Hasta el Palacio de Tribunales de Justicia concurrieron representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y Londres 38 con motivo de entregar una carta al Pleno de la Corte Suprema para expresar su preocupación ante el estado de las causas por violaciones a los derechos humanos, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.
En ese sentido, lar organizaciones instaron a la justicia a aunar esfuerzos para dar una mayor celeridad en las investigaciones y recordaron el rol que jugó la Corte Suprema cuando se cumplieron cuatro décadas del Golpe, cuando la institución suscribió una declaración reconociendo “graves y acciones y omisiones” de los tribunales y “principalmente de la Corte Suprema de entonces, que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades ilícitas, desde que ella no podía ignorar su efectiva ocurrencia, toda vez que les fueron denunciadas”.
La presidenta de Londres 38, Erika Hennings, explicó que fue en ese contexto que se conformó un grupo de ministros con dedicación exclusiva para tomar las causas por violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura; sin embargo, a 10 años de este evento, cuestionó los pocos resultados que se han tenido hasta la fecha. “Como organismos de la sociedad civil reconocemos esos ciertos avances, pero el debe es muy importante”, afirmó.
De acuerdo a cifras de 2020, las agrupaciones señalaron que sólo el 23,2% de las causas sobre personas reconocidas por el Estado como desaparecidas o ejecutadas cuentan con una sentencia definitiva ejecutoriada.
Además, indicaron que, de mil 469 personas detenidas desaparecidas, apenas 307 han sido encontradas e identificadas y han sido muy pocos los casos en los cuales, no habiéndose encontrado los restos, sí se ha podido establecer el proceso completo de secuestro, asesinato y ocultamiento de los cuerpos, así como la responsabilidad de los victimarios.
Es frente a estos antecedentes que las organizaciones, considerando el Plan Nacional de Búsqueda que presentará el Gobierno el próximo 30 de agosto, fecha que coincide con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, estimaron que el Poder Judicial debe tener un rol central.
Asimismo, recalcaron la importancia de no cejar en los esfuerzos para impedir el avance de discursos que relativizan los crímenes ocurridos en dictadura. “Hoy día se ha construido un monstruo, donde el negacionismo ha pasado sobre cualquier forma de entender lo que significó el Golpe. Hoy día no tenemos una derecha pasiva, es una derecha fascista y va a plantear las formas que quiera. Nosotros sabemos lo que pasó desde el día uno y el pueblo lo sabe y lo entiende así”, expresó la presidenta de la AFDD, Gaby Rivera.
Por otra parte, pese a que la dirigente mencionó que han sostenido reuniones con el Ejecutivo, aún no cuentan con una comunicación oficial respecto a lo que se realizará el próximo 11 de septiembre. De todos modos, manifestó que desde las agrupaciones la conmemoración estará centrada en la reflexión sobre las implicancias que conllevó el quiebre democrático en Chile con el asesinato del Presidente Salvador Allende, además de actos en memoria de familiares detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.
En tanto, la secretaria general de la Agrupación de Ejecutados Políticos, Raquel Roa, comentó que “en el momento político en que estamos, como organizaciones de derechos humanos tenemos un poco de esperanza con respecto al Gobierno, pero así también hemos tomado los resguardos”.
“En el país no se pueden seguir negando los hechos que ocurrieron durante todo ese período oscuro para nuestro pueblo. Hay muchas pruebas en las cuales tenemos aquellos cuerpos que no fueron entregados a sus familias, también tenemos pruebas de que a familias se les entregaron certificados que no eran emitidos por el Registro Civil, pero sí por los militares y donde hoy día tenemos cuerpos sin entrega de sus restos. Entonces, creo que está esa esperanza del pueblo chileno en que este gobierno sí realmente haga justicia para con nuestros familiares”, dijo.
Hasta el Palacio de Tribunales de Justicia concurrieron representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y Londres 38 con motivo de entregar una carta al Pleno de la Corte Suprema para expresar su preocupación ante el estado de las causas por violaciones a los derechos humanos, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.
En ese sentido, lar organizaciones instaron a la justicia a aunar esfuerzos para dar una mayor celeridad en las investigaciones y recordaron el rol que jugó la Corte Suprema cuando se cumplieron cuatro décadas del Golpe, cuando la institución suscribió una declaración reconociendo “graves y acciones y omisiones” de los tribunales y “principalmente de la Corte Suprema de entonces, que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades ilícitas, desde que ella no podía ignorar su efectiva ocurrencia, toda vez que les fueron denunciadas”.
La presidenta de Londres 38, Erika Hennings, explicó que fue en ese contexto que se conformó un grupo de ministros con dedicación exclusiva para tomar las causas por violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura; sin embargo, a 10 años de este evento, cuestionó los pocos resultados que se han tenido hasta la fecha. “Como organismos de la sociedad civil reconocemos esos ciertos avances, pero el debe es muy importante”, afirmó.
De acuerdo a cifras de 2020, las agrupaciones señalaron que sólo el 23,2% de las causas sobre personas reconocidas por el Estado como desaparecidas o ejecutadas cuentan con una sentencia definitiva ejecutoriada.
Además, indicaron que, de mil 469 personas detenidas desaparecidas, apenas 307 han sido encontradas e identificadas y han sido muy pocos los casos en los cuales, no habiéndose encontrado los restos, sí se ha podido establecer el proceso completo de secuestro, asesinato y ocultamiento de los cuerpos, así como la responsabilidad de los victimarios.
Es frente a estos antecedentes que las organizaciones, considerando el Plan Nacional de Búsqueda que presentará el Gobierno el próximo 30 de agosto, fecha que coincide con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, estimaron que el Poder Judicial debe tener un rol central.
