Diputados oficialistas: Indicaciones de la derecha a Ley de Usurpaciones busca “hacer justicia por la propia mano”
La Sala de la Cámara votará el proyecto de la oposición que ha generado fuertes críticas, pero podría ser apoyado por diputados de Amarillos y de la DC.
Martes 8 de agosto 2023 19:43 hrs.
Valparaiso, 31 de julio de 2023
Sesion de la Camara de Diputados
Sebastian Cisternas/Aton Chile
Este miércoles la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados votará el proyecto de ley conocido como de Usurpaciones, que cuenta con el respaldo de toda la oposición y que generó discrepancias durante su discusión en la jornada de este martes.
La iniciativa, en segundo trámite constitucional, propone entre sus objetivos sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación, extendiendo el período de flagrancia tratándose de este delito, con lo que se facilitarían las detenciones ciudadanas, y la legítima defensa privilegiada.
La moción, surgida de senadores de derecha, ha sido rechazado en todas las instancias por el oficialismo, pero existe incertidumbre sobre su posible aprobación dada la postura de algunos legisladores no incluidos en la alianza opositora, como Miguel Ángel Calisto, Johana Pérez y Andrés Jouannet, quienes estarían inclinando la balanza en favor de la oposición. Además, se suma el democratacristiano, Eric Aedo, quien dijo que es “partidario de la legítima defensa privilegiada”.
Durante la discusión en la Sala, el diputado Andrés Longton hizo un llamado a aprobar el proyecto para terminar con la “angustia” de las personas cuando sus propiedades han sido usurpadas.
Indicó que esta es una norma importante porque “establece la fragancia permanente” para que los responsables puedan ser detenidos y “establece la legítima defensa privilegiada que no es distinto a lo que ocurre con el robo con violencia o intimidación, la posibilidad de defenderse, de que se presuma los elementos de la legítima defensa”.
En tanto, la diputada socialista, Emilia Nuyado, criticó la iniciativa porque “viene a responder al gran empresariado, con leyes que el Estado chileno asesinó y despojó de sus tierras ancestrales al pueblo mapuche”.
La diputada afirmó que frente al poco compromiso que han tenido los diversos gobiernos, “las comunidades han tenido que movilizarse y a ocupar sus tierras ancestrales. Por lo tanto, con este proyecto lo único que va a ocurrir, va a ser entregarle a aquellos que usurparon sus tierras, más leyes para que sigan reprimiendo a las comunidades y encarcelándolas”.
La diputada mapuche afirmó que las familias vulnerables que están en campamentos, “no todas se encuentran en el catastro nacional del Ministerio de Vivienda y, por tanto, todas serán perseguidas y será responsabilidad del Estado y de este parlamento, darles seguridad y viviendas digna”.
Asimismo, hizo un llamado a quienes están entusiasmados con la iniciativa “para responderle al gran empresariado terrateniente en el territorio Wallmapu y a las grandes inmobiliarias que tanto daño le han hecho a las viviendas con las especulaciones de sus altos precios. Lamentablemente, eso no lo hemos visto, no hemos sido capaces de legislar. Sin embargo, para reprimir, para generar mayor pobreza y mayores personas encarceladas por luchas por la dignidad, por la justicia de tener una casa digna y aquellos por recuperar lo que el mismo Estado, a través de las distintas leyes, les quitó”.
Por su parte, la diputada PC, Carolina Tello, indicó que “me parece extremadamente riesgoso para nuestra ciudadanía y la democracia, legislar iniciativas que pueden ir en la tendencia de hacer justicia por la propia mano, obviando en ciertos aspectos, el debido proceso”.
Tello agregó que este proyecto no se hace cargo del problema central. En ese sentido, indicó que los campamentos que actualmente existen en el país “no responden a tomas violentas, ni tampoco en muchas de las experiencias comparadas que buscan evitar una restitución. Queremos ser claras, debemos contar con una herramienta con una normativa efectiva que asegure la restitución, pero no de esta manera que además, busca trasladar materias que son de orden propiamente civil al ámbito penal, el cual bajo ningún punto de vista, asegura que lleguemos a un resultado satisfactorio y que resguarde y cautela derechos”.
Entre las indicaciones que fueron incoporadas en el proyecto y que fueron aprobadas por la Comisión de seguridad Ciudadana, se encuentra el procedimiento administrativo para realizar la solicitud de restitución anticipada al tribunal, para recuperar el bien raíz.
