Los testigos y familiares de las víctimas acusan a Emilio Parodi de entregar listas con los nombres de obreros de la empresa Molinos Río de La Plata, como parte de la red de soplonaje que provocó la desaparición de casi 30 de sus trabajadores. Tres meses y medio después del golpe de Estado que derribó a Isabel Martínez (la viuda de Juan Domingo Perón, quien ocupaba la Presidencia a partir de la muerte del gran líder), y cuando ya se había asentado la sanguinaria dictadura militar impuesta en Argentina, el ejército llegó a la fábrica de harina llevando una lista de nombres. En esa lista, con membrete de la empresa Molinos Río de la Plata, figuraban los nombres de diversos trabajadores que, según los testigos, habría sido enviada a los militares por la misma planta ejecutiva de la firma. Ese día 7 de julio de 1976, aseguran los acusadores, los militares se llevaron a la fuerza a un grupo de 27 obreros desde la empresa, de la que Emilio Parodi, ahora de 82 años, era jefe de personal. Parodi fue detenido esta semana +por orden del juez federal Ernesto Kreplak en una causa que investiga la complicidad de los propietarios, directivos, administradores y gerentes de Molinos Río de la Plata, empresa del grupo Bunge y Born, una de las principales compañías de alimentos de Argentina.
La investigación indaga en el secuestro, privación ilegítima de libertad, tortura y desaparición de los mencionados operarios entre 1976-78, habiéndose iniciado en 2013 debido a la denuncia de hijos de los desaparecidos. En 2019, la presentación de querellas llevó a la Fiscalía a pedir la indagatoria de varios jefes y directivos de la empresa, entre ellos Emilio Parodi.
Trabajó en la empresa hasta los años 90, pero fue en los duros años de la dictadura (entre 1976 y 83) que se implicó en el “armado de las listas”, donde se estamparon las identidades de empleados que la firma consideraba “problemáticos”, según afirma la abogada Lucía de la Vega, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que es querellante institucional en la causa. Para los hijos de las víctimas, Parodi, colaboró activamente en la confección de esos listados. La jurista explica que esa es la causa por la que Parodi ha sido citado a comparecer ante la justicia.
“Se le está llamando por su responsabilidad en 23 hechos de privación ilegítima de la libertad”, señala De la Vega.
Un informe elaborado en 2015 por el Ministerio de Justicia de la Nación y el CELS, entre otros, indica la “responsabilidad empresarial” de diferentes compañías en la dictadura. En este caso, en particular, “las listas elaboradas en Molinos Rio de la Plata conforman la prueba más contundente del conocimiento y la participación que tuvo esa empresa en los secuestros”, se afirma en el documento.
Molinos Río de la Plata fue fundada en 1902 por el grupo económico Bunge y Born para la elaboración de harina y, posteriormente, de aceite. La empresa, que a finales de los noventa fue adquirida por el grupo Pérez Companc y que ha ampliado sus productos y marcas, ha sido desde hace al menos 50 años una de las mayores empresas del mercado alimentario en Argentina.
En los años setenta, Molinos Río de la Plata “no fue ajeno al clima de conflictividad” en el país, expone el informe del Ministerio de Justicia y el CELS. “En ese tiempo se manifestaron con mayor claridad las disputas entre los intereses de los trabajadores, los de la dirigencia sindical burocratizada y los de las empresas”, dice el texto. “La situación de disputa”, agrega el informe, “se tensó aún más” con el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born, gerente y director general del grupo, respectivamente, y el gerente de Molinos Río de la Plata, Alberto Bosch, en 1974.
“Esperamos que se avance en el resto de las responsabilidades penales de los directivos y que se pueda avanzar hacia la elevación a juicio”, dice De la Vega, que explica que en 2019 se pidió la indagatoria de “varios jefes”.