Asimismo, recalcaron la importancia de no cejar en los esfuerzos para impedir el avance de discursos que relativizan los crímenes ocurridos en dictadura. “Hoy día se ha construido un monstruo, donde el negacionismo ha pasado sobre cualquier forma de entender lo que significó el Golpe. Hoy día no tenemos una derecha pasiva, es una derecha fascista y va a plantear las formas que quiera. Nosotros sabemos lo que pasó desde el día uno y el pueblo lo sabe y lo entiende así”, expresó la presidenta de la AFDD, Gaby Rivera.
Por otra parte, pese a que la dirigente mencionó que han sostenido reuniones con el Ejecutivo, aún no cuentan con una comunicación oficial respecto a lo que se realizará el próximo 11 de septiembre. De todos modos, manifestó que desde las agrupaciones la conmemoración estará centrada en la reflexión sobre las implicancias que conllevó el quiebre democrático en Chile con el asesinato del Presidente Salvador Allende, además de actos en memoria de familiares detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.
En tanto, la secretaria general de la Agrupación de Ejecutados Políticos, Raquel Roa, comentó que “en el momento político en que estamos, como organizaciones de derechos humanos tenemos un poco de esperanza con respecto al Gobierno, pero así también hemos tomado los resguardos”.
“En el país no se pueden seguir negando los hechos que ocurrieron durante todo ese período oscuro para nuestro pueblo. Hay muchas pruebas en las cuales tenemos aquellos cuerpos que no fueron entregados a sus familias, también tenemos pruebas de que a familias se les entregaron certificados que no eran emitidos por el Registro Civil, pero sí por los militares y donde hoy día tenemos cuerpos sin entrega de sus restos. Entonces, creo que está esa esperanza del pueblo chileno en que este gobierno sí realmente haga justicia para con nuestros familiares”, dijo.
Hasta el Palacio de Tribunales de Justicia concurrieron representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y Londres 38 con motivo de entregar una carta al Pleno de la Corte Suprema para expresar su preocupación ante el estado de las causas por violaciones a los derechos humanos, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.
En ese sentido, lar organizaciones instaron a la justicia a aunar esfuerzos para dar una mayor celeridad en las investigaciones y recordaron el rol que jugó la Corte Suprema cuando se cumplieron cuatro décadas del Golpe, cuando la institución suscribió una declaración reconociendo “graves y acciones y omisiones” de los tribunales y “principalmente de la Corte Suprema de entonces, que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades ilícitas, desde que ella no podía ignorar su efectiva ocurrencia, toda vez que les fueron denunciadas”.
La presidenta de Londres 38, Erika Hennings, explicó que fue en ese contexto que se conformó un grupo de ministros con dedicación exclusiva para tomar las causas por violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura; sin embargo, a 10 años de este evento, cuestionó los pocos resultados que se han tenido hasta la fecha. “Como organismos de la sociedad civil reconocemos esos ciertos avances, pero el debe es muy importante”, afirmó.
De acuerdo a cifras de 2020, las agrupaciones señalaron que sólo el 23,2% de las causas sobre personas reconocidas por el Estado como desaparecidas o ejecutadas cuentan con una sentencia definitiva ejecutoriada.
Además, indicaron que, de mil 469 personas detenidas desaparecidas, apenas 307 han sido encontradas e identificadas y han sido muy pocos los casos en los cuales, no habiéndose encontrado los restos, sí se ha podido establecer el proceso completo de secuestro, asesinato y ocultamiento de los cuerpos, así como la responsabilidad de los victimarios.
Es frente a estos antecedentes que las organizaciones, considerando el Plan Nacional de Búsqueda que presentará el Gobierno el próximo 30 de agosto, fecha que coincide con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, estimaron que el Poder Judicial debe tener un rol central.
Asimismo, recalcaron la importancia de no cejar en los esfuerzos para impedir el avance de discursos que relativizan los crímenes ocurridos en dictadura. “Hoy día se ha construido un monstruo, donde el negacionismo ha pasado sobre cualquier forma de entender lo que significó el Golpe. Hoy día no tenemos una derecha pasiva, es una derecha fascista y va a plantear las formas que quiera. Nosotros sabemos lo que pasó desde el día uno y el pueblo lo sabe y lo entiende así”, expresó la presidenta de la AFDD, Gaby Rivera.
Por otra parte, pese a que la dirigente mencionó que han sostenido reuniones con el Ejecutivo, aún no cuentan con una comunicación oficial respecto a lo que se realizará el próximo 11 de septiembre. De todos modos, manifestó que desde las agrupaciones la conmemoración estará centrada en la reflexión sobre las implicancias que conllevó el quiebre democrático en Chile con el asesinato del Presidente Salvador Allende, además de actos en memoria de familiares detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.
En tanto, la secretaria general de la Agrupación de Ejecutados Políticos, Raquel Roa, comentó que “en el momento político en que estamos, como organizaciones de derechos humanos tenemos un poco de esperanza con respecto al Gobierno, pero así también hemos tomado los resguardos”.
“En el país no se pueden seguir negando los hechos que ocurrieron durante todo ese período oscuro para nuestro pueblo. Hay muchas pruebas en las cuales tenemos aquellos cuerpos que no fueron entregados a sus familias, también tenemos pruebas de que a familias se les entregaron certificados que no eran emitidos por el Registro Civil, pero sí por los militares y donde hoy día tenemos cuerpos sin entrega de sus restos. Entonces, creo que está esa esperanza del pueblo chileno en que este gobierno sí realmente haga justicia para con nuestros familiares”, dijo.
