La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general por 89 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución, más conocido como ley de usurpaciones, iniciativa que volverá a la Comisión de Seguridad Ciudadana por haber sido objeto de indicaciones.

Previamente y en el contexto de la discusión, el Gobierno decidió retirar la urgencia al proyecto con el objeto de perfeccionar la norma y modificar la auto tutela que permite igualar las penas cuando se trata de ocupaciones con o sin intimidación.

Durante su intervención, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que el Ejecutivo no permitirá que una norma faculte a determinados grupos tomar en sus manos la resolución de un conflicto generado por la toma de un inmueble.

La secretaria de Estado afirmó que en la normativa actual no está permitida la usurpación y quien lo haga puede ser desalojado, pero las prerrogativas establecidas hacen que la ley no sea útil para resolver el problema, lo que ha permitido “una expansión desmesurada de ocupaciones de terrenos, en los cuales hay una parte significativa de ellos, negocio puro y duro, de distinto tipo, en el norte y en el sur”.

Explicó que, en el sur, “con la excusa de la causa mapuche se hacen negocios, en el norte (…) hay ciudades enteras de casas en las playas que son todas usurpaciones y en todo Chile hay una gran cantidad de campamentos que se han extendido por el encarecimiento de la vivienda y los arriendos. Todas estas temáticas son reguladas por la misma ley”.

Tohá expuso que “si no queremos hacer una embarrada monumental, tenemos que tratar de discutir un cambio en la ley que se haga cargo de esta complejidad. Tampoco el Ejecutivo va a permitir esto y no va a permitir que esta ley se ocupe para perseguir a pobladores que están en campamentos, que entendamos los efectos distintos que esto puede tener y que comprendamos que la ley como está no funciona”.

En ese sentido, afirmó que “el problema de los campamentos no lo vamos a resolver haciendo laxa la ley de usurpaciones, lo vamos a resolver teniendo buenas políticas de viviendas, pero sin duda, la solución no puede ser perseguir y meter presa a las familias que están en los campamentos (…) pero tampoco podemos permitir loteos brujos en todas partes, negocios a diestra y siniestra y también el uso violento de la causa mapuche para tener a personas intimidadas en el sur y como Gobierno no lo vamos a permitir”.

Por ello, la secretaria de Estado indicó que el Ejecutivo no permitirá una norma que faculte a determinados grupos tomar en sus manos la resolución de un conflicto generado por la toma de un inmueble.

“No se va a promulgar una ley en Chile que tenga esa norma y tenemos múltiples herramientas constitucionales para hacerlo. Tampoco va a permitir, como se hizo en esta ley, que se trate por igual una toma en que se amenace, se intimide, se violente a personas a una en que no se hace, que sean las mismas penas. Con el afán de subir las penas, populismo penal, se terminó igualando esta situación. Entonces da lo mismo pegarle que no pegarle a los propietarios u ocupantes, da lo mismo, porque la pena es igual”, indicó la ministra.

La jefa de gabinete cuestionó que “cómo vamos a hacer una ley así. Cómo puede ser que el Parlamento piense que se puede despachar una ley así. Tampoco el Ejecutivo va a permitir esto y no va a permitir que esta ley se ocupe para perseguir a pobladores que están en campamentos”.

El proyecto contó con el apoyo de toda la oposición y con sectores independientes, como la diputada Joanna Pérez, ex DC, quien  cuestionó que el Gobierno no se haga cargo del déficit habitacional.

“Falta una acción decidida del Estado, voy a apoyar este proyecto porque creo en el derecho a propiedad, porque basta de violencia, porque el octubrismo también nos hizo mal al país”, argumentó.

En la discusión, también intervino el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter, quien afirmó que este no es un debate sencillo, porque se cruza la historia, el Estado de derecho y la relación del Estado con quienes no tienen un lugar donde vivir.

El parlamentario afirmó que “reconozco la necesidad que el estado de derecho se imponga porque hay tomas que son una extorsión, existen las tomas vip, la corrupción y loteadores inescrupulosos sumamente violentos, muchas veces ligados al narcotráfico y que como izquierda, no podemos romantizar sin más la ausencia de Estado, como si la ausencia siempre fuera rellenada por la organización popular, no es así. En nuestra América Latina la ausencia de Estado casi siempre está siendo rellenada por la violenta, voraz, criminal, insaciable, carga del narcotráfico”.

Sin embargo, Winter dijo que “nadie elige vivir en un campamento. El mercado expulsa y obliga a muchas familias a vivir en ellos cuando los especuladores del suelo, bancos y otras entidades financieras concentran tal cantidad de suelo construido o no construido y hace pagar el 90% del ingreso de la familia en un arriendo, lo que están haciendo es expulsar a muchos compatriotas a tan indeseable situación”.

“Si considerara criminal toda toma de terreno me estaría cargando la historia de Santiago y de mi distrito. En 1972, uno de cada seis habitantes de Santiago vivía en un campamento. ¿De dónde venían los que con sus manos levantaron las tomas? Venían del desierto a ser los jardineros de las mansiones que se habían levantado con la riqueza del salitre. (…) Venían también del sur de los territorios que más allá del Biobío paradójicamente habían sido usurpados de manera criminal por el mismo Estado de Chile”, indicó el legislador.

Agregó que por ello, “no estoy disponible para tratar de criminales a quienes formaron La Pincoya y a La Victoria, La Legua, la población Recabarren de Renca o La Bandera en San Ramón. Hay que tener memoria, no me asiste una idea más irresponsable que un legislador que promueve el enfrentamiento entre civiles como lo hace esta ley”.