Parodi es así “el primer civil de Bunge y Born” indagado por delitos de lesa humanidad, según destacó el CELS tras conocerse la detención del exgerente. Al menos tres de ellos han fallecido en estos años, precisa la abogada. “Es muy importante este paso, pero falta. Sabemos que el tiempo resulta muy funcional a la impunidad, sabemos las dificultades que estas causas tienen, no solo porque se están muriendo extrabajadores y sobrevivientes sino también los posibles imputados”, agregó
Los testigos y familiares de las víctimas acusan a Emilio Parodi de entregar listas con los nombres de obreros de la empresa Molinos Río de La Plata, como parte de la red de soplonaje que provocó la desaparición de casi 30 de sus trabajadores. Tres meses y medio después del golpe de Estado que derribó a Isabel Martínez (la viuda de Juan Domingo Perón, quien ocupaba la Presidencia a partir de la muerte del gran líder), y cuando ya se había asentado la sanguinaria dictadura militar impuesta en Argentina, el ejército llegó a la fábrica de harina llevando una lista de nombres. En esa lista, con membrete de la empresa Molinos Río de la Plata, figuraban los nombres de diversos trabajadores que, según los testigos, habría sido enviada a los militares por la misma planta ejecutiva de la firma. Ese día 7 de julio de 1976, aseguran los acusadores, los militares se llevaron a la fuerza a un grupo de 27 obreros desde la empresa, de la que Emilio Parodi, ahora de 82 años, era jefe de personal. Parodi fue detenido esta semana +por orden del juez federal Ernesto Kreplak en una causa que investiga la complicidad de los propietarios, directivos, administradores y gerentes de Molinos Río de la Plata, empresa del grupo Bunge y Born, una de las principales compañías de alimentos de Argentina.
La investigación indaga en el secuestro, privación ilegítima de libertad, tortura y desaparición de los mencionados operarios entre 1976-78, habiéndose iniciado en 2013 debido a la denuncia de hijos de los desaparecidos. En 2019, la presentación de querellas llevó a la Fiscalía a pedir la indagatoria de varios jefes y directivos de la empresa, entre ellos Emilio Parodi.
Trabajó en la empresa hasta los años 90, pero fue en los duros años de la dictadura (entre 1976 y 83) que se implicó en el “armado de las listas”, donde se estamparon las identidades de empleados que la firma consideraba “problemáticos”, según afirma la abogada Lucía de la Vega, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que es querellante institucional en la causa. Para los hijos de las víctimas, Parodi, colaboró activamente en la confección de esos listados. La jurista explica que esa es la causa por la que Parodi ha sido citado a comparecer ante la justicia.
“Se le está llamando por su responsabilidad en 23 hechos de privación ilegítima de la libertad”, señala De la Vega.
Un informe elaborado en 2015 por el Ministerio de Justicia de la Nación y el CELS, entre otros, indica la “responsabilidad empresarial” de diferentes compañías en la dictadura. En este caso, en particular, “las listas elaboradas en Molinos Rio de la Plata conforman la prueba más contundente del conocimiento y la participación que tuvo esa empresa en los secuestros”, se afirma en el documento.
Molinos Río de la Plata fue fundada en 1902 por el grupo económico Bunge y Born para la elaboración de harina y, posteriormente, de aceite. La empresa, que a finales de los noventa fue adquirida por el grupo Pérez Companc y que ha ampliado sus productos y marcas, ha sido desde hace al menos 50 años una de las mayores empresas del mercado alimentario en Argentina.
En los años setenta, Molinos Río de la Plata “no fue ajeno al clima de conflictividad” en el país, expone el informe del Ministerio de Justicia y el CELS. “En ese tiempo se manifestaron con mayor claridad las disputas entre los intereses de los trabajadores, los de la dirigencia sindical burocratizada y los de las empresas”, dice el texto. “La situación de disputa”, agrega el informe, “se tensó aún más” con el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born, gerente y director general del grupo, respectivamente, y el gerente de Molinos Río de la Plata, Alberto Bosch, en 1974.
“Esperamos que se avance en el resto de las responsabilidades penales de los directivos y que se pueda avanzar hacia la elevación a juicio”, dice De la Vega, que explica que en 2019 se pidió la indagatoria de “varios jefes”.
