutor Xavier Armendáriz acusó al ex jefe comunal y a otros cinco ex funcionarios del municipio de cometer "de manera sistemática e indefinida en el tiempo" perjuicios contra las arcas públicas, mencionado siete mecanismos apropiatorios.
Jueves 15 de junio 2023 14:01 hrs.
Santiago, 15 de junio de 2023.
Se lleva a cabo la formalización del exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba ante el 4º juzgado de garantía de Santiago.
Jonnathan Oyarzun/Aton Chile
Hasta el Centro de Justicia llegó esta mañana el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, para ser formalizado ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por fraude al Fisco, delitos tributarios, lavado de activos y asociación ilícita. Hechos por los que Fiscalía solicitó su prisión preventiva.
Recordemos que el Ministerio Público investiga a la exautoridad por el uso fraudulento de los recursos municipales destinado a las organizaciones “Vitas”, cuyos dineros habrían sido desviados para su beneficio personal y de terceras personas.
A su arribo, el exalcalde entregó una escueta declaración ante la prensa, señalando que se encuentra “tranquilo” y negó los cargos que se le imputan. “Lo que corresponde es la instancia procesal en la que estamos. Vengo a conocer los términos de formalización, por el momento no tengo nada más que decir. No ha habido financiamiento de campañas políticas”, dijo.
El fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien se encuentra a cargo de la formalización contra el exjefe comunal y exfuncionarios del municipio, entregó una serie de antecedentes sobre la relación entre la municipalidad de Vitacura y estos programas, conformados por VitaSalud, VitaDeportes, VitaEmprende, VitaJoven, entre otros.
Junto con Torrealba, se encuentran en calidad de imputados el exjefe de finanzas de las corporaciones “Vitas”, Domingo Prieto; la exdirectora de Desarrollo Comunitario, Antonia Larraín; los ex contadores Arnaldo Cañas y Augusto César Silva; y uno de los fundadores de Renovación Nacional y hombre de confianza del expresidente Piñera, Renato Sepúlveda.
“Tales organizaciones en los hechos se trataban de entidades funcionalmente dependientes de la municipalidad de Vitacura, toda vez que las mismas, como quienes las integraban, desempeñaban una función pública, destinada a la satisfacción de necesidades materiales de los vecinos de Vitacura, mediante la prestación de servicios directamente a la comunidad, orientado a los fines propios de la municipalidad, con fondos municipales, tales como prestaciones de salud, deportivas de empleabilidad”, expresó el persecutor.
En esa línea, apuntó que “sus directivos eran nominados por el alcalde, en especial en el caso de Domingo Prieto, que se desempeñaba en dichas organizaciones por designación del imputado Raúl Torrealba, en particular se desempeñaba como presidente de los directores de VitaEmprende y VitaDeportes, además de director ejecutivo de esta última y del Concejo Local de Deportes. Por otra parte, recibían instrucciones directas de quienes desempeñaban el cargo de director o directora de desarrollo comunitario respecto del manejo financiero de personal y otros temas propios e, incluso, el municipio también intervenía en el cese de funciones de algunos de ellos”.
En esa línea, sostuvo que los acusados “se asociaron con la finalidad de cometer de manera permanente, sistemática e indefinida en el tiempo diversos delitos atentatorios en contra del patrimonio fiscal, el orden público económico y otros bienes jurídicos, conformando e integrando con dicho fin una organización jerárquica en la que se distinguen jefes y miembros operativos que ejecutan labores necesarias y funcionales para la consecusión de sus fines ilícitos”.
En particular, el fiscal Armendáriz detalló siete “mecanismos apropiatorios” con que los imputados habrían perjudicado en reiteradas ocasiones a las arcas públicas, mediante diversos depósitos en efectivo y la extensión de sobres con dineros. Hechos por los que, en el caso de Torrealba, se le acusa de ser autor de 29 delitos de fraude al Fisco.
Caso Torrealba y participación electoral
En lo que refiere a la arista política -contenida en el sexto mecanismo defraudatorio- reportó que “en dos oportunidades en 2017 Renato Sepúlveda instruyó a Domingo Prieto, previa instrucción Raúl Torrealba, que le reembolsara diversos gastos personales en que incurrió Sepúlveda, derivados de viajes efectuados junto a Raúl Torrealba y otras personas, con la finalidad de participar en actos electorales de las campañas de diputados y senadores de la coalición política denominada Chile Vamos, los que se giraron desde VitaDeportes por un monto determinado a la fecha de 2 millones 396 mil 439 pesos, equivalentes a 51 UTM”.