Además, existe la posibilidad de regularización de la pequeña propiedad raíz, siempre que se acredite que no existe juicio pendiente en su contra o sentencia condenatoria.
Asimismo, no podrá ser detenida una persona que habite un inmueble ocupado y que forme parte del registro nacional de campamentos del 2022.
Este miércoles la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados votará el proyecto de ley conocido como de Usurpaciones, que cuenta con el respaldo de toda la oposición y que generó discrepancias durante su discusión en la jornada de este martes.
La iniciativa, en segundo trámite constitucional, propone entre sus objetivos sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación, extendiendo el período de flagrancia tratándose de este delito, con lo que se facilitarían las detenciones ciudadanas, y la legítima defensa privilegiada.
La moción, surgida de senadores de derecha, ha sido rechazado en todas las instancias por el oficialismo, pero existe incertidumbre sobre su posible aprobación dada la postura de algunos legisladores no incluidos en la alianza opositora, como Miguel Ángel Calisto, Johana Pérez y Andrés Jouannet, quienes estarían inclinando la balanza en favor de la oposición. Además, se suma el democratacristiano, Eric Aedo, quien dijo que es “partidario de la legítima defensa privilegiada”.
Durante la discusión en la Sala, el diputado Andrés Longton hizo un llamado a aprobar el proyecto para terminar con la “angustia” de las personas cuando sus propiedades han sido usurpadas.
Indicó que esta es una norma importante porque “establece la fragancia permanente” para que los responsables puedan ser detenidos y “establece la legítima defensa privilegiada que no es distinto a lo que ocurre con el robo con violencia o intimidación, la posibilidad de defenderse, de que se presuma los elementos de la legítima defensa”.
En tanto, la diputada socialista, Emilia Nuyado, criticó la iniciativa porque “viene a responder al gran empresariado, con leyes que el Estado chileno asesinó y despojó de sus tierras ancestrales al pueblo mapuche”.
La diputada afirmó que frente al poco compromiso que han tenido los diversos gobiernos, “las comunidades han tenido que movilizarse y a ocupar sus tierras ancestrales. Por lo tanto, con este proyecto lo único que va a ocurrir, va a ser entregarle a aquellos que usurparon sus tierras, más leyes para que sigan reprimiendo a las comunidades y encarcelándolas”.
La diputada mapuche afirmó que las familias vulnerables que están en campamentos, “no todas se encuentran en el catastro nacional del Ministerio de Vivienda y, por tanto, todas serán perseguidas y será responsabilidad del Estado y de este parlamento, darles seguridad y viviendas digna”.
Asimismo, hizo un llamado a quienes están entusiasmados con la iniciativa “para responderle al gran empresariado terrateniente en el territorio Wallmapu y a las grandes inmobiliarias que tanto daño le han hecho a las viviendas con las especulaciones de sus altos precios. Lamentablemente, eso no lo hemos visto, no hemos sido capaces de legislar. Sin embargo, para reprimir, para generar mayor pobreza y mayores personas encarceladas por luchas por la dignidad, por la justicia de tener una casa digna y aquellos por recuperar lo que el mismo Estado, a través de las distintas leyes, les quitó”.
Por su parte, la diputada PC, Carolina Tello, indicó que “me parece extremadamente riesgoso para nuestra ciudadanía y la democracia, legislar iniciativas que pueden ir en la tendencia de hacer justicia por la propia mano, obviando en ciertos aspectos, el debido proceso”.
Tello agregó que este proyecto no se hace cargo del problema central. En ese sentido, indicó que los campamentos que actualmente existen en el país “no responden a tomas violentas, ni tampoco en muchas de las experiencias comparadas que buscan evitar una restitución. Queremos ser claras, debemos contar con una herramienta con una normativa efectiva que asegure la restitución, pero no de esta manera que además, busca trasladar materias que son de orden propiamente civil al ámbito penal, el cual bajo ningún punto de vista, asegura que lleguemos a un resultado satisfactorio y que resguarde y cautela derechos”.
Entre las indicaciones que fueron incoporadas en el proyecto y que fueron aprobadas por la Comisión de seguridad Ciudadana, se encuentra el procedimiento administrativo para realizar la solicitud de restitución anticipada al tribunal, para recuperar el bien raíz.
Además, existe la posibilidad de regularización de la pequeña propiedad raíz, siempre que se acredite que no existe juicio pendiente en su contra o sentencia condenatoria.