Parodi es así “el primer civil de Bunge y Born” indagado por delitos de lesa humanidad, según destacó el CELS tras conocerse la detención del exgerente. Al menos tres de ellos han fallecido en estos años, precisa la abogada. “Es muy importante este paso, pero falta. Sabemos que el tiempo resulta muy funcional a la impunidad, sabemos las dificultades que estas causas tienen, no solo porque se están muriendo extrabajadores y sobrevivientes sino también los posibles imputados”, agregó
Los testigos y familiares de las víctimas acusan a Emilio Parodi de entregar listas con los nombres de obreros de la empresa Molinos Río de La Plata, como parte de la red de soplonaje que provocó la desaparición de casi 30 de sus trabajadores. Tres meses y medio después del golpe de Estado que derribó a Isabel Martínez (la viuda de Juan Domingo Perón, quien ocupaba la Presidencia a partir de la muerte del gran líder), y cuando ya se había asentado la sanguinaria dictadura militar impuesta en Argentina, el ejército llegó a la fábrica de harina llevando una lista de nombres. En esa lista, con membrete de la empresa Molinos Río de la Plata, figuraban los nombres de diversos trabajadores que, según los testigos, habría sido enviada a los militares por la misma planta ejecutiva de la firma. Ese día 7 de julio de 1976, aseguran los acusadores, los militares se llevaron a la fuerza a un grupo de 27 obreros desde la empresa, de la que Emilio Parodi, ahora de 82 años, era jefe de personal. Parodi fue detenido esta semana +por orden del juez federal Ernesto Kreplak en una causa que investiga la complicidad de los propietarios, directivos, administradores y gerentes de Molinos Río de la Plata, empresa del grupo Bunge y Born, una de las principales compañías de alimentos de Argentina.
La investigación indaga en el secuestro, privación ilegítima de libertad, tortura y desaparición de los mencionados operarios entre 1976-78, habiéndose iniciado en 2013 debido a la denuncia de hijos de los desaparecidos. En 2019, la presentación de querellas llevó a la Fiscalía a pedir la indagatoria de varios jefes y directivos de la empresa, entre ellos Emilio Parodi.
Trabajó en la empresa hasta los años 90, pero fue en los duros años de la dictadura (entre 1976 y 83) que se implicó en el “armado de las listas”, donde se estamparon las identidades de empleados que la firma consideraba “problemáticos”, según afirma la abogada Lucía de la Vega, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que es querellante institucional en la causa. Para los hijos de las víctimas, Parodi, colaboró activamente en la confección de esos listados. La jurista explica que esa es la causa por la que Parodi ha sido citado a comparecer ante la justicia.
“Se le está llamando por su responsabilidad en 23 hechos de privación ilegítima de la libertad”, señala De la Vega.
Un informe elaborado en 2015 por el Ministerio de Justicia de la Nación y el CELS, entre otros, indica la “responsabilidad empresarial” de diferentes compañías en la dictadura. En este caso, en particular, “las listas elaboradas en Molinos Rio de la Plata conforman la prueba más contundente del conocimiento y la participación que tuvo esa empresa en los secuestros”, se afirma en el documento.
Molinos Río de la Plata fue fundada en 1902 por el grupo económico Bunge y Born para la elaboración de harina y, posteriormente, de aceite. La empresa, que a finales de los noventa fue adquirida por el grupo Pérez Companc y que ha ampliado sus productos y marcas, ha sido desde hace al menos 50 años una de las mayores empresas del mercado alimentario en Argentina.
En los años setenta, Molinos Río de la Plata “no fue ajeno al clima de conflictividad” en el país, expone el informe del Ministerio de Justicia y el CELS. “En ese tiempo se manifestaron con mayor claridad las disputas entre los intereses de los trabajadores, los de la dirigencia sindical burocratizada y los de las empresas”, dice el texto. “La situación de disputa”, agrega el informe, “se tensó aún más” con el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born, gerente y director general del grupo, respectivamente, y el gerente de Molinos Río de la Plata, Alberto Bosch, en 1974.
“Esperamos que se avance en el resto de las responsabilidades penales de los directivos y que se pueda avanzar hacia la elevación a juicio”, dice De la Vega, que explica que en 2019 se pidió la indagatoria de “varios jefes”.
Parodi es así “el primer civil de Bunge y Born” indagado por delitos de lesa humanidad, según destacó el CELS tras conocerse la detención del exgerente. Al menos tres de ellos han fallecido en estos años, precisa la abogada. “Es muy importante este paso, pero falta. Sabemos que el tiempo resulta muy funcional a la impunidad, sabemos las dificultades que estas causas tienen, no solo porque se están muriendo extrabajadores y sobrevivientes sino también los posibles imputados”, agregó