Además, añadió que la comisión recurrente del delito de fraude al Fisco por parte de Torrealba “generó ganancias por a lo menos 761 millones 840 mil 886 pesos. Parte de dichas ganancias fueron posteriormente estratificadas e integradas al sistema económico formal, mediante actos de ocultamiento o disimulación de su origen ilícito, cometiéndose el lavado de activos bajo distintas modalidades”.
Sobre esto último, remarcó la “utilización de choferes municipales para ingresar parte del dinero defraudado al sistema económico formal a través de depósitos bancarios e instrumentos financieros a su cuenta personal, en la de su cónyuge y en la cuenta personal que mantiene con su cónyuge. Lo anterior, con el objeto de no levantar alertas del sistema preventivo en materia de lavado de dinero, logrando desvincular sucesivamente el dinero desde su fuente ilícita”.
Tras la exposición de los antecedentes, la jueza de garantía, María Carolina Herrera, decretó para los imputados Antonia Larraín, Arnaldo Cañas, Augusto Silva, Domingo Prieto y Renato Sepúlveda, las cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, firma mensual e imposibilidad de comunicarse entre ellos.
Por otra parte, Herrera acogió la solicitud de la defensa del exalcalde Torrealba, sacando a la Municipalidad de Vitacura como denunciante del caso. Esto, debido a que al encontrarse involucrados ex funcionarios, según la magistrada, “tiene una calidad como persona jurídica de víctima, pero además de responsabilidad administrativa respecto a los hechos que se han denunciado. Por ende, se declara que en la actualidad la Municipalidad de Vitacura carece legitimación activa para continuar en el proceso en calidad de querellante”.
Hasta el Centro de Justicia llegó esta mañana el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, para ser formalizado ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por fraude al Fisco, delitos tributarios, lavado de activos y asociación ilícita. Hechos por los que Fiscalía solicitó su prisión preventiva.
Recordemos que el Ministerio Público investiga a la exautoridad por el uso fraudulento de los recursos municipales destinado a las organizaciones “Vitas”, cuyos dineros habrían sido desviados para su beneficio personal y de terceras personas.
A su arribo, el exalcalde entregó una escueta declaración ante la prensa, señalando que se encuentra “tranquilo” y negó los cargos que se le imputan. “Lo que corresponde es la instancia procesal en la que estamos. Vengo a conocer los términos de formalización, por el momento no tengo nada más que decir. No ha habido financiamiento de campañas políticas”, dijo.
El fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien se encuentra a cargo de la formalización contra el exjefe comunal y exfuncionarios del municipio, entregó una serie de antecedentes sobre la relación entre la municipalidad de Vitacura y estos programas, conformados por VitaSalud, VitaDeportes, VitaEmprende, VitaJoven, entre otros.
Junto con Torrealba, se encuentran en calidad de imputados el exjefe de finanzas de las corporaciones “Vitas”, Domingo Prieto; la exdirectora de Desarrollo Comunitario, Antonia Larraín; los ex contadores Arnaldo Cañas y Augusto César Silva; y uno de los fundadores de Renovación Nacional y hombre de confianza del expresidente Piñera, Renato Sepúlveda.
“Tales organizaciones en los hechos se trataban de entidades funcionalmente dependientes de la municipalidad de Vitacura, toda vez que las mismas, como quienes las integraban, desempeñaban una función pública, destinada a la satisfacción de necesidades materiales de los vecinos de Vitacura, mediante la prestación de servicios directamente a la comunidad, orientado a los fines propios de la municipalidad, con fondos municipales, tales como prestaciones de salud, deportivas de empleabilidad”, expresó el persecutor.
En esa línea, apuntó que “sus directivos eran nominados por el alcalde, en especial en el caso de Domingo Prieto, que se desempeñaba en dichas organizaciones por designación del imputado Raúl Torrealba, en particular se desempeñaba como presidente de los directores de VitaEmprende y VitaDeportes, además de director ejecutivo de esta última y del Concejo Local de Deportes. Por otra parte, recibían instrucciones directas de quienes desempeñaban el cargo de director o directora de desarrollo comunitario respecto del manejo financiero de personal y otros temas propios e, incluso, el municipio también intervenía en el cese de funciones de algunos de ellos”.