Asimismo, no podrá ser detenida una persona que habite un inmueble ocupado y que forme parte del registro nacional de campamentos del 2022.
Este miércoles la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados votará el proyecto de ley conocido como de Usurpaciones, que cuenta con el respaldo de toda la oposición y que generó discrepancias durante su discusión en la jornada de este martes.
La iniciativa, en segundo trámite constitucional, propone entre sus objetivos sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación, extendiendo el período de flagrancia tratándose de este delito, con lo que se facilitarían las detenciones ciudadanas, y la legítima defensa privilegiada.
La moción, surgida de senadores de derecha, ha sido rechazado en todas las instancias por el oficialismo, pero existe incertidumbre sobre su posible aprobación dada la postura de algunos legisladores no incluidos en la alianza opositora, como Miguel Ángel Calisto, Johana Pérez y Andrés Jouannet, quienes estarían inclinando la balanza en favor de la oposición. Además, se suma el democratacristiano, Eric Aedo, quien dijo que es “partidario de la legítima defensa privilegiada”.
Durante la discusión en la Sala, el diputado Andrés Longton hizo un llamado a aprobar el proyecto para terminar con la “angustia” de las personas cuando sus propiedades han sido usurpadas.
Indicó que esta es una norma importante porque “establece la fragancia permanente” para que los responsables puedan ser detenidos y “establece la legítima defensa privilegiada que no es distinto a lo que ocurre con el robo con violencia o intimidación, la posibilidad de defenderse, de que se presuma los elementos de la legítima defensa”.
En tanto, la diputada socialista, Emilia Nuyado, criticó la iniciativa porque “viene a responder al gran empresariado, con leyes que el Estado chileno asesinó y despojó de sus tierras ancestrales al pueblo mapuche”.
La diputada afirmó que frente al poco compromiso que han tenido los diversos gobiernos, “las comunidades han tenido que movilizarse y a ocupar sus tierras ancestrales. Por lo tanto, con este proyecto lo único que va a ocurrir, va a ser entregarle a aquellos que usurparon sus tierras, más leyes para que sigan reprimiendo a las comunidades y encarcelándolas”.
La diputada mapuche afirmó que las familias vulnerables que están en campamentos, “no todas se encuentran en el catastro nacional del Ministerio de Vivienda y, por tanto, todas serán perseguidas y será responsabilidad del Estado y de este parlamento, darles seguridad y viviendas digna”.
Asimismo, hizo un llamado a quienes están entusiasmados con la iniciativa “para responderle al gran empresariado terrateniente en el territorio Wallmapu y a las grandes inmobiliarias que tanto daño le han hecho a las viviendas con las especulaciones de sus altos precios. Lamentablemente, eso no lo hemos visto, no hemos sido capaces de legislar. Sin embargo, para reprimir, para generar mayor pobreza y mayores personas encarceladas por luchas por la dignidad, por la justicia de tener una casa digna y aquellos por recuperar lo que el mismo Estado, a través de las distintas leyes, les quitó”.
Por su parte, la diputada PC, Carolina Tello, indicó que “me parece extremadamente riesgoso para nuestra ciudadanía y la democracia, legislar iniciativas que pueden ir en la tendencia de hacer justicia por la propia mano, obviando en ciertos aspectos, el debido proceso”.
Tello agregó que este proyecto no se hace cargo del problema central. En ese sentido, indicó que los campamentos que actualmente existen en el país “no responden a tomas violentas, ni tampoco en muchas de las experiencias comparadas que buscan evitar una restitución. Queremos ser claras, debemos contar con una herramienta con una normativa efectiva que asegure la restitución, pero no de esta manera que además, busca trasladar materias que son de orden propiamente civil al ámbito penal, el cual bajo ningún punto de vista, asegura que lleguemos a un resultado satisfactorio y que resguarde y cautela derechos”.
Entre las indicaciones que fueron incoporadas en el proyecto y que fueron aprobadas por la Comisión de seguridad Ciudadana, se encuentra el procedimiento administrativo para realizar la solicitud de restitución anticipada al tribunal, para recuperar el bien raíz.
Además, existe la posibilidad de regularización de la pequeña propiedad raíz, siempre que se acredite que no existe juicio pendiente en su contra o sentencia condenatoria.
Asimismo, no podrá ser detenida una persona que habite un inmueble ocupado y que forme parte del registro nacional de campamentos del 2022.
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