En esa línea, sostuvo que los acusados “se asociaron con la finalidad de cometer de manera permanente, sistemática e indefinida en el tiempo diversos delitos atentatorios en contra del patrimonio fiscal, el orden público económico y otros bienes jurídicos, conformando e integrando con dicho fin una organización jerárquica en la que se distinguen jefes y miembros operativos que ejecutan labores necesarias y funcionales para la consecusión de sus fines ilícitos”.
En particular, el fiscal Armendáriz detalló siete “mecanismos apropiatorios” con que los imputados habrían perjudicado en reiteradas ocasiones a las arcas públicas, mediante diversos depósitos en efectivo y la extensión de sobres con dineros. Hechos por los que, en el caso de Torrealba, se le acusa de ser autor de 29 delitos de fraude al Fisco.
Caso Torrealba y participación electoral
En lo que refiere a la arista política -contenida en el sexto mecanismo defraudatorio- reportó que “en dos oportunidades en 2017 Renato Sepúlveda instruyó a Domingo Prieto, previa instrucción Raúl Torrealba, que le reembolsara diversos gastos personales en que incurrió Sepúlveda, derivados de viajes efectuados junto a Raúl Torrealba y otras personas, con la finalidad de participar en actos electorales de las campañas de diputados y senadores de la coalición política denominada Chile Vamos, los que se giraron desde VitaDeportes por un monto determinado a la fecha de 2 millones 396 mil 439 pesos, equivalentes a 51 UTM”.
Además, añadió que la comisión recurrente del delito de fraude al Fisco por parte de Torrealba “generó ganancias por a lo menos 761 millones 840 mil 886 pesos. Parte de dichas ganancias fueron posteriormente estratificadas e integradas al sistema económico formal, mediante actos de ocultamiento o disimulación de su origen ilícito, cometiéndose el lavado de activos bajo distintas modalidades”.
Sobre esto último, remarcó la “utilización de choferes municipales para ingresar parte del dinero defraudado al sistema económico formal a través de depósitos bancarios e instrumentos financieros a su cuenta personal, en la de su cónyuge y en la cuenta personal que mantiene con su cónyuge. Lo anterior, con el objeto de no levantar alertas del sistema preventivo en materia de lavado de dinero, logrando desvincular sucesivamente el dinero desde su fuente ilícita”.
Tras la exposición de los antecedentes, la jueza de garantía, María Carolina Herrera, decretó para los imputados Antonia Larraín, Arnaldo Cañas, Augusto Silva, Domingo Prieto y Renato Sepúlveda, las cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, firma mensual e imposibilidad de comunicarse entre ellos.
Por otra parte, Herrera acogió la solicitud de la defensa del exalcalde Torrealba, sacando a la Municipalidad de Vitacura como denunciante del caso. Esto, debido a que al encontrarse involucrados ex funcionarios, según la magistrada, “tiene una calidad como persona jurídica de víctima, pero además de responsabilidad administrativa respecto a los hechos que se han denunciado. Por ende, se declara que en la actualidad la Municipalidad de Vitacura carece legitimación activa para continuar en el proceso en calidad de querellante”.
Hasta el Centro de Justicia llegó esta mañana el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, para ser formalizado ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por fraude al Fisco, delitos tributarios, lavado de activos y asociación ilícita. Hechos por los que Fiscalía solicitó su prisión preventiva.
Recordemos que el Ministerio Público investiga a la exautoridad por el uso fraudulento de los recursos municipales destinado a las organizaciones “Vitas”, cuyos dineros habrían sido desviados para su beneficio personal y de terceras personas.
A su arribo, el exalcalde entregó una escueta declaración ante la prensa, señalando que se encuentra “tranquilo” y negó los cargos que se le imputan. “Lo que corresponde es la instancia procesal en la que estamos. Vengo a conocer los términos de formalización, por el momento no tengo nada más que decir. No ha habido financiamiento de campañas políticas”, dijo.
El fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien se encuentra a cargo de la formalización contra el exjefe comunal y exfuncionarios del municipio, entregó una serie de antecedentes sobre la relación entre la municipalidad de Vitacura y estos programas, conformados por VitaSalud, VitaDeportes, VitaEmprende, VitaJoven, entre otros.
Junto con Torrealba, se encuentran en calidad de imputados el exjefe de finanzas de las corporaciones “Vitas”, Domingo Prieto; la exdirectora de Desarrollo Comunitario, Antonia Larraín; los ex contadores Arnaldo Cañas y Augusto César Silva; y uno de los fundadores de Renovación Nacional y hombre de confianza del expresidente Piñera, Renato Sepúlveda.
“Tales organizaciones en los hechos se trataban de entidades funcionalmente dependientes de la municipalidad de Vitacura, toda vez que las mismas, como quienes las integraban, desempeñaban una función pública, destinada a la satisfacción de necesidades materiales de los vecinos de Vitacura, mediante la prestación de servicios directamente a la comunidad, orientado a los fines propios de la municipalidad, con fondos municipales, tales como prestaciones de salud, deportivas de empleabilidad”, expresó el persecutor.
En esa línea, apuntó que “sus directivos eran nominados por el alcalde, en especial en el caso de Domingo Prieto, que se desempeñaba en dichas organizaciones por designación del imputado Raúl Torrealba, en particular se desempeñaba como presidente de los directores de VitaEmprende y VitaDeportes, además de director ejecutivo de esta última y del Concejo Local de Deportes. Por otra parte, recibían instrucciones directas de quienes desempeñaban el cargo de director o directora de desarrollo comunitario respecto del manejo financiero de personal y otros temas propios e, incluso, el municipio también intervenía en el cese de funciones de algunos de ellos”.
En esa línea, sostuvo que los acusados “se asociaron con la finalidad de cometer de manera permanente, sistemática e indefinida en el tiempo diversos delitos atentatorios en contra del patrimonio fiscal, el orden público económico y otros bienes jurídicos, conformando e integrando con dicho fin una organización jerárquica en la que se distinguen jefes y miembros operativos que ejecutan labores necesarias y funcionales para la consecusión de sus fines ilícitos”.
En particular, el fiscal Armendáriz detalló siete “mecanismos apropiatorios” con que los imputados habrían perjudicado en reiteradas ocasiones a las arcas públicas, mediante diversos depósitos en efectivo y la extensión de sobres con dineros. Hechos por los que, en el caso de Torrealba, se le acusa de ser autor de 29 delitos de fraude al Fisco.
Caso Torrealba y participación electoral
En lo que refiere a la arista política -contenida en el sexto mecanismo defraudatorio- reportó que “en dos oportunidades en 2017 Renato Sepúlveda instruyó a Domingo Prieto, previa instrucción Raúl Torrealba, que le reembolsara diversos gastos personales en que incurrió Sepúlveda, derivados de viajes efectuados junto a Raúl Torrealba y otras personas, con la finalidad de participar en actos electorales de las campañas de diputados y senadores de la coalición política denominada Chile Vamos, los que se giraron desde VitaDeportes por un monto determinado a la fecha de 2 millones 396 mil 439 pesos, equivalentes a 51 UTM”.
Además, añadió que la comisión recurrente del delito de fraude al Fisco por parte de Torrealba “generó ganancias por a lo menos 761 millones 840 mil 886 pesos. Parte de dichas ganancias fueron posteriormente estratificadas e integradas al sistema económico formal, mediante actos de ocultamiento o disimulación de su origen ilícito, cometiéndose el lavado de activos bajo distintas modalidades”.
Sobre esto último, remarcó la “utilización de choferes municipales para ingresar parte del dinero defraudado al sistema económico formal a través de depósitos bancarios e instrumentos financieros a su cuenta personal, en la de su cónyuge y en la cuenta personal que mantiene con su cónyuge. Lo anterior, con el objeto de no levantar alertas del sistema preventivo en materia de lavado de dinero, logrando desvincular sucesivamente el dinero desde su fuente ilícita”.
Tras la exposición de los antecedentes, la jueza de garantía, María Carolina Herrera, decretó para los imputados Antonia Larraín, Arnaldo Cañas, Augusto Silva, Domingo Prieto y Renato Sepúlveda, las cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, firma mensual e imposibilidad de comunicarse entre ellos.
Por otra parte, Herrera acogió la solicitud de la defensa del exalcalde Torrealba, sacando a la Municipalidad de Vitacura como denunciante del caso. Esto, debido a que al encontrarse involucrados ex funcionarios, según la magistrada, “tiene una calidad como persona jurídica de víctima, pero además de responsabilidad administrativa respecto a los hechos que se han denunciado. Por ende, se declara que en la actualidad la Municipalidad de Vitacura carece legitimación activa para continuar en el proceso en calidad de querellante”.
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